Caracas. El empresario venezolano Guillermo Zuloaga, dueño del canal opositor Globovisión y acusado por el presidente Hugo Chávez de planificar su magnicidio, descartó esta afirmación y denunció que el sistema judicial local está al servicio del mandatario.

Chávez, quien considera a Globovisión una palestra en contra de su "revolución" socialista, ha amenazado en varias oportunidades con cerrar el pequeño canal propiedad de Zuloaga, quien se encuentra prófugo de la justicia después de que fuera acusado de usura, junto a su hijo.

"Presidente, yo no lo quiero muerto. Yo quiero que tenga mucha salud para verlo cuando le tenga que rendir cuentas a los venezolanos, y quizás más allá de nuestras fronteras, por su mala gestión de gobierno y por el destino que tuvo esa enorme fortuna que usted despilfarró", dijo Zuloaga en una alocución transmitida por su canal.

El mandatario izquierdista dijo el fin de semana que Zuloaga participaba de un plan para asesinarlo y que pagaría US$100 millones a quien lo hiciera, y solicitó a sus aliados tomar medidas en contra de Globovisión.

"Presidente, usted sabe que en Venezuela la justicia se ha convertido en un instrumento suyo, para perseguir y amedrentar a todos aquellos venezolanos que nos atrevemos, públicamente, a criticar su gestión de gobierno", agregó el empresario .

Críticos de Chávez dicen que el mandatario ahoga la libertad de expresión en el país sudamericano mientras dirige a la nación a un régimen comunista, pero sus seguidores defienden su gestión argumentando que está destinada a beneficiar a los más pobres.

Otro de los socios de Zuloaga en el canal, Nelson Mezerhane, también se encuentra prófugo de la justicia. El empresario alega que no recibirá un juicio justo en la causa que involucra al Banco Federal de su propiedad, que fue intervenido y liquidado por presuntas irregularidades.

Chávez advirtió que a raíz del cierre del Federal y la liquidación de sus empresas conexas y activos, accedería a 40% de las acciones del canal de línea dura y designaría un miembro en su junta directiva, algo que aún no ha hecho.

Zuloaga, al igual que Mezerhane, ha dicho que no volverá a enfrentar los cargos en su contra y elevó su caso a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington.