Quito. El 30 de septiembre del 2010, también conocido como 30-S, es un mal recuerdo que ahora genera opiniones divididas en las filas de la Policía Nacional (PN).

Mientras las sanciones administrativas siguen su trámite interno, hay quienes se ven alentados por el alza de sueldos, vivienda fiscal y traslados a sus lugares de origen, y también hay quienes, ya sin mayor entusiasmo, le ponen reparos y se resisten a los cambios propuestos por el gobierno.

Según las cifras de la Comandancia, en los ocho meses que han pasado desde la sublevación, se han sancionado a 907 uniformados: 50 oficiales superiores, 56 oficiales subalternos y 801 clases y policías.

La mayor preocupación recae sobre los 175 casos de “mala conducta profesional”. En caso de probarse la falta, la sanción será la separación de la Policía, lo que intranquiliza a la tropa, según abogados que se encargan de su defensa. Solo el pasado 26 de mayo se registraron 16 bajas derivadas de la insubordinación.

El jefe de Estado Mayor de la PN, general Wilson Alulema, explica que la demora en estos procesos se debe a los pedidos de reconsideración ante cada resolución. Esto, dice el oficial, está mal reglamentado, pues dilata los tiempos de temas disciplinario-administrativos. Además, los policías sancionados podrían apelar o plantear acciones de protección.

Desde el 30-S, pese a los discursos, la relación entre la Policía y el poder político no logra consolidarse.

Oficiales consultados reconocen que si bien el ministerio del Interior tiene la facultad legal de dirigir a la institución, debe hacerlo con base al diálogo. Lamentan la designación de Alfredo Vera como ministro del Interior, pues mientras ejerció ese cargo tuvo varios impasses con los oficiales.

“Nuestra formación nos da para respetar al jerárquico superior, pero también para rechazar imposiciones. Que un ministro (Vera) no deje contestar a un general en una rueda de prensa no se da todos los días. Eso causa reparos”, dijo un alto oficial, quien pidió la reserva.

Tras el 30-S, a los uniformados no les sorprendió la reestructuración, pero sí les llamó la atención las formas verticales del gobierno para aplicar los cambios.

Por ejemplo, la emisión del decreto 632, que le quitó autonomía a la PN y le dio más atribuciones al ministerio del Interior. Los jefes policiales se asombraron por la rapidez en la emisión de un decreto que aún no había sido socializado.

El mismo desconcierto provocó el anuncio de la creación de las direcciones de Policía, a cargo de personal uniformado; y la de Investigaciones, dirigida por un civil.

Las filas policiales están convencidas de que esto responde a la sublevación del 30-S.

“Esperamos que el nuevo ministro del Interior (José Serrano) adopte una política de diálogo. A ratos el trato impositivo suena más a represalia por el 30 de septiembre que a reorganización”, mencionó esta semana un agente de la PJ, luego de quejarse por la prueba del polígrafo.

Pero según el ministro José Serrano este es el primer paso en la reestructuración policial con el fin de dar “la vuelta a la página... sobre los hechos del 30 de septiembre”.

Otro motivo de malestar entre oficiales fue la detención del coronel César Carrión, exdirector del Hospital de la Policía, aunque su liberación redujo la inconformidad...

Alulema asegura que la institución está superando de a poco las consecuencias del 30-S y reconoce que cambios, como el planteado en el Decreto 632, pudieron tener resistencias.

Para él, la jerarquía del Estado debe primar. “El policía no es dueño de su institución..., está para cumplir un mandato de la ciudadanía”. En ese contexto, dice, debe entenderse que la Policía no puede ser autónoma y que hay autoridades de gobierno que tienen la potestad para emitir las políticas.