El Colegio de Abogados del Guayas denunció, mediante un comunicado, la separación "sin la más remota motivación" del juez de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial del Guayas, Eduardo Guerrero Mórtola, donde se lleva el caso de diario El Universo.

En esta sala corren los 10 días de plazo para convocar a audiencia de estrados en el marco de la segunda instancia del juicio que el presidente Rafael Correa planteó a El Universo, tres de sus directivos y el exeditor de Opinión, Emilio Palacio, por supuestas injurias en el artículo No a las mentiras.

"Coincidencialmente, esta separación se produce a pocos días de dictarse el fallo concerniente al caso El Universo, en el que la igualdad de armas y las normas elementales del debido proceso han sido soslayadas por el juez inferior", refiere el comunicado firmado por el vicepresidente del gremio, Juan Vizueta Ronquillo.

Mientras, el juez Guerrero Mórtola señaló que no ha sido notificado de su separación y que seguirá trabajando normalmente.

Para el Colegio de Abogados del Guayas, la Judicatura de transición se ha convertido en "una agencia de represalias políticas".

Agrega el comunicado que "hace pocos días resolvió dejar sin efecto los nombramientos de jueces de todos los vocales del Colegio de Abogados del Guayas que auspiciaron la expulsión del gremio de Fernando Yávar Umpiérrez (uno de los miembros del CJT) por no reunir los requisitos que exige la Constitución en el Artículo 180 numeral 3 para ser parte de este organismo".

Añade que Eduardo Guerrero Mortola también es dirigente del Colegio de Abogados del Guayas.

"El país debe saber que mientras todos los jueces temporales que tramitaron el caso El Universo siguen en sus puestos, únicamente se cesa en sus cargos judiciales obtenidos hace varios años por concurso público de méritos, a quienes censuramos las acciones dictatoriales de un gobierno que ha perdido la brújula y no entiende que democracia no significa tener más esbirros ni aduladores", refiere el escrito.

"En el caso El Universo se han violado todos los presupuestos nucleares del proceso garantista. Se aplica la más drástica sanción a ciudadanos que no tienen el más remoto antecedente penal, se pretende tasar en una cifra grosera la honra, supuestamente afectada de un funcionario público que se ha distinguido por etiquetar con epítetos de toda índole a todo aquel que ose criticar sus errores (...)", añade.