La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), que reclama un alza salarial de 28%, no ha acatado la conciliación obligatoria dictada en este conflicto, razón por la que la subsecretaría de Trabajo de Buenos Aires le aplicó una multa de 4,9 millones de pesos (cerca de un millón de dólares).

La inédita huelga en el metro de Buenos Aires, que este domingo entro en su novena jornada consecutiva y parece no avizorar una solución, reavivó el conflicto entre el gobierno de la capital argentina, liderado por Mauricio Macri, y el Ejecutivo que encabeza la presidenta Cristina Fernández.

El impacto de la medida de fuerza, la más prolongada que se recuerde en el metro de Buenos Aires, era este domingo acotado por la escasa actividad del día, pero el casi millón de usuarios que los días laborales utiliza el servicio se prepara para vivir este lunes otra jornada de caos en la ciudad como las registradas la semana última.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) , que reclama un alza salarial de 28%, no ha acatado la conciliación obligatoria dictada en este conflicto, razón por la que la Subsecretaría de Trabajo de Buenos Aires le aplicó una multa de 4,9 millones de pesos (cerca de un millón de dólares) .

“De ninguna manera vamos acatar la conciliación obligatoria si no tenemos las condiciones de trabajo que reclamamos” , dijo el secretario adjunto de los denominados “metrodelegados” , Néstor Segovia.

Además de multar a la AGTSyP, el gobierno capitalino llevó el caso al ministerio de Trabajo argentino, donde remitió el acuerdo para un alza salarial de 23% alcanzado entre la empresa concesionario del metro, Metrovías, y la Unión Tranviaria Automotor, el otro gremio que agrupa a trabajadores del subterráneo.

La huelga ha reavivado la pelea entre el Gobierno de Cristina Fernández y el alcalde porteño, el conservador Mauricio Macri, en torno a quién debe administrar el metro y qué autoridad debe resolver el conflicto.

El gobierno de Buenos Aires ha acusado a la administración de Fernández de estar detrás de la “intransigencia” mostrada por los “metrodelegados” .

“Estos señores, con oxígeno político, han ido generando cada vez más anarquía y peor servicio en el subterráneo. Hoy llegamos a un pico, y han decretado que se hace lo que quiere con el subterráneo. Y van a la Casa Rosada (sede del Ejecutivo argentino) a recibir instrucciones” , afirmó Macri.

En una entrevista publicada este domingo por el diario La Nación, de Buenos Aires, el alcalde consideró que el conflicto en el metro es parte de la “intransigencia” del gobierno de Fernández.

“Tenemos que entender que esto empezó hace tiempo y no tiene que ver con el subterráneo, sino con nuestras libertades, con que la presidenta decidida llevar al país hacia un modelo chavista” , afirmó Macri.

La presidencia argentina ha comenzado a difundir un aviso televisivo en el que señala que el 3 de enero pasado Macri aceptó la transferencia del metro desde la órbita del Estado nacional a la municipal y recordó que dos días después, “confirmando en los hechos su responsabilidad” en el metro, aumentó las tarifas del servicio.

Según el aviso, no es cierto que el Estado capitalino no cuente con los recursos necesarios para mantener el metro, tal como alega Macri.

Recordó que al momento de la transferencia el Estado nacional ofreció, con la aceptación, del Ejecutivo capitalino, el pago de 360 millones de pesos (US$78 millones) para mantener el servicio y realizar obras, de los cuales ya fueron girados 240 millones de pesos (US$52 millones).

El gobierno de Fernández alega que la ciudad no sólo cuenta con recursos del Gobierno nacional sino con fondos provenientes de una parte del impuesto inmobiliario que pagan los vecinos de la capital y que se derivan a un fondo para la ampliación de la red de metro.

“El Gobierno de la ciudad tiene la obligación, legal, los recursos de la Nación y los recursos de los porteños para hacerse cargo del subterráneo. Esto significa hacer obras, dar mantenimiento y garantizar que los usuarios viajen tranquilos. Pero también significa solucionar los conflictos gremiales” , asegura el aviso televisivo.

Macri criticó el aviso y en su defensa dijo que el acta firmada en enero para el traspaso del metro “no tiene ningún valor jurídico” por lo que a su juicio el servicio continúa bajo jurisdicción de la Nación.

Ante esta puja que parece no tener fin, según una encuesta de la consultora Opinión Autenticada, publicada por el diario Perfil, 67% de los porteños cree que el conflicto del metro lo resolverá finalmente la Justicia.

“El ciudadano se siente prisionero de un capricho entre dos dirigentes importantes, como Cristina y Macri” , señaló Federico González, director de Opinión Autenticada.