Bogotá. El 10 de agosto se presentó una oportunidad de oro, el nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se fotografiaba sonriente con su homólogo venezolano, Hugo Chávez. El encuentro tenía lugar en la ciudad colombiana de Santa Marta, y los dos líderes acordaron restaurar las relaciones diplomáticas entre ambos países, que se habían visto seriamente dañadas a principios del verano cuando el predecesor de Santos, Álvaro Uribe, acusó a Venezuela de dar cobijo a rebeldes de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia).

Pero suavizar las relaciones de Colombia con su vecino andino no ha sido el único punto tratado de la agenda de Santos desde su aplastante victoria en junio y posterior nombramiento a principios de agosto. Santos ganó las elecciones presidenciales de junio prometiendo a los votantes que atacaría de lleno los persistentes problemas sociales de Colombia, los cuales se consideran una de las causas de la violencia y criminalidad que lleva soportando este país durante décadas. Desde su nombramiento en agosto, Santos ha empezado a transformar sus promesas en hechos, planteando un montón de ambiciosas propuestas.

Algunos detractores creen que las reformas no son suficientes, pero la mayoría le aplaude por conceder preferencia a los complejos problemas sociales –como la reforma agraria o el empleo informal-, algo que no se hizo durante la Administración Uribe ni cualquier otra; habría que remontarse hasta finales de los 60, con el presidente Carlos Lleras Restrepo, para recordar algo similar.

Controlando el 80% de los escaños del Congreso, hay muchas posibilidades de que la agenda de Santos acabe convertida en ley. En opinión del presidente del Senado, Armando Benedetti, los miembros del Congreso están de acuerdo con el presidente en que es necesario poner remedio a la división social y económica existente en el país. “La desigualdad es un problema desde la independencia de Colombia en 1810, y a lo largo de toda nuestra historia ha sido la causa de la violencia”, sostiene. “Si queremos que la violencia acabe, debemos resolver el tema de la desigualdad”.

Un lugar más seguro. Además de las necesarias reformas sociales, Santos también prometió consolidar –e incluso incrementar- las mejoras en temas de seguridad conseguidas por su popular predecesor, Álvaro Uribe. Durante los ocho años en que Uribe ocupó la presidencia, gracias a los US$7.000 millones recibidos en concepto de ayuda militar y al desarrollo bajo el “Plan Colombia” –que convierten al país en uno de los mayores receptores de ayuda estadounidense-, las fuerzas armadas lograron arrinconar a los rebeldes en montañas y junglas remotas. Esto provocó una reducción significativa de los asesinatos, raptos y otros crímenes violentos. En Colombia, esta mejora en la seguridad constituye sin lugar a dudas un drástico cambio desde 2002, cuando Uribe fue recibido por las FARC en Bogotá con un ataque con lanzamisiles y morteros. Los rebeldes tuvieron la capital asediada, y las desafortunadas fuerzas armadas de Colombia estaban, tal y como lo expresaba un observador estadounidense, “luchando por el empate”.

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Durante el nombramiento de Santos el 4 de agosto el clima que se respiraba era diferente. Santos, ministro de defensa durante la conservadora Administración Uribe, ha recogido el testigo de un electorado que siente gratitud por el antiguo presidente y por las fuerzas armadas, ahora consideradas una de las mejores del hemisferio sur.

La mayoría de los colombianos estaría de acuerdo en que los tiempos han cambiado drásticamente para mejor. En palabras de Uribe, Colombia se ha puesto de moda. En 2009 hubo un aumento del 17% de visitantes extranjeros; el turismo global apenas creció 2%. Se han recibido muchas inversiones extranjeras en minas, petróleo y hoteles colombianos. El optimismo también se refleja en el mercado de valores local, cuyo principal índice alcanzaba récords históricos a finales de agosto. Y en línea con las expectativas de la región, se espera que la economía experimente tasas de crecimiento del 4% en 2010.

Pero estos éxitos enmascaran un problema mucho mayor: la desigualdad social. En comparación con otros países latinoamericanos, Colombia tiene una enorme disparidad en el nivel de ingresos y la concentración de la propiedad de la tierra sigue estando en relativamente pocas manos. Alejandro Gaviria, decano del Departamento de Economía de la Universidad de Los Andes en Bogotá, describe su país como “dividido en dos”, entre los que tienen y los que no tienen. Este no es un problema exclusivamente colombiano; países como Bolivia y Brasil han reducido la brecha durante la última década, pero Colombia no.

Juan Carlos Echeverry, el nuevo ministro de finanzas, dice que la administración Santos luchará contra la desigualdad revisando el modo en que se gestionan los royalties y los impuestos procedentes de los sectores petrolífero y minero.

Durante la presidencia de Uribe se realizaron algunas mejoras para sacar al país de la pobreza. Por ejemplo, al igual que en otros países latinoamericanos, su administración introdujo un programa ofreciendo dinero a hogares pobres si llevaban a sus niños a la escuela y al médico. Pero en su mayoría los recursos se destinaron a mejorar las fuerzas armadas. En 2002 había 280.000 hombres y mujeres en la policía y el ejército nacional; hoy en día hay 440.000.

Y en consecuencia ahora los colombianos tienen una sociedad donde reinan las tensiones. “Si a las desigualdades le sumas unas malas condiciones sociales, impunidad para los criminales y la baja estima que se tiene al estado en zonas remotas, al final tendremos gente que recurrirá a modos de comportamiento no institucionales”, afirma Juan Carlos Ramírez, director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas en Bogotá. “En el fondo lo que quiero decir es que habrá gente que recurrirá a la violencia”.

Juan Carlos Echeverry, el nuevo ministro de finanzas, dice que la administración Santos luchará contra la desigualdad revisando el modo en que se gestionan los royalties y los impuestos procedentes de los sectores petrolífero y minero.

Bajo la legislación actual, el 80% de los derechos de propiedad intelectual procedentes de los sectores petrolífero y minero tienen como destino nueve regiones que concentran únicamente el 3% de la población residente. Por todos es sabido –incluso el propio Santos-, que una gran parte de esos royalties desaparecen en forma de corrupción y a menudo acaban en manos de las bandas locales. A finales de agosto se anunciaba una nueva propuesta: invertir los ingresos en proyectos de infraestructura por todo el país. Según el ministro de Finanzas Echeverry, el plan podría conseguir una distribución más equitativa de la prosperidad. Los beneficios potenciales son enormes, en parte porque se espera que la participación del gobierno en las ventas de mineral se duplique; de los 3.000 millones actuales a 6.000 millones en 2014.

El plan resolvería la urgente necesidad de disponer de más y mejores carreteras, túneles, puertos y otras infraestructuras. Las carreteras que conectan el interior con los puertos son tan malas que un estudio reciente concluía que un contenedor situado en los muelles del puerto caribeño de Cartagena tardaba menos tiempo en llegar a Hong Kong que a Bogotá.

Echeverry también afirma que el gobierno quiere que parte de los ingresos procedentes de los royalties y los impuestos sobre los recursos naturales se destinen a un “fondo de estabilización” similar a los fondos de Noruega, Chile y Kuwait; este dinero se emplearía para proyectos especiales (como reparar los daños causados por desastres naturales) o déficits presupuestarios (por ejemplo, cubrir el sistema de pensiones). En su opinión, inicialmente sería 1% del PIB, esto es, más de US$2.000 millones al año.

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Mientras, el nuevo gobierno ha anunciado un plan que constituiría la más radical reforma agraria jamás llevada a cabo en Colombia. A lo largo de los últimos 20 años, los grupos rebeldes y paramilitares han provocado que más de tres millones de colombianos huyesen de sus casas, apropiándose de unos cuatro millones de hectáreas de tierra para privar a sus enemigos del apoyo local así como acumular ellos mismos riqueza.

Con el nuevo plan –se necesitarán años para su implementación-, la tierra se devolvería o dedicaría a usos productivos. Un nuevo mecanismo de revisión acabaría con el atasco en el actual proceso judicial, trasladando la carga de la prueba a los nuevos propietarios, los cuales tendrían que demostrar el título de propiedad de una tierra legalmente adquirida; en el régimen previo los campesinos a los que se había expulsado de sus tierras eran los que tenían que demostrar su propiedad.

Roberto Steiner, ex director del Fondo Monetario Internacional y ahora de Fedesarrollo, un think tank de Bogotá, afirma que el paquete de reformas agrarias “podría cambiar el país” al tratar el problema de la plaga de millones de colombianos desplazados que han sido obligados a abandonar sus tierras y sus hogares por la guerra y las mafias.

No obstante, en estos temas Santos espera encontrarse con algunas resistencias. “Al igual que con los derechos civiles en Estados Unidos en los 60, la… reforma agraria en Colombia tendrá muy mal comienzo por la oposición de los poderosos intereses en cuyas manos está ahora la tierra”, predice Steiner. “Pero simplemente declarando que se quiere compensar a la gente que ha sido agraviada, la sociedad estaría dando un importante paso”.

Primero las cuestiones básicas. La tasa de pobreza en Colombia es la mayor en toda la región (45% de la población). Steiner dice que la elevada pobreza y la desigualdad alejan a Colombia de vecinos como Chile, donde existe desigualdad pero baja pobreza en comparación con el resto de Latinoamérica.

En los últimos diez años las tasas de pobreza en Latinoamérica por norma general han bajado, pero en Colombia se han mantenido obstinadamente altas. Aunque concentra el 8% de la población del continente, el país sólo supone el 5% de las familias que escaparon de la pobreza durante la pasada década, explica Gaviria de la Universidad de los Andes.

“Los pobres posiblemente estén enviando a sus hijos a la escuela y tengan acceso a agua potable, pero el 20% de la población carece de algo que podríamos clasificar como necesidades básicas, como vestido, transporte o protección social”, añade Ramírez de la CEPAL.

“Colombia es una paradoja. El poder establecido puede demostrar que con el tiempo algunas cosas han mejorado, como la esperanza de vida, los niveles educativos y el acceso a servicios médicos”, dice Francisco Thoumi, economista colombiano y ex profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Texas. “Pero existen contradicciones entre esos datos y la persistencia de la violencia. Tal y como lo expresaba un informe del Banco Mundial de los 80, Colombia es un sitio maravilloso, excepto por el hecho de que los unos se están matando a los otros”. Otras estadísticas que diferencian a Colombia del resto es el elevado porcentaje de trabajadores que son “informales”. Según algunas estimaciones, los trabajadores informales suponen más de la mitad de la fuerza de trabajo; no pagan impuestos ni contribuyen a los sistemas sanitarios o de pensiones. En general sus salarios son menores y tienen menor seguridad laboral que los trabajadores “formales”.

Una de las causas de la elevada tasa de empleo informal en Colombia, algo también habitual en muchos países Latinoamericanos, es que los empleadores están obligados a pagar el equivalente al 70% del salario de sus empleados en forma de pensiones, servicios sanitarios y otros costes no salariales, explica Steiner de Fedesarrollo.

Según estimaciones de Echeverry, el 75% de todas las empresas colombianas con plantillas de menos de 50 trabajadores son “informales”.

“En primer lugar, una de las implicaciones de la informalidad es que la gente está menos feliz y segura, y por tanto considera que forma menos parte de la sociedad”, explica José Antonio Ocampo, economista colombiano de la Universidad Columbia en Nueva York.

La situación también ha puesto el sistema sanitario universal de Colombia prácticamente en situación de insolvencia. Las contribuciones de empleados y empleadores en el sistema son mucho menores de las proyectadas en 1991, cuando se estableció el sistema sanitario universal. Según Ocampo, el déficit le cuesta al gobierno unos US$2.000 millones al año o más.

En opinión de Echeverry, la respuesta de la nueva administración ha sido reformas que irían en la línea de una medida que proporcionaría a las empresas incentivos fiscales para contratar a menores de 25 años. En la actualidad, la tasa de desempleo es 12,4% -la segunda más elevada de Latinoamérica y el Caribe tras la República Dominicana-, pero se duplica para los trabajadores de menos de 25 años. Las empresas que contratan a jóvenes trabajadores disfrutarían de significativos créditos fiscales para sus costes laborales no salariales.

Santos tiene otros problemas que afrontar. Hereda un déficit presupuestario del 4%, causado no sólo por la brecha existente entre la financiación del sistema sanitario y de las pensiones, sino también por los costes de una continua guerra contra los rebeldes y los traficantes de droga en un momento en que la ayuda estadounidense está reduciéndose. La ayuda estadounidense bajará hasta los US$460 millones el próximo año fiscal; en 2007 se había alcanzado el récord de más de 700.000 millones de euros. Pero el conflicto aún no ha hecho más que empezar. Menos de un mes después de la toma de posesión de Santos, catorce policías colombianos fueron asesinados mientras patrullaban en el estado del sur de Caqueta. Su convoy de cinco camiones se estrelló contra minas antipersona y luego fue atacado por los rebeldes de las FARC.

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¿Podría mejorarse?  Según diversos expertos, en algunos temas las reformas de Santos no son suficientemente ambiciosas. Para Steiner es decepcionante que el presidente no esté revisando el sistema de recaudación tributaria, uno de los peores del hemisferio sur. Los ingresos fiscales anuales suponen alrededor de 15% del output económico total, por encima de 12% mexicano pero muy lejos de 35% brasileño.

Tanto para Ocampo como para Thoumi, es la decisión de Santos de no contrarrestar la apreciación del peso colombiano contra el dólar estadounidense (40% desde 2006), en parte debido a la “enfermedad holandesa”, lo que hace daño a países ricos en materias primas que nadan en dólares. Ocampo cree que la apreciación está dificultando la creación de empleos para competir contra países con menores salarios expresados en dólares. “El nuevo presidente se enfrenta a duros retos”, dice Ocampo.

En general, los economistas consideran que la reacción ante la agenda de Santos es un buen comienzo para su administración. “El presidente tiene ideas válidas y le deseo todo el éxito del mundo”, dice Thoumi.

“Santos tendrá que saber gestionar una economía en guerra y simultáneamente gestionar una economía post conflicto. En esto va a consistir el truco.”, dice Gaviria de la Universidad de los Andes. “No obstante, su agenda está suponiendo que para el resto de la década habrá un sólido crecimiento económico. Por el momento el panorama es favorable para Colombia y para Sudamérica”.