Joesley Batista señaló que dio dinero al asesor especial y ex diputado, Rodrigo Rocha Loures -parte del cual fue supuestamente destinado a Temer- a cambio de que el gobierno favoreciera los intereses de JBS.

Brasilia. El empresario brasileño Joesley Batista, de la multinacional cárnica JBS, confirmó este viernes a la Policía Federal los términos de su acuerdo de delación premiada con la Justicia, en la cual vinculó al presidente Michel Temer en prácticas de corrupción.

     Según informó la defensa del empresario, Batista "reforzó la verdad dicha en declaración por ocasión de la colaboración, apenas la verdad de los hechos, o sea, confirmó lo que ya fue dicho y probado".

     Batista señaló que dio dinero al asesor especial y ex diputado, Rodrigo Rocha Loures (parte del cual fue supuestamente destinado a Temer) a cambio de que el gobierno favoreciera los intereses de JBS, el grupo cárnico más importante del país.

     A partir de la declaración del empresario, la Policía filmó al ex diputado recibiendo una maleta con 500.000 reales (unos US$152.440) en un restaurante de Sao Paulo, presuntamente el pago del soborno.

     Joesley Batista también grabó una conversación con Temer la noche del 7 de marzo, en el Palacio de Jaburu, la residencia oficial, en la que dijo que compró el silencio del ex diputado Eduardo Cunha con pagos mensuales.

     De acuerdo con la interpretación de la Procuraduría General, en la conversación con Batista, Temer dio su "consentimiento" para que continuaran siendo realizados los pagos a Cunha, quien a su vez niega haberlos recibido.

     La grabación fue conocida el 17 de mayo, provocando la mayor crisis del gobierno Temer desde su asunción un año atrás, en reemplazo de la destituida Dilma Rousseff.

     A partir de la delación del empresario, Temer y Loures son investigados por asociación ilícita, obstrucción de la justicia y soborno.

     La expectativa es que la próxima semana el procurador general, Rodrigo Janot, presente una denuncia formal contra el presidente al Supremo Tribunal Federal (STF).

     Para ser aceptada, sin embargo, por la legislación brasileña, la denuncia precisa ser autorizada primero por la Cámara de Diputados.