El embajador ecuatoriano en Bogotá envió una misiva recordando que las estadísticas que "demuestran" que el gobierno del presidente Correa "es quien más ha luchado por evitar que grupos irregulares, al margen de la Ley, se instalen en territorio ecuatoriano."

Un nuevo cruce de comunicados se dio este jueves entre el gobierno de Ecuador y el ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

Al conocer que al ex mandatario colombiano le "asaltaba temor" del presidente Rafael Correa en el operativo contra 'Raúl Reyes', el embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, señaló que en esa persecusión "hubo una invasión y bombardeo planificados" y no una persecusión en caliente.

En el mismo sentido, acusó a Uribe de "pretender que el presidente Correa aparezca como concesivo con las FARC".

Sin embargo, le recuerdan las estadísticas que "demuestran" que el gobierno del presidente Correa "es quien más ha luchado por evitar que grupos irregulares, al margen de la Ley, se instalen en territorio ecuatoriano".

Acerca de declaraciones del ex presidente Uribe. En referencia a las declaraciones del ex presidente Álvaro Uribe, emitidas el 10 de noviembre a través de redes sociales, el embajador de Ecuador en Colombia, Raúl Vallejo, señala lo siguiente:

Cuando se produjo el ataque de Angostura, que acabó con la vida de Raúl Reyes, el presidente Uribe llamó al presidente Correa y le dijo que el abatimiento del subversivo en territorio ecuatoriano se había dado como fruto de una persecución en caliente, lo que explicaba la violación de la soberanía nacional. Sin embargo, al poco tiempo se supo que hubo una invasión y bombardeo planificados, sin la participación del Ecuador en su propio territorio soberano, y tras ello Colombia tuvo que comparecer ante los organismos internacionales y ofrecer plenas disculpas por lo ocurrido, así como prometer que en el futuro no sucedería algo parecido.

Una vez revelada la violación a la soberanía ecuatoriana y el engaño, la estrategia del ex presidente Uribe fue pretender que el presidente Correa aparezca como concesivo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Sin embargo, esa estrategia cae por su propio peso pues las estadísticas demuestran que el gobierno del presidente Correa es quien más ha luchado por evitar que grupos irregulares, al margen de la Ley, se instalen en territorio ecuatoriano.

Así, entre 2001 y 2006 se desmantelaron 65 refugios ilegales, mientras que entre 2007 y 2010 se desmantelaron 377 en la frontera norte.

También, en el pasado mes de junio, alias Danilo, jefe del Frente 48 de las FARC, fue capturado en Ecuador y entregado a autoridades colombianas, lo que mereció el agradecimiento del presidente Juan Manuel Santos.

Actualmente, sobre la base del respeto mutuo, existe amplia cooperación en temas de seguridad entre Ecuador y Colombia, como se refleja en el Programa de Acción Binacional para fortalecer la Seguridad Fronteriza entre los ministerios de Defensa de Ecuador y Colombia, firmado en Puerto El Carmen, Putumayo, el 10 de junio de 2011.

Ecuador, un país históricamente pacífico y libre de cultivos de droga, destina más de 120 millones de dólares al cuidado de su frontera norte.

La Cancillería de Ecuador, desde 2003, cuando la doctora Nina Pacari era canciller, ha mantenido su independencia frente a la utilización de la nomenclatura promovida por Estados Unidos y la Unión Europea para denominar “terroristas” a la guerrilla y a los grupos paramilitares. Nuestra Cancillería considera que toda adjetivación en ese sentido impediría la actuación de nuestro país como facilitador en un acuerdo de paz, tarea que cumpliríamos a pedido únicamente del Gobierno colombiano. Cabe destacar que en Sudamérica solo Chile, además de la propia Colombia, han adoptado dicha nomenclatura para las FARC.

No obstante la no utilización de la mencionada nomenclatura, Ecuador define a las FARC, a los paramilitares y demás grupos violentos al margen de la Ley como grupos ilegítimos que cometen acciones criminales y que imponen un velo de violencia y acrecientan el conflicto sobre el pueblo de Colombia, y reconoce plenamente la legitimidad del Estado colombiano, que actúa con acciones ajustadas al derecho nacional e internacional.

Nuestro país anhela que se logre un cese inmediato de las acciones violentas, que se libere sin condiciones a todos los secuestrados y que se logre una salida preferiblemente pacífica al conflicto que Colombia afronta por décadas.