La posición de la mayoría de agrupaciones políticas de que no existe base jurídica para revocar las resoluciones con las que se las calificó y se las inscribió incomoda a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE). 

Los consejeros escucharon por casi siete horas, en el consejo consultivo de organizaciones políticas, las recomendaciones y reparos de los delegados de los grupos políticos, pero no les fue fácil incluirlas en un documento de recomendaciones que tenga la aceptación de todas las fuerzas políticas, incluida Alianza PAIS (AP).

En un borrador de resolución, expuesto pasadas las 17:00, se estableció que todas las tiendas políticas que ya están calificadas y en trámite de inscripción aceptan ir al proceso de verificación del 100% de las firmas, manteniendo su vida jurídica, siempre y cuando no haya una disposición de la Fiscalía que disponga lo contrario. Eso generó el rechazo generalizado tanto de las agrupaciones no oficialistas como de AP.

Los primeros insistieron en que no hay sustento jurídico para descalificar a partidos y movimientos que ya recibieron la aprobación del CNE; mientras que el oficialismo, a través del asambleísta Gabriel Rivera, cuestionó que se premie a quienes presentaron firmas falsas.

La reunión terminó a las 18:00 con doce recomendaciones. Entre ellas que se derogue la resolución del CNE del 5 de agosto (que prevé dejar sin efecto la habilitación de los grupos que no alcancen el 1,5% de firmas) y que se ratifique la “vigencia plena” de las organizaciones ya inscritas y en trámite.

Estos pedidos serán analizados, dijo el presidente del CNE Domingo Paredes en una rueda de prensa posterior de cuatro minutos, donde no admitió preguntas y solo afirmó que ya están en revisión el 100% de firmas de todos los grupos.

Durante la sesión fue poco clara la postura de Paredes, quien dijo que no está en juego la seguridad jurídica de las organizaciones y que una posible revocatoria se basa en supuestos a futuro.

Sin embargo, cuando el dirigente de CREO César Monge le pidió que se ratifique que la nueva verificación será parte de la investigación judicial y afectará al proceso electoral, Paredes no contestó. 

Ese ambiente marcó el consejo consultivo, que se inició pasadas de las 10:30, como parte de las acciones que desarrolla el organismo electoral dentro del caso de una supuesta y masiva falsificación de firmas.

Incluso la agenda planteada por el CNE de tratar primero los detalles de la nueva revisión de firmas se cambió por presión de los dirigentes políticos.

Para el Consejo, expresó su coordinador de Asesoría Jurídica, José Vásconez, los procesos de verificación de firmas tienen sustento jurídico al igual que una posible descalificación de partidos. 

El presidente del movimiento Concertación, Juan Carlos Solines, señaló que la justicia es la que debe definir sí existió vulneración de derechos o actividades dolosas en la recolección de firmas. Y que las investigaciones de la Fiscalía no tienen que afectar la participación de las agrupaciones en los comicios de febrero del 2013. 

María Paula Romo, de Ruptura de los 25, puntualizó que una vez que estas son calificadas no hay manera de revocar esta decisión, por lo que pidió a los consejeros pensar en las consecuencias que eso podría traer para el futuro. 

Para Fabricio Correa, de la agrupación Equipo, el CNE no debió impedir que los adherentes no permanentes puedan firmar para dos partidos. Insistió en que no se puede eliminar a los ya inscritos y en trámite. Y también reiteró que Alianza PAIS es el de más firmas dudosas, por lo que la Fiscalía debería iniciar las indagaciones en esa organización.