El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, propuso crear una corte internacional para sancionar los atentados contra la naturaleza. ¿Es viable la iniciativa?

“Tomemos el reciente y dramático ejemplo brasileño: si tu Estado no te protege ante los derrames de una transnacional –porque no existe la figura, o porque los tribunales no son independientes- las comunidades afectadas podrían recurrir directamente a esa Corte Internacional de Justicia Ambiental demandando a la empresa y subsidiariamente al Estado”, así lo explica a DW Juan Hernández, profesor de Derecho de Empresa en la Universidad del País Vasco.

Esa Corte, así la propuesta de Rafael Correa representando a la CELAC en la COP21 de París, debería sancionar los atentados contra los derechos de la naturaleza y establecer las obligaciones en cuanto a deuda ecológica y consumo de bienes ambientales. ¿Es sólo una idea descabellada?

"Sería rupturista”, responde Hernández, . “y es difícil porque se tendría que fusionar mucho de lo que hay. Y habría que hacer una escala entre el poder judicial de los Estados y las instancias regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sigue Hernández.

Cortes y tratados existentes. “El elemento sustancial es la necesidad de una instancia que permita directamente a la gente demandar por crímenes internacionales de peso. Por lo pronto existen dos. La Corte Penal Internacional a la cual las víctimas no tienen acceso directo; todo pasa a través de un fiscal; depende del Consejo de Naciones Unidas y con ello de una relación de fuerzas políticas internacionales. Por otro lado, está Tribunal Internacional de La Haya que dirime en conflictos entre Estados. En el medio hay un vacío jurídico que es tierra de nadie”. Alterar los estatutos de estas instancias, se ve sumamente difícil, agrega el experto.

Por otro lado, para poder proteger determinados bienes, estos tienen que estar reconocidos en algún texto internacional. Es decir, a la creación de un tribunal debería anteceder el reconocimiento internacional de los derechos de la naturaleza. Como tal hasta el momento éstos sólo constan en las constituciones de Ecuador y Bolivia.

“Dentro de la Carta Internacional de Derechos Humanos, de 1948, se podría interpretar –dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- que en los tiempos que corren el tener una naturaleza protegida forma parte del núcleo de la dignidad humana”, sigue Hernández. Junto con la protección de la naturaleza también faltan los derechos sexuales y reproductivos de la mujeres, el derecho a la paz, el derecho de solidaridad. “En principio, deberían tener la aceptación de la comunidad internacional”, dice Hernández.

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Para sancionar se necesita el crimen. La propuesta del presidente Correa habla también de sancionar los atentados contra la naturaleza. ¿Cuál sería el crimen? De introducir la figura del `ecocidio´ entre los crímenes que juzga la Corte Penal Internacional hablan ciertos movimientos.

Efectivamente, los crímenes internacionales que existen en este momento –el de lesa humanidad, el genocidio, la tortura- son tipificaciones insuficientes para un ejercicio económico tan agresivo. Somos cada vez los que planteamos si especular con los alimentos o el trabajo esclavo o la destrucción de entornos naturales que pueden llevar al aumento de las temperaturas y a la muerte de miles de personas deben entrar en un nuevo registro de crimen internacional”, explica Hernández.

Es decir, para llegar a esa Corte hay que cambiar tratados internacionales o crear uno específico para la naturaleza en el marco de la ONU. ¿Es factible? “Habría que esperar si asume el reto. Sigo manteniendo un enorme escepticismo. Lo que se están planteando en París son soluciones parche”, dice a DW Alberto Acosta, economista especializado en energía y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Según Acosta –presidente de la asamblea que introdujo en la constitución de Ecuador los derechos de la naturaleza- la idea planteada por el presidente Correa es una realidad desde hace tres años, en una iniciativa ciudadana internacional que convoca a un Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza.

Basándose en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra (Cochabamba, 2012) –que reconoce a la Tierra como un sistema viviente con derechos- este tribunal condena, por ejemplo, explotaciones petroleras, extractivas o agroindustriales “ecocidas”.

“No hay que olvidar que estas ideas que pueden resultar ingenuas en un momento dado son las que abren el camino para las grandes transformaciones. Cada ampliación de derechos ha sido el fruto de una lucha”, contradice Acosta recordando que el precedente que sentó el Tribunal Russell llevó años después a la creación de la Corte Penal Internacional.

Como fuere –la alteración de lo existente o la creación de una instancia supranacional nueva- se hace cuesta arriba. Pero “ni es imposible ni es tan loco. Los tribunales internacionales existen: arbitran sobre el comercio, por encima de todos los Estados. Sus sentencias son ejecutivas. Si no hay una corte que internacionalmente proteja los derechos humanos y los de la naturaleza es porque no se quiere”, concluye Hernández. “Pero el planeta no aguanta más”, advierte Correa.