Hemos festejado el Bicentenario de la revolución de mayo. Los primeros 100 años del país nos encontraron con un clima de euforia, alegría y futuro. El sueño argentino era una esperanza para miles de inmigrantes europeos, dado el crecimiento inusitado que posicionó a la Argentina como el décimo país más rico del globo, con el 50% del PBI de América Latina en 1913.

Aquella economía abierta enfocada en sus sectores más competitivos fue desapareciendo de manera gradual, dando lugar a un nuevo país cuyo rol protagónico era el Estado.

Ya a partir de 1907 se comienza a visualizar la interferencia del Estado cuando el ministerio de Agricultura, en busca de agua para los colonos de Comodoro Rivadavia, descubre petróleo. El Código de Minería sancionado en 1886 en su artículo 9, específicamente prohibía al Estado explotar o disponer de minas. No obstante esto, el gobierno de Figueroa Alcorta (bajo la ley de Tierras de 1903) decretó la creación de una reserva sobre 200.000 hectáreas alrededor del pozo descubierto, y prohibía la concesión de yacimientos en esta área. Esta prohibición al sector privado nace con el comienzo de la industria automotriz.

La transferencia gradual y sistemática de los sectores más productivos a los menos productivos, produjo una creciente inestabilidad institucional que conduciría al golpe militar de 1930, desplazando a un gobierno elegido por el voto popular. A partir de allí, la dinámica político-económica fue la de la competencia por la apropiación de recursos para ser distribuidos entre grupos de intereses especiales. El caso argentino nos muestra cómo las reglas de juego de una democracia mayoritaria, sin límites vigentes en el país, generan incentivos notablemente orientados a la redistribución de la renta que favorecen a pequeños grupos de poder.

A pesar de todo esto, el país siguió creciendo, sobre todo a raíz de su posición de país neutral durante el conflicto de la segunda guerra mundial, como proveedor de alimentos.

La creciente participación estatal en la producción y comercialización de bienes, trajo aparejado un Estado ("bandido estacionario", como lo llama Mancur Olson), que se instala sobre un territorio con el objeto de vivir a costa del área, aplicando tributos año tras año, tal como se materializó en el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) de los años 40. Este bandido estacionario, para que sigan produciendo, debe proveer alguna seguridad a la vida y a la propiedad, a través de un sistema judicial subordinado.

Ante esto, el ciudadano tiene tres opciones: escapar, incumplir la ley o rebelarse.

1. El escape implica dejar de producir por la alta fiscalización y rápido castigo vigente en los países del primer mundo. 2. El incumplimiento de las leyes, a través de la informalidad, debido al poco control estatal, lento castigo y arreglos informales 3. La rebelión fiscal como ocurrió en:

  • Inglaterra (Juan Sin Tierra, 1215)
  • Francia, revolución a Luis XVI por impuestos.
  • EE.UU., revolución por impuesto al té.
  • Argentina, revolución de Santa Fe, en 1893 por impuesto al trigo.

Hoy estamos ante una revolución silenciosa que esta ocurriendo en la sociedad civil. La Argentina se encuentra dentro de los 28 países que mayor cantidad de usuarios de internet tienen en relación con su población. Esta mayor globalización incentiva el comercio y lleva a cuestionar a los grupos de interés que bloquean el crecimiento de las exportaciones e importaciones al país.

La tecnología, la globalización y la consecuente caída de los muros de información, llevan adelante una revolución por parte de la sociedad civil exigiendo la división de poderes, limites al gobierno, libertad de comercio y protección de derechos de propiedad para avanzar en la creación de riqueza.

Nuestra esperanza es que a partir del Bicentenario, el Estado nos permita quedarnos con el fruto de nuestro trabajo. Que podamos tener la libertad de elegir qué comprar sin aranceles y subsidios, y que nos permita vender globalmente sin restricciones que castiguen a los sectores más eficientes, beneficiando a un Estado derrochador con subsidios para empresarios prebendarios.