Que la administración de los medios de comunicación públicos debe liberarse de los poderes políticos para evitar convertirlos en gubernamentales fue el eje de un debate que organizó el Foro de Periodistas del Ecuador (FOPE) en el marco de la construcción del proyecto de Ley de Comunicación que se analiza en la Asamblea.

Participaron la asambleísta María Paula Romo (Ruptura de los 25); Ignacio López Vigil, de Radialistas Apasionados; Diego Cornejo, de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep); Rubén Darío Buitrón, editor de información de diario El Comercio; y Pilar Núñez, del Consejo Consultivo del canal EcuadorTV.

Ninguno de ellos se mostró conforme con la norma elaborada por el oficialista Mauro Andino, quien entregó el martes anterior el informe complementario al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), pues aseguran que no existió un debate previo.

Núñez dijo que luchará para que los medios comunitarios, y las iglesias (no solo la católica) participen de la concesión del 33% del espectro radioeléctrico que establece este cuerpo legal en su artículo 64.

Vigil va más allá y asegura que si bien se establece que el Estado reservará el 33% de ese espectro para dichos medios de las frecuencias disponibles, “la palabra disponible echa todo por tierra”.

Esto porque al incluirla no les asegura que el Estado entregará ese porcentaje, pues podría argumentarse que el espectro está copado.

Cornejo insistió en que deben introducirse artículos que despenalicen los delitos de opinión, de lo contrario “no se va a poder hacer periodismo”.

Romo planteó su preocupación por la regulación de contenidos, pues “si no especifica cuáles serán esas regulaciones podría en un futuro decirse, que no se puede ver películas como Pantaleón y las visitadoras o Amores perros, porque hay una pelea de perros, y eso es violencia para la naturaleza... Hay normas que parten de unos principios (...) pero planteados en una ley rayan en lo ridículo. Ninguna regulación debe ser sobre contenidos”, acotó.

A su criterio, si bien los dueños de los medios de comunicación deben liberarse de otros negocios, la misma norma debe extenderse a quienes ejercen de editores, gerentes o administradores de un medio público.

Anticipó que establecer criterios de registro de medios, como lo dicta el proyecto “sería una forma indirecta de evitar el funcionamiento de un medio de comunicación”.

Buitrón criticó duramente a Andino porque este se comprometió que previo a entregar el informe de la ley a la presidencia del Parlamento lo debatiría en seis ciudades, pero “nada de eso se hizo. Fue una ley que no se debatió, que no fue construida con las bases”.