Washington. La Casa Blanca anunció el cierre de la sede de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington y amenazó con sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) si investiga a EE.UU. o Israel.

"Un funcionario estadounidense nos ha informado de su decisión de cerrar la misión palestina en Estados Unidos", dijo Saeb Erekat, miembro del comité ejecutivo de la OLP. "Esta es otra confirmación de la política de la Administración del presidente Donald Trump de castigar colectivamente al pueblo palestino, incluyendo el recorte de ayuda financiera para servicios palestinos como la salud y la educación", criticó Erekat.

El Gobierno estadounidense confirmó la información. "La Administración ha determinado que tras una revisión cuidadosa la Delegación General de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington debería cerrar", afirmó Heather Nauert, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., en un comunicado. Nauert justificó la decisión al asegurar que la OLP no ha adoptado medidas "para avanzar en el comienzo de negociaciones directas y significativas con Israel". 

Condena palestina. Por su parte, el representante de la OLP ante Washington, Husam Zomlot, que se encuentra en Ramala desde que fue llamado a consultas en mayo, condenó el cierre de su oficina en EE.UU., que calificó como "una guerra no solo contra los palestinos, sino contra todos los valores, los sistemas y el sentido común", así como contra la capacidad estadounidense de "gobernar, litigar y mediar con asuntos internacionales".

Para el diplomático palestino, Husam Zomlot, se trata de "un signo de la guerra israelí contra nuestra presencia diplomática, sino también un reflejo de su preocupación por el cambio evidente de la opinión pública americana" a favor de las posiciones palestinas.

Zomlot atribuyó la decisión estadounidense al hecho de que los palestinos hayan decidido acudir a la Corte Penal Internacional (CPI, en la Haya) para denunciar supuestas violaciones de derechos por parte de Israel, y lo consideró "una escalada temeraria por parte de esa Administración y la confirmación de dos cosas".

En primer lugar, "la implementación y adopción de la lista de deseos del Gobierno israelí que comenzó en noviembre con la de 'lista de la compra' de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu y el cierre (temporal) de la oficina de la OLP".

La segunda, es que la Administración del presidente Donald Trump, aseguró, está decidida a "proteger los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que Israel está cometiendo en los territorios palestinos ocupados, y desmantelar el sistema de derecho internacional y los mecanismos del derecho internacional".

"Cuando Trump o los americanos cambien de opinión". Para el diplomático palestino, se trata de "un signo de la guerra israelí contra nuestra presencia diplomática, sino también un reflejo de su preocupación por el cambio evidente de la opinión pública americana" a favor de las posiciones palestinas, aseguró.

La decisión estadounidense supone a su entender un reflejo de la preocupación israelí, y el "miedo" a ley internacional y sus mecanismos, "especialmente la CPI" en vistas de la referencia oficial del Estado de Palestina a la Corte Penal Internacional sobre supuestos crímenes de guerra israelíes.

Zumlot acusó a la Casa Blanca de tratar de "intimidar" y aseguró que la decisión norteamericana no echará para atrás las decisiones palestinas. "Si esta decisión significa algo, es que usaremos toda nuestra fuerza con todos nuestros amigos para animar y presionar a la corte a que tome su responsabilidad y acelere el proceso de llevar a Israel a la corte y empezar el proceso legal", indicó, al asegurar que ya han presentado ante el tribunal "todas las evidencias de los crímenes de guerra israelíes".

No obstante, Nabil Shaat, el consejero de Asuntos Exteriores del presidente palestino, Mahmud Abás, consideró que los palestinos "no pueden abandonar sus relaciones históricas con EE.UU." y aseguró que volverán "cuando Trump o los americanos cambien de opinión".

EE.UU. amenaza a la CPI. Estados Unidos había amenazado el año pasado con cerrar la oficina de la OLP en represalia por la decisión palestina de demandar a Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI, en La Haya) por la construcción y expansión de asentamientos judíos en Cisjordania y Jerusalén. Y, de hecho, John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este mismo lunes (10.09.2018) con sancionar a la CPI  si decide investigar a Estados Unidos o Israel, e incluso con tomar medidas en la ONU para restringir los poderes de ese tribunal.

"Si la corte va a por nosotros, a por Israel u otros aliados, no nos quedaremos callados", dijo Bolton en su primer discurso formal desde que llegó al cargo en abril. "Prohibiremos la entrada de sus jueces y fiscales en Estados Unidos. Sancionaremos sus fondos en el sistema financiero de EE. UU., y les procesaremos en el sistema criminal estadounidense. Haremos lo mismo con cualquier compañía o Estado que coopere en una investigación de la CPI contra estadounidenses", añadió. 

La relación entre los palestinos y Estados Unidos se quebró cuando Trump reconoció Jerusalén como capital de Israel y trasladó su embajada de Tel Aviv a esta ciudad, cuya parte oriental reclaman los palestinos como capital de un futuro Estado independiente.

Después, Estados Unidos suspendió la ayuda para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWH, según sus siglas en inglés). Los líderes palestinos han dejado claro que ya no consideran a Estados Unidos como un mediador neutral en el conflicto con Israel.