Phoenix. Abogados del Gobierno de Estados Unidos irán este jueves a una corte para una batalla legal en la que se decidirá si la nueva ley de inmigración de Arizona usurpa la autoridad federal sobre políticas de inmigración y su implementación.

La jueza de distrito Susan Bolton escuchará los argumentos del Gobierno federal en una demanda que busca bloquear la nueva ley, que entraría en vigencia el 29 de julio.

La Legislatura de Arizona, controlada por los republicanos, aprobó la ley en abril para tratar de contener el flujo de inmigrantes ilegales y para reducir el tráfico de drogas y el crimen, lo que la puso en camino a un enfrentamiento con el Gobierno federal.

La ley establece que la policía local y estatal deberá investigar el estatus inmigratorio de cualquiera que despierte sospechas razonables de ser un inmigrante ilegal.

El Departamento de Justicia presentó una demanda este mes con la que busca bloquear la ley de Arizona, sosteniendo que socava la política exterior estadounidense y viola la Constitución del país.

Bolton podría emitir un mandato preliminar si decide que en última instancia el Gobierno tendría éxito en su campaña para que la ley sea revocada.

"Un fallo en cualquier dirección probablemente será una señal muy fuerte sobre cómo esta jueza contempla la validez de la ley de Arizona y la solidez de los argumentos del Gobierno", dijo Carissa Hessick, una profesora de derecho de la Universidad del estado de Arizona.

Está en juego "si el Gobierno tiene la autoridad plena sobre la política de inmigración y su cumplimiento. Potencialmente es un día muy importante", agregó Hessick.

El tema inmigratorio, y en particular qué hacer con los cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales que trabajan en su mayoría en empleos de bajos salarios en Estados Unidos, es un tema polémico en este año electoral.

Obama, cuyo Partido Demócrata enfrenta una compleja batalla para mantener sus mayorías en el Congreso en las elecciones legislativas de noviembre, apoya una reforma exhaustiva a las leyes inmigratorias.

La reforma haría más estricta la seguridad en la frontera y en los lugares de trabajo, y permitiría que los inmigrantes ilegales que han tenido buena conducta aprendan inglés, paguen una multa y avancen hacia obtener una ciudadanía.

Encuestas muestran apoyo para la ley. Las encuestas de opinión muestran de manera consistente que la ley de Arizona es apoyada por una sólida mayoría de los votantes estadounidenses, lo que plantea riesgos para Obama al oponerse a la medida.

El mandatario ha advertido de que la ley de Arizona podría provocar un mapa de leyes estatales contradictorias en todo el país.

En un documento presentado esta semana, los abogados de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, sostuvieron que el estado no ha reemplazado a la autoridad federal, sino que busca "asistir en la puesta en práctica de las leyes federales de inmigración ya existentes de una manera constitucional".

En un comunicado, Brewer dijo que confía en que la corte "rechazará el intento del presidente Barack Obama de evitar que nuestro estado proteja a sus ciudadanos debido a su fracaso en hacer cumplir las leyes federales de inmigración".

Arizona sostiene que el Gobierno no ha conseguido asegurar la frontera, que la mitad de los inmigrantes ilegales del país ingresaron a través del estado, y que los inmigrantes ilegales que han cometido crímenes representan 17% de la población penitenciaria del estado.

La demanda del Departamento de Justicia es una de las siete que se oponen a la ley. Los cuestionamientos podrían aplazar por años cualquier determinación final sobre la ley.