Ciudad de México. Todos los tipos penales en materia de crimen organizado de ninguna manera podrán ser legislados en el ámbito local si el Congreso de la Unión avala la propuesta presidencial de una nueva Ley General de Competencias Penales. Sólo se abriría la posibilidad de “nuevas formas de distribución de competencias”.

Así lo adelantó a Excélsior Humberto Castillejos, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, quien hizo ver que si se aprueba esta normativa, el hecho delictivo deberá ser juzgado en un mismo fuero “y no tener dos investigaciones y dos procesos penales —uno federal y uno local— al mismo tiempo”.

“En 2008 pusimos como facultad exclusiva de la Federación el legislar en materia de delincuencia organizada y en el transitorio de la (actual) iniciativa se dice que esta facultad continuará en el ámbito federal, pero se abre la posibilidad de que se establezca en una ley general…

“Seguirá siendo materia del Congreso de la Unión. No podrá ser legislado por el ámbito local si fuese aprobada la Iniciativa; sin embargo, lo que sí se podría es establecer nuevas formas de distribución de competencias en materia de delincuencia organizada”, explicó el especialista.

Interrogado en el Senado en el marco de las audiencias públicas para analizar el llamado Decálogo del presidente Peña Nieto en materia de Seguridad y Justicia, Castillejos Cervantes y ratificó que si se aprueba la nueva Ley General de Competencias Penales se establecerá a cabalidad lo que es la competencia federal, frente a lo que se denomina fuero común, en materia delictiva.

En esta iniciativa, dijo, deberán trabajar, para enriquecerla y sacar un mejor producto legislativo, todas las instancias que propugnan por una mejor procuración de justicia, indicó, como los expertos, académicos, analistas, legisladores federales y locales, así como los integrantes de la sociedad civil.

En este sentido, el abogado del Ejecutivo consignó que “las propuestas enriquecen la vida jurídica. Estoy convencido de que la pluralidad política del Congreso de la Unión nos ha permitido generar los acuerdos que busquen tener la mejor normativa en favor de los mexicanos. Eso es lo que esperamos en este caso”, sostuvo.

Y es que durante la audiencia pública realizada en la sede de la Comisión Permanente en el recinto senatorial, varios legisladores le hicieron ver a Castillejos si este tipo de propuesta presidencial no era una suerte de unificación penal disfrazada, lo que él rechazó categóricamente. “No es la intención”, sostuvo.

Incluso la senadora panista Pilar Ortega le señaló que su principal duda era “si no le estamos dando un cheque en blanco al Congreso en el reparto de competencias y que éste pueda decidir más allá de los parámetros que hoy existen en la Constitución y que si no se podían generar problemas cuando, en virtud de que la ley general plantea el tipo penal A y el tipo penal B; y entonces los estados dicen, bueno, a mí me toca el C por esta facultad residual y después la ley general se modifique”.

Sobre el punto, Castillejos Cervantes explicó que la intención del presidente Peña Nieto con esta iniciativa “es tratar de meter orden al tema de las competencias penales sin que dejemos de reconocer que algunas entidades federativas tienen algunas características sociales o políticas propias que deben considerarse”.

El consejero jurídico de la Presidencia destacó enseguida que en el gobierno federal “nosotros creemos que ésta es una solución constitucional que puede ser una solución que meta orden a las competencias penales”.

Humberto Castillejos resaltó que “con algunas precisiones en la redacción” se podría quitar la inquietud que se ha manifestado en el Senado de la República respecto a esa idea de “unificación penal disfrazada”, pero al mismo tiempo “ya metiendo un poco de orden en el tema”.

Porque lo que sí resulta dañino, añadió, es que cada año se esté reformando la Carta Magna para incorporar leyes generales, como los casos que ahora se analizan en el Congreso de desaparición forzada y tortura, así como en materia penal.

Castillejos Cervantes recomendó entonces que con independencia de la posición académica, “creo que a partir de la lógica de esta República Federal y esta consideración política, en la construcción de las competencias penales podríamos poner ciertos parámetros constitucionales especiales que permitieran el ejercicio de la facultad de reglar en ley general un bien jurídico tutelado, para evitar que se piense que es una unificación penal disfrazada”, señaló quien fuera diputado local en la LVIII Legislatura del Estado de México.