Quito. La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, llamó este miércoles a consultas al representante permanente del país ante la Organización de Estados Americanos, el embajador José Valencia. Se informó que este mismo miércoles 7 de febrero regresa a Quito.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la convocatoria urgente se produce ante el “accionar incomprensible, poco ético y contrario a procedimientos legales” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) medidas provisionales en relación al referéndum y consulta popular celebrado este 4 de febrero de 2018 en Ecuador.

El 63,08% de los ecuatorianos que participaron en la consulta, respondieron afirmativamente la pregunta 3 que contempla enmendar la Constitución "para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos".

Ecuador defenderá ante la Corte IDH la plena legalidad y legitimidad del proceso de consulta al pueblo, expresó la funcionaria, al mismo tiempo que expresó el rechazo a la actuación desde la CIDH. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas provisionales para evitar la destitución de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), órgano de control de la gestión pública en Ecuador, cuya reestructuración avaló la ciudadanía en un referendo el domingo pasado.

La CIDH remitió este martes el pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos argumentando que reestructurar ese órgano puede "generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivo de los derechos humanos".

Los ecuatorianos aprobaron por 63% de los sufragios reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), lo cual supone la destitución de los actuales miembros y la creación de un consejo transitorio.