Organizaciones afines al gobierno de Rafael Correa denunciaron una supuesta infracción electoral a raíz de una editorial sobre la consulta popular convocada por el gobierno el 7 de mayo pasado.

La presidenta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador, Ximena Endara, suspendió la audiencia de prueba y juzgamiento contra Editores Nacionales S.A. Ensa, revista Vistazo, para el próximo 31 de octubre.

La denuncia de una supuesta infracción electoral por la publicación de un editorial sobre la consulta popular convocada por el gobierno el 7 de mayo pasado, fue presentada hace tres meses por la Cámara Bolivariana de Economía Solidaria, la Asociación Sumak Tarpuy Ayllukunapak, la Confederación de Afiliados al Seguro Social Campesino, el colectivo Diabluma y la Corporación Nukanchi Allpa.

Estas organizaciones afines al gobierno, exigen que sancione a Vistazo con US$100.000, la máxima multa que contempla el Código de la Democracia contra los medios.

Ellas aseguran que el editorial ‘Un NO rotundo’ fue publicado por Vistazo el 6 de mayo, un día antes de los comicios, cuando regía el silencio electoral.

Ayer a la audiencia de prueba y juzgamiento acudieron los representantes legales de la revista, Xavier Alvarado y Rodrigo Bustamante, quienes a través de sus abogados solicitaron que se deseche la demanda por “infundada e ilegítima”.

El abogado de Vistazo, Rafael Oyarte, aseguró que no existe prueba legal para sancionar al medio porque la revista circuló el 3 y 4 de mayo, cuando aún no regía el silencio electoral y no el 6, como aseguran las organizaciones sociales en la demanda.

Añadió que los editoriales en los medios no son propaganda y que bajo ningún concepto tienen la finalidad de transformar las ideas de sus lectores. “Vistazo nunca dice (en el editorial) vota No. Vistazo se pronuncia por el No y todos tenemos la libertad absoluta de expresar nuestras opiniones”, expresó.

En ese contexto, Oyarte denunció que el diario oficialista El Telégrafo publicó el 6 de mayo un editorial denominado ‘Mi voto, mi justificación. Sí a la Patria’, en donde el medio hizo oficial su posición favorable a la propuesta gubernamental. “Si vamos a comenzar a decir que cualquier artículo de opinión implica propaganda, entonces comencemos por casa”, dijo.

Por su parte, el abogado de las organizaciones sociales, Pablo Baca, calificó como “argumento deleznable” que se considere el editorial como opinión. Señaló que la revista adjuntó al editorial una papeleta con las preguntas de la consulta y referéndum, marcadas con el No en 4 de las 10 preguntas. No especificó en cuáles.

“Nuestra evaluación (de la audiencia) es favorable. Creemos que la revista va a ser sancionada y no tendríamos nada más que esperar de la resolución del 31 de octubre”.

Estas declaraciones las formularon los abogados de los demandantes y demandados fuera del auditorio del TCE, pues al inicio de la audiencia la jueza Endara prohibió a los periodistas grabar las intervenciones.

La jueza justificó ayer la suspensión de la audiencia de prueba y juzgamiento porque las partes presentaron nuevas pruebas de cargo y descargo para el proceso.