Los casos de fiscalización en la Asamblea parecen otra vez estar destinados al archivo en el nuevo periodo legislativo.

Pese a que este tema es parte de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), cuyo segundo debate sería la próxima semana, el oficialismo mantiene su estrategia de no dar paso a pedidos de interpelaciones, mientras que la oposición no renuncia a esta opción para intentar demostrar las supuestas irregularidades y hechos de corrupción cometidas por este gobierno.

Desde el 10 de agosto del 2011, en la Asamblea se presentaron cuatro pedidos de juicios políticos, de los cuales tres ya fueron desechados y en uno aún está pendiente la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El asambleísta César Rodríguez (antes de AP) presentó dos solicitudes. La una contra el presidente de la Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT), Paulo Rodríguez, por solicitar el presidente de la República, Rafael Correa, la declaratoria del estado de excepción en la Función Judicial.

Este caso, pese a que fue admitido por el CAL, no fue calificado por la Comisión de Fiscalización, porque según los integrantes oficialistas, esta medida no vulneró las atribuciones que tiene este funcionario, por lo que no se abrió el proceso de sustanciación de pruebas.

El segundo caso que presentó Rodríguez fue contra la ministra de Educación, Gloria Vidal, por incumplimiento de funciones. Este caso no fue admitido por el Consejo de la Legislatura porque a juicio del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero (AP), tampoco cumplió con los requisitos legales.

El oficialista Pedro de la Cruz añade que el argumento de que la ministra no remitió la información solicitada no es válido ni es causal de juicio, sino que debería ser llamada a la comisión correspondiente.

Vidal también es cuestionada por Jorge Escala (MPD), que le acusa de incumplir las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

No obstante, este proceso aún está pendiente en el CAL. En la última sesión, los integrantes de esta instancia legislativa, en especial los del oficialismo, advirtieron errores de “forma” en el pedido, por lo que no fue admitido. Se espera hacerlo la próxima semana.

En tanto, el legislador Galo Lara (PSP) insistió en su pedido de juicio político contra la ministra de Inclusión Económica y Social, Ximena Ponce, por un supuesto no pago de la cobertura del seguro de vida a ciudadanos que recibían el Bono de Desarrollo Humano.

De la Cruz precisa que este caso ya fue tratado y que es improcedente que otra vez este tema sea analizado por la comisión respectiva.

Hace algunos meses, Lara presentó un pedido de interpelación similar, que no fue ni calificado, ni archivado por la mesa de Fiscalización.

Desde el oficialismo se ha querido responsabilizar de este panorama a la oposición, que por su interés de tener protagonismo político y hacer daño al régimen, presenta estos casos sin tener los fundamentos legales correspondientes.

Hace unos días, la vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Marllely Vázconez (AP), señaló que cuando existan casos concretos de incumplimientos de funciones, está bien traer a los secretarios de Estado. Pero que en la mayoría de casos presentados lo único que se buscó fue hacerle daño el régimen, por caprichos de algunos asambleístas.

Cordero también justificó en muchas ocasiones los archivos a la poca seriedad en la presentación de acusaciones, sin los respectivos fundamentos.

Asegura, por ejemplo, que existen más de 6.000 pedidos de información hechos por legisladores a los funcionarios y que hasta ahora nadie sabe qué uso se le ha dado a dicha documentación.

De la Cruz, en tanto, señala que la muestra más evidente que Alianza PAIS no quiere evadir la fiscalización es que existe la posibilidad de apoyar las reformas a la Ley de la Función Legislativa que plantean que las solicitudes de juicios las resuelva el pleno, pese a que eso podría producir una “cascada” de interpelaciones.

La oposición insiste, en cambio, en que el Ejecutivo quiere ponerse una coraza para evitar la fiscalización.

Enrique Herrería (antes de MG) puntualiza que el actual Gobierno busca garantizar la impunidad respecto a los actos irregulares cometidos por los funcionarios. “Aquí, en la Comisión de Fiscalización, por más pruebas que se presenten de los actos inmorales de ministros terminan siendo archivados”, refiere el legislador.

Herrería sostiene que ese escenario se replica en otros órganos de control, como la Fiscalía y la Contraloría.

Para Fausto Cobo (PSP) este panorama cambiará. Advierte que el oficialismo no va a permitir de ninguna forma que un caso de corrupción aparezca cuando ya se acerca el periodo electoral y preelectoral.

Asegura que en el anterior periodo legislativo, al menos se permitían que los casos vayan a la Comisión, ahora “ni siquiera eso dejan”.