Este lunes se cumple un año del triunfo de la propuesta de referéndum y consulta popular planteada por el Gobierno, que se enmarca en un ejercicio de democracia participativa, de la cual forma parte la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (en 2007) y la aprobación inédita de la Constitución en las urnas (2008).

Cabe recordar que el proceso electoral se desarrolló el domingo 7 de mayo de 2011, pese a los intentos de medios y oposición para echar abajo la iniciativa gubernamental, antes y durante el periodo de socialización de la misma.

El 12 de julio de 2011, dos meses y cinco días después de que los ecuatorianos aprobaron un referendo y consulta popular, el Consejo Nacional Electoral (CNE) pudo proclamar los resultados oficiales. El retraso se debió a la serie de recursos legales interpuestos por políticos de oposición.

De 11’158 376 ecuatorianos convocados a las urnas, 8’634 376 sufragaron, una alta participación en comparación con procesos electorales anteriores. La propuesta oficial obtuvo el apoyo en las diez preguntas planteadas, con ligeras variaciones en la pregunta número ocho (sobre la prohibición de matar animales en espectáculos públicos) que era de ámbito cantonal.

A partir de la proclamación de los resultados y de su publicación en el Registro Oficial, se empezaron a ejecutar los cambios propuestos por el Ejecutivo. Una de las primeras acciones fue disolver el antiguo Consejo de la Judicatura.

Cambios en la justicia. Uno de los cambios más visibles luego del referéndum está en el sistema judicial. De los 18 meses de plazo para llevar adelante la transformación han transcurrido diez y se han realizado importantes transformaciones.

En la Asamblea Legislativa, la Ley Derogatoria para el funcionamiento de casinos y salas de juego se encuentra lista para segundo debate. “Terminaremos el tema en unos 15 días”, aseguró el legislador Rolando Panchana (Alianza PAIS).

La construcción de nuevas judicaturas en las 24 provincias, el desarrollo de la plataforma digital 2.0, con la cual se avanza a procesos cero papeles, el inventario de causas represadas durante años y su despacho están entre los principales cambios realizados por el Consejo de la Judicatura de Transición. Paulo Rodríguez, presidente del Consejo de la Judicatura de Transición, informó que el proceso de transformación registra un avance del 45%.

En obra civil están en construcción 37 obras nuevas y algunas de ellas estarán listas entre mayo y junio, anunció Rodríguez. Puso énfasis en los procesos de selección, designación y posesión de 21 jueces, y 21 conjueces de la Corte Nacional de Justicia; 101 jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y en el concurso de méritos y oposición para 313 jueces en varias materias. Además, destacó la evaluación a los servidores judiciales tal como lo mandó la ciudadanía. Hasta el momento, más de 800 no pasaron la evaluación, señaló.

Además, en cinco años (2006 y mayo 2011) se tramitaron 1'520.079 causas y en menos de 10 meses del período de transición logramos sacar 1'817.919. Eso significa que antes se evacuaban 23.386 causas cada mes frente a 181.787 que hoy se despachan.

Romelio Guamán, presidente de la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro, sostuvo que sí se notan cambios parciales en el sector de la Justicia, pero indica que hay que tener paciencia para observar cuando culmine el proceso de restructuración.

Destacó que la decisión del presidente Rafael Correa de involucrar a los ciudadanos en la consulta permitió lograr la despolitización de instituciones estatales como el de la Justicia.

Prohibición de los juegos de azar. En materia de la pregunta 7, que planteaba “¿está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?”, este año ha tenido singulares avances.

Los casinos formales que funcionaron en el Ecuador hasta el 15 de marzo pasado pagaron liquidaciones por alrededor de USD 13 millones, a 3 500 trabajadores.

El Gobierno ha destinado $ 800.000 para la capacitación, impulso y financiamiento de proyectos productivos de los extrabajadores de casinos en todo el Ecuador. En su momento, la ministra de Industrias, Verónica Sión, lamentó que no todos los trabajadores de casinos hayan asistido a la capacitación ofrecida por el gobierno ecuatoriano.

En la Asamblea Legislativa, la Ley Derogatoria para el funcionamiento de casinos y salas de juego se encuentra lista para segundo debate. “Terminaremos el tema en unos 15 días”, aseguró el legislador Rolando Panchana (Alianza PAIS).

Penalización por no afiliación al Seguro Social. La consulta popular también indica que se debería seguir un juicio penal a quien no afilie al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a un trabajador, pero esto aún no está regulado, indicó Oscar Calero, abogado en Derecho Laboral. “Hay la norma legal pero no su aplicación. Se debe establecer qué tipo de juicio es éste y cuál es la sanción”.

Para esto, la Asamblea Nacional debe elaborar la normal legal y adjuntar al Código Penal un capítulo que determine las sanciones por no afiliar al IESS, explicó el abogado.

También, Agustín Ortiz, director provincial del IESS, señaló que la entidad espera que el organismo legisle y defina la penalización de la no afiliación. “Se habla que sea de uno a tres años de prisión”.

Antes del 7 de mayo en la provincia del Guayas existían cerca de 560.000 afiliados y ahora son aproximadamente 700.000. El sector que tiene mayor nivel de informalidad es el agrícola. Tanto el IESS como el Ministerio de Trabajo hacen inspecciones, pero “solo pueden poner multas a los patronos que no afilian a sus empleados, pero no pueden hacer juicios penales”, sostuvo Ortiz.

Prohibición de matar animales en espectáculos públicos. La pregunta 8 tenía carácter de aplicación cantonal. Indagaba si la persona estaba o no de acuerdo con la prohibición de espectáculos “que tengan como finalidad dar muerte al animal”. Sin embargo, en diciembre se llevó a cabo la feria taurina “Jesús del Gran Poder” en Quito, donde la iniciativa que proscribía estos espectáculos fue aprobada por 674.000 personas, que representaron el 50,85% de los electores, frente a 564.300 votos negativos, que significaron el 42,57%.

Para Felipe Ogaz, de la organización política Diabluma, esto sucedió porque el Consejo del Cabildo “traicionó el mandato”. Para el dirigente de una de las organizaciones que propuso el tema en el referendo, la empresa Citotusa, que organiza la tauromaquia en las fiestas de la ciudad, ejerció una influencia evidente en la instancia legislativa del distrito metropolitano que motivó el voto negativo de los concejales.

En la actualidad, Diabluma trabaja en acciones legales como una Iniciativa Popular Normativa, para lo cual debe reunir al menos 4.283 firmas de electores y proponer de manera obligatoria la derogatoria de la Ordenanza Taurina 127, que rige en la ciudad.

Han interpuesto, de igual manera, un recurso de protección, que delata la acción de incumplimiento del mandato popular. Este documento reposa en la Corte provincial de Pichincha. También han puesto una queja en la Defensoría del Pueblo, denunciando la desobediencia del cabildo a la voluntad de los electores.

Deudas del Legislativo. Las propuestas aprobadas en las urnas adquirieron el carácter de mandato constitucional por lo que la Asamblea Nacional debía empezar el trámite inmediato de las leyes derivadas del referendo. Entre ellas están la redacción de una ley de comunicación con un consejo de regulación que norme los contenidos explícitamente sexuales y violentos difundidos en los medios de comunicación. Además, las reformas al Código Penal para sancionar el enriquecimiento privado no justificado y la no afiliación a la seguridad social.

De lo anterior, ha habido avances parciales. Rolando Panchana, legislador del oficialista movimiento Alianza PAIS, reconoció que “todavía estamos en deuda”.

“En todo se ha avanzado a buen ritmo, salvo la ley de Comunicación, precisamente por la resistencia que tiene entre los poderes facticos, que pretendieron archivarla, cuando había un pronunciamiento claro del pueblo en la consulta popular”.

Pese a todos los intentos por dilatar la votación final del proyecto, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó, el pasado 11 de abril, una moción del parlamentario Tomás Zevallos para votar el cuerpo legal artículo por artículo.

Romelio Guamán, presidente de la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro, opinó que es necesaria la regulación de los medios y recuerda que en la década del noventa, la prensa pretendió invisibilizar las movilizaciones indígenas.

En lo referente la pregunta tres, sobre la prohibición para que los banqueros y dueños de medios tengan participación accionaria fuera de su ámbito de actividades, Panchana explicó que la Ley del Control del Poder de Mercado (Ley Antimonopolio) incluye la regulación a ese tema. Además, la Junta Bancaria y el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) “están dando pasos en torno a eso”.