Washington. El Gobierno de Estados Unidos considera impugnar en la corte la nueva ley de Arizona que busca reprimir la inmigración ilegal y expresó temores de que el estado desvíe recursos de la persecución de quienes están en el país ilegalmente y han cometido crímenes graves.

El fiscal general estadounidense, Eric Holder, calificó este martes a la nueva ley como "desafortunada" y dijo que el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por su sigla en inglés) evaluaban su impacto y la posible respuesta del Gobierno.

"Pienso que es, me temo, objeto de potencial abuso y estoy muy preocupado por la brecha que podría establecer entre las comunidades a las que el cumplimiento de la ley se supone que sirve y los que estamos a cargo de hacer cumplir la ley", dijo Holder.

"Estamos considerando todas las posibilidades, contando la posibilidad de una impugnación en la corte", declaró.

La nueva ley, que entrará en efecto este año en el estado colindante con México, requiere a la policía en el estado determinar si las personas están legalmente en el país, pero críticos han dicho que permite la discriminación racial y que hasta podría ser inconstitucional.

Esfuerzos de EE.UU. El escándalo sobre la ley revivió los nuevos esfuerzos en Washington para aprobar una extensa reforma de inmigración.

La legislación, prioridad del presidente estadounidense, Barack Obama, enfrentó la oposición de conservadores republicanos sobre sus detalles.

El senador republicano Lindsey Graham, quien ha trabajado con demócratas para diseñar una medida de compromiso, advirtió de que se necesitan más seguridades para detener la ola de inmigrantes ilegales que ingresan al país.

La batalla por la reforma también se ha visto complicada por la ola de violencia de los cárteles de drogas mexicanos extendiéndose por la frontera hacia Estados Unidos.

Se estima que, al 1 de enero de 2009, unos 10,8 millones de inmigrantes ilegales vivían en Estados Unidos, con unos 460.000 inmigrantes sin documentos en Arizona.

Napolitano, ex gobernadora demócrata de Arizona, dijo que apoyaba una reforma que permitiera a los inmigrantes ilegales que actualmente están en Estados Unidos buscar la ciudadanía bajo la condición de que paguen una multa y aprendan a hablar inglés, entre otras condiciones.