Señor

Economista

Rafael Correa Delgado

Presidente de la República del Ecuador

En su despacho.-

Señor Presidente:

Hoy 03 de mayo del 2010, que se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en uso de mi derecho constitucional consagrado en el numeral 23 del artículo 66, según el cual el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas, acudo a Usted como ciudadano y como representante legal de una organización de la sociedad civil, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios -Fundamedios, cuya finalidad es la defensa de la libertad de prensa y el apoyo al desarrollo de los medios de comunicación y periodistas, para hacerle conocer nuestra honda preocupación por el incremento de las agresiones relacionadas con el ejercicio de la libertad de prensa en nuestro país.

Desde julio de 2008 hasta abril de 2010, la Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Prensa ha reportado 166 agresiones directas a medios y periodistas. Solo durante el 2009 se produjeron 103 agresiones y en lo que va del año 41 nuevas amenazas han sido reportadas, es decir, hemos superado las 10 agresiones por mes. La mayoría de estos hechos son protagonizados por funcionarios públicos, efectivos policiales y autoridades de Gobierno. Hay un evidente clima de hostilidad y un discurso desafiante que no garantiza el trabajo periodístico.

Observamos que existe una política de sistemáticos ataques verbales a la prensa que se manifiesta en una serie de insultos y adjetivos con los cuales se descalifica diariamente a medios de comunicación y periodistas. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH ha señalado que "los pronunciamientos emitidos por un Presidente y otros funcionarios estatales de alto nivel pueden tener el efecto de polarizar a la sociedad e influir, mediante presiones arbitrarias, en los contenidos que transmiten los periodistas y medios de comunicación. Así también la CIDH ha señalado con toda claridad que es deber de los Estados: "Asegurar que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que generan un ambiente de intimidación que limite el derecho a la libertad de expresión. En particular, el Estado debe crear un clima en el cual todas las personas puedan exponer sus ideas u opiniones sin miedo a ser perseguidos, agredidos o sancionados por ello."

Por ello, me permito poner en su conocimiento, Señor Presidente, que la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA, en su más reciente informe sobre la Situación de la Libertad de Expresión en las Américas reseña y declara con absoluta claridad lo siguiente: "No obstante, se observa con preocupación las declaraciones del Presidente Rafael Correa en referencia a los medios de comunicación a quienes ha descalificado duramente, al tildar a la prensa, en diversas oportunidades, de ser "conspirador[a]", "corrupta", "desestabilizador[a]", "irresponsable" y "mentirosa"." La Relatoría Especial aclara además que los funcionarios públicos pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión para controvertir aquellas expresiones cuyo contenido no consideren adecuado o exacto, o para responder a las críticas que consideren injustas o engañosas. No obstante, en dicho ejercicio, los funcionarios estatales están sometidos a limitaciones especiales:

En primer lugar, "los funcionarios estatales tienen el deber de constatar de manera razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deben hacerlo "con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras de evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos".

En segundo término, "los funcionarios públicos tienen un deber de mayor tolerancia frente a la crítica. Tal como ha sido reiteradamente señalado por los órganos del sistema interamericano, en el marco de la Convención Americana, el derecho a la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan o resultan ingratas a los funcionarios públicos o a un sector de la población. Tales son, precisamente, las exigencias del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad verdaderamente democrática."

En las investigaciones que Fundamedios recogió en el libro "La palabra rota", se revela como los periodistas sienten presiones. Cuatro de cada diez de ellos señalan que han dejado de publicar notas de interés público por presiones de algún tipo. En tanto, el 12% declara que la autocensura es el principal problema de libertad de expresión en el país.

Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad ha mostrado alguna preocupación o interés por una situación que cada día se torna más grave. Creemos, Señor Presidente, que desde el Estado se deben emitir señales claras de que no se va a permitir agresiones en contra de los periodistas, y que efectivamente el Estado ecuatoriano va a proteger y garantizar el trabajo periodístico, tal como lo mandan la Constitución y los Tratados Internacionales de los que Ecuador es signatario, y que en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional.

Citamos nuevamente el informe de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA 2009, que en su apartado relacionado al Ecuador dice:

"Finalmente, los funcionarios públicos, en tanto "garante[s] de los derechos fundamentales de las personas", no pueden "llegar a desconocer dichos derechos" a través de sus declaraciones. Los funcionarios públicos, en especial las más altas autoridades estatales, deben tomar en cuenta que las personas que trabajan para determinados medios de comunicación social pueden ver exacerbadas las situaciones de riesgo a las que normalmente se ven enfrentados, si son objeto de discursos oficiales estigmatizantes."

Sobre este último punto, la Relatoría indica que, como lo ha señalado la CIDH, "el Estado no sólo debe ejercer diligentemente su deber de garantía de la libertad de expresión, sino que tiene que evitar incrementar el nivel de riesgo al cual los periodistas se encuentran expuestos."

Como se puede desprender fácilmente de las alertas que hemos emitido en Fundamedios, así como de los informes de la propia Relatoría, o de organizaciones como Freedom House y la Alianza Regional por las Libertades de Expresión e Información, en nuestro país se ha presentado un creciente clima de polarización en el cual las agresiones y amenazas contra periodistas y medios de todas las líneas editoriales se ha incrementado."

Según las estadísticas que llevamos en Fundamedios, la amenaza más frecuentes son los Atentados contra la vida o la integridad física del periodista con 82 casos, el 49.39% de todas las agresiones. Esto incluye las siguientes categorías: Asesinato, Desaparición forzada (3 casos)/ Agresión física (21 casos)/ Intimidación, Acoso, Persecución, Interceptación Telefónica, Robo de información (32 casos)/ Amenazas (22 casos)/ y Detención ilegal (4 casos).

No obstante la multiplicación de los casos, las diversas instancias del Estado y los funcionarios que debieran preocuparse y tomar medidas frente a esta situación, no han respondido y han minimizado la acumulación de signos de alarma, no han expresado condena ante prácticamente ninguna agresión y tampoco han tomado ninguna medida. Sin embargo, la recomendación de la Relatoría de Libertad de Expresión es que "los agentes del Estado deben procurar disminuir el nivel de riesgo de las personas más amenazadas y adoptar mecanismos eficientes de protección."

Se puede decir que en épocas anteriores había igual o más agresiones a periodistas; sin embargo, esto es imposible determinar porque no existía ninguna organización que hiciera el trabajo que estamos haciendo al monitorear el estado de la libertad de prensa en el país. Sin embargo, reconociendo que en el pasado hayan existido muchas agresiones, no consideramos que la existencia de 166 amenazas a la libertad de expresión en los últimos dos años sea cómo para estar satisfechos. Tampoco creemos que a estas alturas se puedan y se deban minimizar o descalificar las agresiones que hemos reportado en contra de periodistas; aquí no existe ninguna intención política, sino la exigencia al Estado ecuatoriano de que efectivamente se garanticen los derechos y libertades sin los cuales es imposible el trabajo periodístico.

Señor Presidente, con el mayor respeto le pedimos que condene con urgencia y energía los actos de violencia en contra de periodistas y medios. En este 03 de mayo del 2010, Día Mundial de la Libertad de Prensa, solicito que el Estado ecuatoriano, del cual Usted es el más alto representante, tome las medidas para garantizar efectivamente la seguridad de los periodistas y el ejercicio pleno de su libertad para informar, opinar y expresarse con total libertad. Pido además Señor Presidente solicite a los funcionarios competentes que se investiguen y condenen los actos de violencia en contra de periodistas y se garantice la seguridad de los periodistas en todo el país. Aprovecho la presente para reiterarle nuestro mayor respeto y consideración.

Atentamente,

César Ricaurte

Director Ejecutivo

FUNDAMEDIOS

Señor Ricaurte

Con extrañeza he conocido el contenido de la carta abierta dirigida por usted al señor Presidente Constitucional de la República, Economista Rafael Correa Delgado.

El asombro se origina en la naturaleza de su denuncia sobre lo que denomina "166 agresiones directas a medios y periodistas", y, en la conjetura de supuesto atropello a la prensa a través de calificativos como: "conspirador(a), "corrupta", "desestabilizador(a)", "irresponsable" y "mentirosa".

Cabe analizar los adjetivos citados y su aparente carga de violencia verbal.

Decía el general Eloy Alfaro, en su mensaje de 1907: "La prensa sediciosa, satisfecha de su obra nefanda, porque obra de ella es esta situación anormal de la República, redobló sus ataques contra la administración, que la toleró hasta el absurdo".

Habría que pensar que el calificativo de Alfaro, "obra nefanda", podría ser incorporada a la denuncia suya, en virtud de expresar un símil de vergonzosa, infame, indigna o perversa.

Los adjetivos utilizados por el Compañero Presidente tienen que ver con la clara identificación de la intencionalidad y el sesgo, no exentos de afán conspirativo, de cierto sector de la prensa.

Los vocablos: "conspirador(a), "corrupta", "desestabilizador(a)", "irresponsable" y "mentirosa", responden a una realidad innegable. Son múltiples las ocasiones en las cuales el Compañero Presidente ha develado y revelado las maquinaciones de un sector de la prensa, en franca confabulación con intereses protervos, para tratar de desestabilizar al gobierno. Para ello se han violado normas de ética y conducta; se ha esgrimido sin escrúpulos la misma tesis que hoy usted sostiene, bajo el amparo supuesto de la libertad de expresión; se ha ofendido la honra de funcionarios sin que existan indagaciones e investigaciones profundas e información veraz, verificada y profesional.

Afortunadamente nuestro pueblo, con sabiduría y sensibilidad, ha determinado, a través del ejercicio democrático, el destino de su credibilidad y su confianza. No han sido precisamente los representantes de la prensa, -mal llamada independiente-, quienes ha sido los depositarios de la fe popular, por el contrario, ha sido y es el gobierno de la Revolución Ciudadana el que ha contado y cuenta con el respaldo de los desheredados, de los humildes, de los pobres, y, como en todos los países donde regímenes injustos han manejado los destinos de sus respectivas naciones, en el Ecuador esos humildes, condenados y pobres, son la inmensa mayoría.

En su obra "filosofía de la conspiración", el filósofo argentino Horacio González dice: ¿No es la conspiración el reino de la palabra escondida y del plan que se enmascara? ¿Cuantas palabras escondidas, planes enmascarados y, finalmente complot de empresarios editores, ha debido sortear nuestra revolución?

Quizá la respuesta la podamos encontrar en las páginas de esa prensa que, bajo la falsa presunción de sentirse intimidada, trabaja noche y día para intentar desacreditar y deslegitimar a gobiernos como el del Compañero Presidente Rafael Correa, cuya luz seguramente la enceguece hasta el punto de perder toda objetividad. Una de la muestras de esa pérdida es endilgar a la Revolución Ciudadana atropellos de tal naturaleza que Pinochet o Somoza, este último tan defendido por la Sociedad Interamericana de Prensa parecerían una simple caricatura.

Una paradoja inverosímil es referida por usted al invocar a los funcionarios públicos quienes, "tienen un deber de mayor tolerancia frente a la crítica". Ahora, de acuerdo a sus palabras, los ciudadanos ya no son iguales ante la ley, sino que, por una especie de concesión a la prensa, los funcionarios públicos deben dejar a un lado su orgullo, su condición humana y filial de padres, hijos, hermanos, y deben arrodillarse ante quienes, seguramente protegidos por la providencia, se encargan de ser acusadores, fiscales y jueces de su vida y de su obra.

Lo incito a reflexionar y, a través de la luz de la historia de nuestro pueblo, observar a profundidad el significado de los adjetivos usados por usted, como: agresiones, amenazas, atropello, y otros epítetos que, ciertamente, deberían buscar un mejor destino, por ejemplo, indagar la actuación de diarios de tiraje nacional, en los que usted ha trabajado, y que, como lo refiere el General Alfaro, son históricamente responsables de conspiraciones y conjuras, como la acontecida precisamente con el Viejo Luchador, en aquel espeluznante episodio de enero de 1912.

Muy atentamente,

Galo Mora Witt

Secretario Particular del Presidente de la República

Quito, 19 de mayo del 2010

Señor Don

Galo Mora Witt

Secretario Particular del Presidente de la República

Estimado Señor Mora:

Agradezco su respuesta a la Carta Abierta que envíe como representante de Fundamedios, en la cual pedíamos al Señor Presidente que como máxima autoridad del Estado ecuatoriano ordene se investigue y condene de forma explícita las agresiones en contra de medios de comunicación y periodista, las cuales a la fecha ya suman 169.

No obstante, debo expresar que su carta nos deja gran preocupación, pues lejos de haber interés y condena por los hechos que afectan al trabajo periodístico, encontramos en sus palabras justificación al discurso estigmatizante y muy graves acusaciones en contra de la prensa, que si tienen sustento creo que ameritarían una seria investigación judicial.

Es interesante que cite al General Eloy Alfaro en 1906 para justificar una teoría de la conspiración que, según Usted, tiene lugar ahora y que tiene como protagonistas a los medios. Sin embargo, no creo que debamos remontarnos a principios del siglo XX para hablar de libertad de expresión y los derechos fundamentales conexos. Más que nada, porque cabe recordar que en la época del General Alfaro aún no existía la Declaración Universal de DDHH, hito en la Historia de la Humanidad, que como Usted sabe se aprobó el 10 de diciembre de 1948, la cual contiene las más hermosas palabras que se han suscrito nunca: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros". Y que en su artículo XIX proclama: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".

Asimismo, Usted debe saber que en noviembre 1969, más de 57 años después del terrible crimen que se cometió con Alfaro, los países de este Continente suscribieron la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, la misma que en su Artículo 13 señala:

"1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones".

Es decir, mucho ha avanzado la Humanidad y mucho ha debido sufrir nuestra Región para que se reconozcan derechos y se avance en la protección de los mismos. Entre ellos, se ha reconocido que el derecho a la libertad de expresión es la "piedra angular" de la democracia y uno de sus tres pilares básicos, junto con elecciones libres y un poder judicial independientes. (Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC5--85).

Con todo respeto, creo que sería muy útil para la democracia en nuestro país, que un Alto Funcionario como Usted no solo leyera sobre teorías conspirativas, sino que se embebiera con los documentos básicos de la convivencia democrática y los derechos básicos de los seres humanos.

En la carta que Usted responde, hemos expresado nuestra preocupación y hemos solicitado al Señor Presidente un pronunciamiento de condena sobre las agresiones en contra de periodistas porque más allá de lo que se pueden considerar críticas se han convertido en ataques sistemáticos que configuran un discurso estigmatizante que ha creado un clima hostil para el ejercicio periodístico e incluso puede tener consecuencias más graves que las 169 agresiones reportadas.

Esto, además, no lo dice únicamente Fundamedios, nosotros hemos recogido las profundas inquietudes de los trabajadores de la prensa, compañeros periodistas que cada día deben salir a las calles para tratar de conseguir información y cumplir honestamente la digna y honrosa función social que tiene el periodismo. Pero, además, Usted olvida en su carta que estamos recogiendo las preocupaciones que expone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (entre otros) frente al "creciente clima de polarización en el cual las agresiones y amenazas contra periodistas y medios de todas las líneas editoriales se han incrementado".

Fundamedios tiene documentada cada agresión en contra de periodistas y medios, pero no pedimos que nos crean a rajatabla, simplemente queremos que se investigue y de ser el caso se condenen las agresiones. Revise, por favor, el capítulo correspondiente al Ecuador en el último informe sobre la Libertad de Expresión en las Américas de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. Allí se lee lo siguiente: "Los pronunciamientos emitidos por un Presidente y otros funcionarios estatales de alto nivel pueden tener el efecto de polarizar a la sociedad e influir, mediante presiones arbitrarias, en los contenidos que transmiten los periodistas y medios de comunicación". Y el documento de la CIDH añade que es deber de los Estados: "Asegurar que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que generan un ambiente de intimidación que limite el derecho a la libertad de expresión. En particular, el Estado debe crear un clima en el cual todas las personas puedan exponer sus ideas u opiniones sin miedo a ser perseguidos, agredidos o sancionados por ello".

En ese contexto es la CIDH la que señala: "No obstante, se observa con preocupación las declaraciones del Presidente Rafael Correa en referencia a los medios de comunicación a quienes ha descalificado duramente, al tildar a la prensa, en diversas oportunidades, de ser "conspirador[a]", "corrupta", "desestabilizador[a]", "irresponsable" y "mentirosa". La Relatoría Especial aclara, además, que los funcionarios públicos pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión para controvertir aquellas expresiones cuyo contenido no consideren adecuado o exacto, o para responder a las críticas que consideren injustas o engañosas. No obstante, en dicho ejercicio, los funcionarios estatales están sometidos a limitaciones especiales".

Usted señala que los calificativos estigmatizantes se corresponden con la realidad y en su respuesta habla hasta cinco veces de que existen conspiraciones y complots de la prensa en contra del Gobierno actual. Si esto es así, le pedimos que públicamente devele esos planes y se pida a las autoridades judiciales que investiguen y de ser el caso sancionen a los responsables. Es lo que cabe en un sistema democrático frente a la posibilidad de la perpetración de un delito y eso es lo que debe hacer un funcionario público si sabe de algo que atenta contra la Constitución y las leyes. En este sentido, no vale la pena aferrarse de Eloy Alfaro, para decir lo que realmente piensa.

Usted se sorprende y me atribuye la autoría del principio de que "los funcionarios públicos tienen un deber de mayor tolerancia frente a la crítica. Para su conocimiento, esta "teoría" no es mía ni de quienes hacemos Fundamedios, se trata de uno de los elementos esenciales de la doctrina americana sobre la materia, las cuales están expresados en los Principios 10 y 11 de Libertad de Expresión de la CIDH:

"10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas.

11. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como "leyes de desacato" atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información".

Exactamente: en la actualidad -contrario a lo que dice en su carta- no es la prensa ni los periodistas quienes tienen privilegios ante la Ley, sino que son los funcionarios públicos los que tienen protección especial, como ha quedado patente en las sentencias a periodistas. Nosotros creemos que todos somos iguales ante la Ley y por eso hemos pedido y hemos iniciado procesos legales para que se deroguen caducas y feudales normas que hablan de la "majestad del poder" y los privilegios legales para altos funcionarios. Esto lejos de ser una "paradoja inverosímil", como señala en su carta, es también la posición del Gobierno ecuatoriano (o por lo menos de una parte, según parece) que está expresada en el Anteproyecto de Código Orgánico de Garantías Penales, y que según los representantes del Estado que acudieron a la audiencia de marzo del 2010 ante la CIDH no solo es promovido, sino impulsado desde el Estado.

Recordamos, como ha sido reiteradamente señalado por los órganos del sistema interamericano, en el marco de la Convención Americana, "el derecho a la libertad de expresión debe garantizarse no sólo en cuanto a la difusión de ideas e informaciones recibidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que ofenden, chocan, inquietan o resultan ingratas a los funcionarios públicos o a un sector de la población. Tales son, precisamente, las exigencias del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad verdaderamente democrática".

Nosotros pedimos en nuestra carta y lo volvemos a pedir ahora, que el Estado ecuatoriano dé claras señales de que es contrario a las agresiones en contra de los periodistas. No estamos acusando al Gobierno de estas agresiones, ni tampoco creo que se pueda considerar nuestra petición de investigación y condena de agresiones en contra de periodistas, como la imputación de atropellos más graves que los de "Pinochet y Somoza". Al respecto, además, cabe hacer una precisión histórica a su carta: en Nicaragua fue justamente un valiente periodista, Pedro Joaquín Chamorro, director de La Prensa de Managua, quien combatió a la dictadura y después fue asesinado por ella, crimen que desató la indignación popular que acabó con un Régimen perverso.

Señor Mora, creemos que cumplimos con nuestra obligación de alertar sobre una situación de hostilidad y un clima de agresión que está afectando el ejercicio del periodismo. Cumplimos, además, con pedir al Estado la investigación y condena de estos hechos. Su deber como funcionario público debiera ser ayudar a proteger los derechos y libertades ciudadanas. Ustedes pueden minimizar las alertas y descalificarnos, pero no creo que eso contribuya en nada a generar un mejor clima para un desarrollo democrático de nuestro país.

Finalmente, creo que es oportuno señalar que los ataques contra la prensa no son cosa nueva. En el primer periódico que se editó en estas tierras, Las Primicias de la Cultura de Quito, Eugenio Espejo ya decía: "Es vergonzísimo, Maestro Mío, escuchar a gentes... ¿Qué diré? Que parecen avisadas e instruidas, dar una explicación infeliz de todos estos objetos, y ministrar al resto del Pueblo bajo, ideas contrarias a su verdadero ser; haciéndoles concebir que v. Gr. Plan es un monstruo; Prospecto, un espantajo; Periódico, un animal de Maynas; Sociedad, un embolismo de ociosos; Suscripción, un grillete de forzados".