Quito. Según un informe difundido en la asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realiza en México, las amenazas contra la libertad de prensa en Ecuador se duplicaron después de los hechos sucedidos en 30 de septiembre cuando la policía inició una rebelión.

El reporte ecuatoriano presentado por el subdirector general de El Comercio, Marco Arauz, definió los hechos como una sublevación de parte de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

Respecto de los sucesos de ese día, criticó que el gobierno ordenara a los medios de radio y TV enlazarse en una única cadena oficial, incluso antes del estado de excepción, así que “los ciudadanos solo conocieron la versión del gobierno”, indicó.

Arauz dijo en su informe que “varios ciudadanos han sido detenidos ilegalmente por expresar desacuerdos con la tesis oficial del intento de golpe de Estado o por haber dicho que apoyaban a los policías”.

Ejemplificó ello en la detención del ex director del Hospital de la Policía, coronel César Carrión, informó El Comercio.

En el reporte también se expresó la inquietud de la prensa de que el gobierno acelere la aprobación del proyecto de ley de medios, cuyo trámite quedó en suspenso en la Asamblea.

Arauz explicó que “el canciller, Ricardo Patiño, ha dicho que el gobierno desgraciadamente no controla todos los medios, lo que hace suponer que podría acelerarse la aprobación del proyecto de la Ley de Comunicación”.

Respuesta presidencial. Por su parte, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, sostuvo que si la ONU quiere viajar al país a constatar los supuestos abusos a los derechos humanos cometidos con motivo de los hechos suscitados el 30 de septiembre, es bienvenida.

Afirmó que así podrán observar personalmente que a los medios de comunicación estarían omitiendo información, señaló la Agencia Andes.

“Se darán cuenta también que estos grupos acuden a las instituciones del estado solo cuando les conviene, caso contrario corren como vasallos a instancias internacionales, más que nada para hacer ruido y descalificar las acciones de la Fiscalía, Contraloría y jueces, mientras los tratados internacionales observan que deben agotarse las instancias internas”, enfatizó.