Valentín Castillo era buscado por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, entre otros ilícitos.

Cuando intentaba escapar hacia Estados Unidos, agentes de migración detuvieron a Valentín Castillo Garzón, exdirector de la Auditoría Fiscal de Sonora, acusado de realizar auditorías “a modo” y exención de impuestos en el escándalo de corrupción conocido como los “moches fiscales”, donde el exmandatario panista Guillermo Padrés Elías benefició a sus cómplices, generando un daño al erario superior a mil 700 millones de pesos (US$90,3 millones).

El exfuncionario era buscado por la Policía Federal Ministerial y la Interpol a través de una ficha roja, en atención a 12 órdenes de aprehensión: nueve bajo el sistema tradicional y tres bajo el nuevo sistema de justicia penal, por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y ejercicio indebido del servicio público, entre otros.

Alrededor de las 19:30 horas (21:30 tiempo de la Ciudad de México), agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) extraditaron a Castillo Garzón por la garita Dennis DeConcini, entre Nogales, Sonora, y Arizona, donde fue entregado a los agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes, a su vez, lo pusieron a disposición de la Agencia de Investigación Criminal para ser traslado al Cefereso no. 11 de Hermosillo.

Según la investigación de la PGR, cuando Valentín fungía como auditor fiscal, adscrito a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda estatal durante el sexenio de Guillermo Padrés, autorizó convenios de pago en parcialidades sobre adeudos a créditos fiscales —los cuales nunca fueron saldados—, a diversos contribuyentes, entre los que destacan la familia del exgobernador de Sonora, el excandidato panista Javier Gándara Magaña, políticos del PAN y empresarios cómplices de su administración, como Mario Aguirre, a quien también se le investiga por dar “moche” para beneficiarse con la licitación millonaria de los uniformes escolares gratuitos.

Por este mismo caso, continúa sujeto a proceso penal Francisco Roberto Ávila, exauditor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien, según la investigación del agente del MP Especializado junto a la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria, era el principal operador de los “moches fiscales” que ocurrieron entre 2009 y 2015 a través de 574 auditorías amañadas o “a modo”, en las cuales se causó un desfalco al fisco federal de mil 705 millones de pesos (US$90,6).

Además del erario federal, el escándalo de los “moches fiscales” perjudicó a la administración de la gobernadora Claudia Pavlovich, pues el SAT aplicó al gobierno de estado una suspensión a sus atribuciones para cobrar impuestos federales que, adicionalmente, generó un daño patrimonial de 104 millones de pesos (US$5,5 millones) al presupuesto de Sonora.

Catean edificio de exsecretario de Salud del exgobernador. Peritos de la Fiscalía Anticorrupción catearon un lujoso condominio en la playa de San Carlos, Nuevo Guaymas, propiedad de Bernardo Campillo García, exsecretario de Salud en el sexenio de Guillermo Padrés, inculpado por enriquecimiento ilícito y malversación de recursos públicos.

El exfuncionario que protagonizó decenas de escándalos de corrupción lleva más de seis meses desaparecido de Sonora; sin embargo, la PGR obtuvo una alerta migratoria y ficha azul de la Interpol para evitar que salga del país; luego de que a finales del 2016 abandonó su consultorio particular en la Torre Médica del Cima, su último paradero conocido fue en Monterrey, Nuevo León, a donde escapó en un vuelo desde Hermosillo.

Agentes del MP especializado y peritos realizaron la diligencia para determinar si el costo de la propiedad y los valores en su interior corresponden con sus ingresos como funcionario y médico particular.