El Ministerio divulgó el Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales que no incluyó ese delito, pero que al no ascender a proyecto nunca fue utilizado por el régimen. El texto fue socializado con algunos sectores en diciembre del 2009, cuando el ministro era Néstor Arbito.

Quito. El Ministerio de Justicia tuvo la intención de eliminar el desacato, es decir, el irrespeto u ofensa a las autoridades públicas, pero no lo concretó.

Algunos asambleístas de oposición aseguran que el Ejecutivo jamás ha presentado una propuesta de ley en ese sentido, desmintiendo así a las autoridades de gobierno y al presidente del Parlamento, Fernando Cordero (Alianza PAIS), quien la semana pasada señaló que el pleno aprobó aquello a través de otras reformas penales.

La cartera de Estado que ahora impulsa un proyecto de Código Penal Integral, que priva de su libertad a la persona que injurie o calumnie a las autoridades públicas (entre ellas el mandatario, lo cual se enmarca en el desacato), sugirió hace casi dos años al excluir la figura.

El asambleísta independiente Enrique Herrería recuerda que el Ministerio divulgó un anteproyecto que no incluyó ese delito, pero que al no ascender a proyecto nunca fue un planteamiento oficial del régimen.

El texto se llamó Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales y fue socializado con algunos sectores en diciembre del 2009, cuando el ministro era Néstor Arbito.

El documento no tipifica la injuria ni sanciona las ofensas contra una autoridad.

Y en su artículo 105 aborda la calumnia de la siguiente forma: “Será sancionada con pena restrictiva de libertad de hasta tres meses la persona que realice contra otra una imputación pública de un delito. La calumnia dejará de ser punible cuando fuere recíproca o cuando no existiere real malicia, o si la información material del delito se refiere a servidoras o servidores públicos en el ejercicio de su función, o a personas privadas que, por su profesión u oficio, tengan una exposición voluntaria social de relevancia”.

En cambio, el proyecto que llegó a la Asamblea el pasado 13 de octubre dispone en su artículo 121 la privación de la libertad de uno a tres años para quien dirija “a la autoridad” una imputación calumniosa, y de seis meses a dos años para quien dirija una injuria no calumniosa pero grave.

El asambleísta César Montúfar (CND) comenta que el Ministerio de Justicia difundió su anteproyecto en una “lujosa publicación”, pero que el Ejecutivo no la aceptó.

Y recuerda que al poco tiempo salieron de sus cargos dos de sus impulsores: el ministro Arbito y el entonces subsecretario de Desarrollo Normativo, Ramiro Ávila Santamaría.

Al igual que Herrería, remarca que el Ejecutivo no ha planteado ningún texto que despenalice el desacato.

El presidente del Legislativo, Fernando Cordero, aseguró el pasado jueves que tal figura fue eliminada cuando se aprobaron las reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal a inicios del 2010. Él ofreció cambiarla si llega a constar en el nuevo proyecto por ser, dijo, “anacrónica”.

El Parlamento introdujo en febrero del 2010 algunos cambios a esos dos códigos, pero ninguno sobre el desacato. Uno de los temas que centró el segundo debate que hubo en aquel entonces fue disminuir el valor de un objeto hurtado para que sea una contravención.

Por eso el asambleísta Herrería enfatiza que el presidente Fernando Cordero está mintiendo al alegar que dicha figura ya fue eliminada.