Río de Janeiro. Entre los titulares de crímenes, violencia y accidentes en las afueras de Río de Janeiro, pocos notaron uno que daba cuenta de la muerte de Souza Queiroz, de 26 años, cuando se practicó un aborto clandestino que salió mal.

Queiroz se convirtió el mes pasado en una de 300 mujeres brasileñas que mueren cada año como consecuencia de abortos clandestinos.

El tema en el país católico más poblado del mundo ha salido a la luz durante las elecciones presidenciales, en las que la candidata oficialista, Dilma Rousseff, ha sido castigada por los votantes religiosos por manifestarse en el pasado a favor de la despenalización del aborto.

Grupos pro derechos abortivos en Brasil han dicho desde hace tiempo que la ley no hace mucho para impedir los abortos en el país y, más que nada, daña a las mujeres pobres que no pueden pagar por ingresar a clínicas clandestinas más caras y seguras.

El ministerio de Salud afirma que alrededor de una de cada siete mujeres brasileñas menores de 40 años se ha practicado al menos un aborto y que cerca de un tercio de los embarazos en el país termina en el procedimiento.

Eso es en línea con el resto de Latinoamérica, que tiene una de las tasas de aborto más altas del mundo pese a ser mayoritariamente ilegal, y se compara con un quinto en Estados Unidos, donde el aborto es legal.

Pero con Rousseff y su rival, José Serra, tratando de convencer al electorado de su "respeto por la vida" y su oposición a la despenalización de la práctica poco antes del balotaje el 31 de octubre, ahora una reforma podría quedar fuera de la agenda durante años.

Influencia religiosa. Cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva llegó al poder en 2003, muchos pensaron que las estrictas leyes de aborto de Brasil podrían ser liberalizadas.

Su Partido de los Trabajadores (PT) ha apoyado consistentemente mayores derechos abortivos y en 2005 fue enviado al Congreso un proyecto de ley para legalizar los abortos hasta las 12 semanas de gestación.

Sin embargo, ese proyecto fue rechazado y los cristianos evangélicos tienen un bloque cada vez más poderoso en el Congreso y en las campañas electorales.

Rodeada de rumores de que favorecería la completa legalización de los abortos, Rousseff publicó la semana pasada una carta abierta en la que prometió que no enviará al Congreso ningún proyecto de ley para despenalizar el procedimiento.

El aborto es permitido en Brasil sólo en casos de violación y cuando la vida de la madre está en peligro, y algunas veces ni siquiera en esos casos.

La campaña de líderes evangélicos y católicos contra Rousseff impidió que ganara los comicios en primera vuelta, el 3 de octubre.

También podría perjudicarla en el balotaje, dado que sondeos recientes han mostrado que Serra está ganando terreno.

Los que están a favor de una reforma sobre el tema sostienen que los problemas de Rousseff en la campaña están entorpeciendo las discusiones sobre el aborto.

"Creo que este debate podría remover viejos estigmas", dijo Leila Adesse, directora de Ipas Brazil, un grupo que trabaja para reducir las muertes como consecuencia de prácticas abortivas. "Ninguno de nosotros está promoviendo el aborto, sólo queremos que sea tratado con dignidad", agregó.

Alrededor de 200.000 mujeres son hospitalizadas cada año por complicaciones derivadas de abortos, muchas de ellas con infecciones causadas por usar instrumentos sucios, mientras que otras usan químicos que queman y riesgosas pociones caseras.

El método más común es la ingestión de la droga misoprostol, conocida por su nombre comercial Cytotec, que el Gobierno prohibió a comienzos de la década de 1990, pero que puede ser obtenida en el mercado negro.

Narcotraficantes de las favelas de Río de Janeiro venden la droga, que provoca pérdidas y a menudo también hemorragias.

"Sin duda hay un gran problema, no sólo para las mujeres, sino para los niños no nacidos que mueren por abortos", dijo Lenise Garcia, presidenta del grupo Brasil Sin Abortos, cuyo sitio web aconseja respecto de qué candidatos son "pro vida".

"El problema debería ser enfrentado a través de la prevención", añadió.

Los que manifiestan su apoyo a más derechos abortivos nadan contra la corriente en Brasil. Un sondeo de la encuestadora Datafolha este mes arrojó que 71% de los brasileños rechaza el aborto y quiere que la ley sea mantenida y que sólo un 7% se declara a favor de la despenalización de la práctica.