El primer día de juzgamiento por la sublevación policial del 30 de septiembre (30-S) terminó este martes con la intervención de la Fiscalía, que defendió sus investigaciones, en el que se otorgó el derecho a la defensa y al debido proceso de los 47 implicados, entre ellos al general Florencio Ruiz, excomandante de la Policía.

La audiencia se instaló pasadas las 09:30, hora a la que fue convocada por la jueza 10º de Garantías Penales, Carmen Baño, y en medio de los gritos de los familiares de los acusados, que en un grupo de alrededor de 40 personas, defendían su inocencia.

La intervención del fiscal que investigó el caso, Jorge Cano, fue una respuesta a los cuestionamientos de los abogados de los implicados, quienes pidieron la nulidad de la causa bajo el argumento de que la Fiscalía violó el debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica de los acusados, durante las indagaciones del caso.

El pedido lo realizaron ayer, durante la audiencia de formulación de cargos y presentación de dictamen, dentro del proceso de rebelión que se inició tras la sublevación policial del pasado 30 de septiembre en el Regimiento Quito Nº 1.

Proceso nulo. Según los abogados de los policías implicados, el proceso es nulo por haberse iniciado bajo la figura de delito flagrante, pese a que los hechos se registraron el 30 de septiembre y el caso se inició el 7 de octubre del 2010, es decir una semana después de la revuelta policial.

Además, cuestionan la detención de los policías, sin orden de autoridad competente.

En el caso del general Ruiz, su defensa alegó falta de competencia del juez común para acusarlo, debido a que goza de fuero de Corte Provincial, por su condición de oficial de alto rango. Ruiz, según su defensa, ordenó investigar la revuelta policial en calidad de comandante de la Policía (encargado), hasta dos días después del 30-S.

En el caso de los acusados detenidos Pedro Pablo Angulo y Jimmy Camisán, sus abogados alegaron nulidad por discriminación, ya que solo a los dos no les aceptaron el pedido de sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar. Los restantes 45 procesados sí se beneficiaron con otra medida.

Al haber sido sobreseído del delito de rebelión, dentro del proceso que se sigue contra el mayor del Ejército Fidel Araujo, el caso adolece de nulidad para el acusado Geovanny Fuentes. Mantener el proceso por esa misma infracción, según la defensa de Fuentes, sería una violación legal.

Este es el quinto caso que se inició por la sublevación policial del 30-S y que según el gobierno constituyó un intento concertado de golpe de Estado y de magnicidio en contra del presidente Rafael Correa, pero es el primer proceso que involucra a un general de la República como Florencio Ruiz, excomandante de la Policía.

Acusados en caso de rebelión. Procesados:
Florencio Ruiz Prado, José Rivadeneira Rivadeneira, Pedro Pablo Angulo, Jimmy Comisán Eras, Geovanny Fuentes Flores, Luis Montecé Rizo, Paola Mafla Andrade, Cristian Arroyo Viveros, Santiago Santacruz Padilla, Juan Carlos Avilés Pastor, Arturo Monar Quisirrumba, Guillermo Reascos González, Edwin Escobar Chamba, Byron Narváez Folleco, Carlos Toaquiza Lema, Ángel Bustillos Mena, Dimas Pujos Agualongo, Milton Romero Cáceres, Lucía Ramírez Chamorro, Carlos Delgado Arce, Édison Zapata Oyola, Kléber Alván Mora, Marco Armendáriz Vázquez, Luis Congo Santacruz, Erick Games Caicedo, Denise Arrobo Duque, Édison Madril Carlosama, Darwin Gordón Simbaña, Manolo Mina Acosta, Jairo Cevallos Cabrera, Ángel Abril Martínez, Andrés Solano León, Edwin Tonato Tenorio, Jorge Cevallos Bastidas, Álex López Cañizares, Hugo Sánchez Armijos, Juan Suárez Cerón, Mesías de Jesús Ramón, José Andrés Rogel, Víctor Soto Chanatasig, Luis Beltrán Cervantes, Marco Zúñiga Jibaja, Fausto Iza Pallo, Marco Soria Moncayo, Carlos Fernández Figueroa, Walter Guamán Benalcázar y Mayra Verdezoto Coloma.