Quito. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, decretó el lunes en emergencia a la función judicial, lo que le permitirá mover a jueces por todo el país y disponer de los recursos necesarios para facilitar el polémico proceso que lleva a cabo de reestructuración de las cortes.

La medida, que tendrá una vigencia de 60 días, fue necesaria tras la separación de cientos de jueces de sus cargos por varios motivos, entre los cuales figuran acusaciones de corrupción, con lo que dejó a muchos juzgados sin personal para avanzar en los procesos judiciales.

Se "declara el estado de excepción en la Función Judicial a fin de resolver la situación crítica por la que atraviesa y garantizar en debida forma el derecho a la justicia (...) y prevenir una inminente conmoción interna", según un decreto suscrito por Correa.

La emergencia también le permite al Gobierno movilizar los recursos necesarios para modernizar al sector. Las autoridades argumentan que requieren unos US$600 millones para aplicar los cambios.

El proceso de reestructuración de la justicia arrancó en julio con la designación de un ente temporal encargado de cambiar a los jueces, a los que Correa califica de "corruptos", y modernizar los sistemas de administración de justicia.

Correa aplicó el proceso de reformas judiciales tras ganar ampliamente en un referendo constitucional realizado en mayo, que le abrió las puertas también a cambios en varios sectores del país como el de los medios de comunicación.

El popular mandatario decretó una medida similar en el sector salud para la adquisición de equipos médicos y mejorar la infraestructura en hospitales públicos, a fin de desvirtuar duras críticas de la población por el mal servicio.

Los cambios en el sistema judicial también se aplicarán a la Corte Nacional de Justicia, el máximo órgano de administración, para lo que se abrió un concurso público.

En medio del proceso se han realizado varias denuncias de corrupción de funcionarios judiciales y se han agilizado polémicos juicios como el iniciado por el mandatario contra los directivos de un medio de comunicación.

La oposición asegura que con las reformas judiciales Correa busca ampliar su poder a la función judicial con el fin encubierto de aplicar sanciones a los principales críticos de su modelo socialista.

El sistema tiene pendiente por resolver unas 1,2 millones de juicios en todo el país sudamericano, cuya economía se sustenta en parte de las exportaciones petroleras.