Estados Unidos desea que el gobierno de Colombia tome los pasos necesarios para que se preserve el acuerdo militar bilateral, dejado sin efecto este martes por la Corte Constitucional de ese país, indicó este miércoles el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley.

Washington espera que Bogotá "tome los pasos apropiados para asegurar que se pueda preservar el acuerdo bilateral", señaló Crowley a periodistas. El portavoz dijo que "pueden existir acciones del Ejecutivo o del Legislativo para sobreponer las dudas" de la Corte, que declaró inconstitucional el acuerdo que permitía a militares estadounidenses operar en siete bases colombianas.

"Esas son el tipo de preguntas que le estamos haciendo al gobierno de Colombia para entender lo que planea hacer", agregó.

Nuestra cercana cooperación con Colombia continuará bajo acuerdos existentes previamente", garantizó por su parte otro portavoz del Departamento, Charles Luoma-Overstreet, en un correo electrónico enviado a AFP.

La Corte determinó que el acuerdo, firmado en octubre de 2009 por el gobierno de Barack Obama y el del entonces presidente Alvaro Uribe, debe ser aprobado en el Congreso colombiano, tras lo cual regresará a la Corte Cosntitucional para un nuevo examen.

El acuerdo desató enorme polémica en la región, sobre todo por las críticas de Venezuela, que aseguraba que el pacto representaba una amenaza para ese país, que mantiene tirantes relaciones con Estados Unidos.

Estados Unidos intentó disipar las preocupaciones asegurando que el acuerdo no iba dirigido contra terceros países. El pacto, que autorizaba la presencia en Colombia de un máximo de 800 militares y 600 contratistas civiles estadounidenses, buscaba "asegurar la cooperación bilateral efectiva" contra el "narcotráfico, los grupos armados ilegales y el terrorismo", indicó Luoma-Overstreet.

El Congreso estadounidense aprobó a finales del año pasado, dentro del presupuesto de Defensa para 2010, una partida de US$46 millones para tareas de renovación en la base colombiana de Palanquero, una de las incluidas en el acuerdo. Pero el Congreso dejó claro que la partida no autorizaba el establecimiento de una base permanente estadounidense en territorio colombiano.

Estados Unidos destinó en la última década a Colombia, su principal aliado en América del Sur, más de US$6.000 millones para combatir el narcotráfico y las guerrillas, a través del Plan Colombia.

El principal argumento que dieron la mayoría de los magistrados para dejar sin efectos el acuerdo, fue que estipulaba inmunidad judicial de la que podrían gozar los norteamericanos en caso de verse involucrados en actividades ilícitas. Una autorización que fue criticada en su momento por la Procuraduría y el Consejo de Estado.

Los magistrados Mauricio González, Nilson Pinilla y Jorge Pretelt se apartaron de la decisión mayoritaria al considerar, en esencia, que el grueso de los instrumentos enmarcados en el acuerdo, que tendría una vigencia inicial de diez años y sería renovable por períodos iguales, ya formaban parte de otros convenios avalados por ambos países desde hace décadas.

“El proyecto de acuerdo, tanto en su objeto como en su contenido obligacional, es muy amplio y desbalanceado para el país”, conceptuó la Sala Plena del Consejo de Estado el 13 de octubre del año pasado.

En dicho documento, el Consejo de Estado advirtió que por los alcances inéditos de la cooperación, debía ser sometido a las instancias ordinarias del control democrático como el Congreso, y consideró que, para garantizar la soberanía y la conveniencia para los intereses nacionales, era imperioso “renegociar los términos de inmunidad, cuyo desequilibrio fluye del otorgamiento de inmunidad al personal de los Estados Unidos sin discriminación alguna”.