Bogotá. Estados Unidos mantendrá los programas de asistencia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo con Colombia, pese a un fallo de un tribunal que dejó sin vigencia un acuerdo de cooperación militar, anunció el nuevo embajador de Washington en el país sudamericano.

Estados Unidos es el principal aliado de Bogotá en la lucha contra el tráfico de drogas y los grupos armados ilegales considerados como terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La Corte Constitucional de Colombia suspendió en agosto la vigencia de un acuerdo militar con Estados Unidos y lo devolvió al presidente para que tramite su aprobación a través del Congreso.

"Trabajaremos con el presidente (Juan Manuel) Santos sobre la mejor forma de seguir trabajando los temas que son implicados en el acuerdo", dijo el embajador estadounidense Peter Michael McKinley después de que presentó sus credenciales ante el mandatario colombiano.

"El hecho es que nuestra cooperación y asistencia seguirán fuertes como en años pasados y seguiremos trabajando en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo", agregó.

La Corte Constitucional de Colombia suspendió en agosto la vigencia de un acuerdo militar con Estados Unidos y lo devolvió al presidente para que tramite su aprobación a través del Congreso.

Bogotá y Washington firmaron a finales de octubre del 2009 un polémico acuerdo que permitía por 10 años el acceso a militares estadounidenses a siete bases colombianas para realizar operaciones contra el narcotráfico y el terrorismo y que enfureció a varios gobiernos de izquierda de la región.

Estados Unidos ha entregado a Bogotá más de US$6.000 millones  desde el 2000.

La corte estimó que el tratado debió tramitarse a través del Congreso y no firmarse directamente entre los dos gobiernos.

Santos tiene un amplio y sólido respaldo en el Congreso en donde podría conseguir la aprobación del tratado, que sin embargo deberá ser sometido posteriormente a un control de legalidad por parte de la Corte Constitucional.

Los acuerdos vigentes establecen que 800 militares y 600 contratistas de Estados Unidos pueden permanecer en Colombia para apoyar operaciones contra el narcotráfico y la guerrilla izquierdista.

La firma del acuerdo que quedó sin vigencia fue el detonante por el que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ordenó congelar el comercio con Colombia en el 2009, al considerar que la presencia de militares de Estados Unidos en las bases colombianas representaba una amenaza para la soberanía venezolana.

El Gobierno colombiano estima que el fallo judicial no afecta los programas de cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo que apoya Estados Unidos.