Aupado a número dos del Gobierno argentino por la presidenta argentina, Cristina Fernández, Amado Boudou, procesado hace una semana por presunta corrupción, se ha convertido en la piedra en el zapato de la que alguna vez fue su madre política y en un problema para el futuro del kirchnerismo.

Boudou, de 51 años, fue una apuesta personal de Fernández, un proyecto propio para las elecciones presidenciales de 2011 en las que la presidenta renovó su mandato.

Fernández lo eligió como su segundo en la línea sucesoria, en contra de un sector del peronismo y de varios miembros de su propio gabinete que lo juzgaban como demasiado frívolo y sin experiencia, sin una trayectoria que lo avalara.

Ese sector anti-Boudou vuelve a cobrar vida ahora, en la recta final de la Presidencia de Fernández, con la campaña electoral para los comicios de 2015 a la vista, y en uno de los momentos más vulnerables para el oficialismo, con la sombra de la suspensión de pagos planeando sobre el país.

La situación judicial del vicepresidente se venía venir desde hace tiempo, a medida que se iban conociendo los testimonios de los ahora procesados junto a él por la presunta compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica, en 2010, cuando ocupaba la cartera de Economía.

Cuando en octubre de 2013 tuvo que representar al país durante la operación y posterior convalecencia de la presidenta, Boudou ya era uno de los funcionarios peor valorados del gabinete y era cuestionado incluso por algunos compañeros dentro del oficialismo.

Su imagen se ha ido deteriorando progresivamente a medida que avanza el proceso judicial, que atribuye al vicepresidente haber cometido los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la figura de funcionario público, por los que afronta hasta seis años de prisión.

La decisión del magistrado Ariel Lijo sorprendió a Boudou de viaje oficial en Cuba y Panamá, donde acudió a la toma de posesión del nuevo presidente, Juan Carlos Varela, un papel muy criticado por la oposición, que no concibe que un procesado por corrupción represente a Argentina en el extranjero.

El oficialismo cierra filas en torno al vicepresidente, pero evita defenderlo con todas las letras alegando que hay que esperar a que su situación "la resuelva la justicia".

Sin embargo, algunas voces internas han admitido la "gravedad" y la "importancia" de la situación judicial del número dos del Ejecutivo.

Su antaño mentora, Cristina Fernández, guarda silencio y apenas deja escapar algún guiño de apoyo a su "delfín" en sus habituales discursos oficiales, en los que critica al Poder Judicial entre inauguraciones de obras e iniciativas sociales.

Fernández no se pronuncia, pero el kirchnerismo terminó aceptando, presionado por la oposición, llevar a una comisión de la Cámara de Diputados la renuncia, licencia o apertura de un juicio político a Boudou a sabiendas de que ninguna de las opciones saldrían adelante frente a una mayoría oficialista.

Comentaristas políticos creen que la presidenta no obligará a su segundo a renunciar al cargo, a pesar de que esta semana tuvo que cancelar un viaje a Paraguay, argumentado a una faringolaringitis, para no dejarle al frente del Ejecutivo.

No lo apartará, afirman los expertos, "porque si lo hace quedará expuesta" a la presión de los medios de comunicación críticos con el Gobierno, a la oposición y a la opinión pública.

La estrategia de Fernández pasaría entonces por dilatar el proceso judicial contra el vicepresidente interponiendo todos los recursos que sean posibles, con el objetivo de calmar las aguas hasta las presidenciales de octubre de 2015.

De momento, el fiscal del caso, Jorge Di Lello, ya ha anticipado que la Justicia argentina no elevará a juicio oral la causa antes de esa fecha.