La revisión de las cuentas y patrimonio de los mandatarios y de sus colaboradores está fundamentada en las disposiciones de la ley que regula la presentación de las declaraciones patrimoniales, que deben entregarse obligatoriamente al inicio y al final de la gestión en un cargo público.
Además del presidente y del vicepresidente de la República, Rafael Correa y Lenin Moreno, en su orden, la Contraloría General del Estado examina las declaraciones patrimoniales juramentadas de todo el equipo de gobierno, con el objeto de verificar el buen uso de los recursos del Estado.
La revisión de las cuentas y patrimonio de los mandatarios y de sus colaboradores está fundamentada en las disposiciones de la ley que regula la presentación de las declaraciones patrimoniales, que deben entregarse obligatoriamente al inicio y al final de la gestión en un cargo público.
Dichas declaraciones, por mandato legal, serán comparadas por el juez de cuentas del Estado y, en el caso de encontrarse diferencias, se presumirá un incremento patrimonial no justificado, que deberá ser explicado por el acusado.
Si se confirman los indicios de responsabilidad penal luego de los exámenes especiales, el Contralor comunicará su resolución, junto con la evidencia de un presunto enriquecimiento ilícito, al ministerio Público, a fin de que inicie acciones penales en contra de los funcionarios señalados.
Según la ley, la falta de presentación de la declaración de bienes al final de una gestión hará presumir enriquecimiento ilícito.
El pedido para la revisión de cuentas de los mandatarios y de los funcionarios, entre los que están incluidos los secretarios de la Administración Pública y de Comunicación, Vinicio y Fernando Alvarado, fue solicitada por la Secretaria Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG).
Así lo dio a conocer el secretario de Transparencia, Edwin Jarrín, al comentar los parámetros de calificación que utiliza Transparencia Internacional (TI) para colocar a los países bajo el índice de percepción de la corrupción, así como sobre las declaraciones de Mónica Chuji, quien afirmó que existen nuevos ricos en el país.
Hace dos semanas, Chuji fue sentenciada a un año de prisión y al pago de US$100 mil como indemnización por el supuesto delito de injurias contra Vinicio Alvarado, de quien dijo que era uno de esos “nuevos ricos”.
En el informe de TI, el Ecuador aparece en el puesto 120 de 183 países consultados, con una puntuación de 2,7 sobre 10.
Con ello, la corrupción habría disminuido en 0,2 puntos durante el 2011.
La idea de la revisión de cuentas, según Jarrín, es crear una nueva cultura de gestión pública, enmarcada en la transparencia. Por tanto, dijo que para evitar comentarios sobre la existencia de corrupción, el organismo solicitó a la Contraloría revisar las cuentas de los funcionarios de alto rango.
Para el exintegrante de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC), Jorge Rodríguez, el mandatario Rafael Correa no ha cumplido con una de sus principales ofertas de campaña que fue la lucha contra la corrupción.
Al respecto, Jarrín sostiene que el sistema de compras públicas que implementó el Gobierno es la mejor arma de combate a la corrupción, aunque la clave estaría –según él– en la alianza ética entre lo público y privado para enfrentar a los actos reñidos con la ley y la impunidad.
Algunos funcionarios investigados por el Ente de Control:
- Edwin Jarrín: Secretario nacional de Transparencia de Gestión. El examen se practica por el periodo comprendido entre el 31 de enero del 2011 y el 30 de septiembre del 2011.
- Carlos Proaño Romero: Exgerente de la Refinería del Pacífico. Periodo: 2 de septiembre del 2009 y el 13 de julio del 2011.
- Ricardo Antón: Ex director de la Agencia Nacional de Tránsito. El periodo examinado está entre el 1 de enero del 2009 y el 30 de junio del 2011.
- Lorena Escudero: Ex secretaria del Migrante. Periodo que se examina: entre el 31 de agosto del 2007 y el 18 de julio del 2011.
- René Ramírez: Secretario de Planificación. Periodo: entre el 15 de diciembre del 2008 y el 30 de septiembre del 2011.
