Buenos Aires, EFE. El Ejecutivo argentino promulgó este martes la primera ley de la polémica reforma judicial impulsada por el kirchnerismo, la que limita el uso de las medidas cautelares contra el Estado, mediante su publicación en el Boletín Oficial.

La ley establece que las medidas cautelares "sólo tendrán eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables", cuando comprometan "la vida digna, la salud, un derecho de naturaleza alimentaria o un derecho de naturaleza ambiental".

La norma contempla un límite máximo de seis meses, prorrogable por otros seis, para las cautelares y explicita que éstas no podrán afectar los bienes o recursos propios del Estado.

El Colegio Público de Abogados de Buenos Aires informó a los medios que recurrió este martes la norma ante la Justicia por "inconstitucionalidad".

Hasta ahora, un juez o tribunal argentino podía frenar la aplicación de una nueva ley hasta que su validez fuera confirmada mediante un fallo firme.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, denunció el pasado enero que existe "un desequilibrio total del sistema democrático, jueces gobiernan anulando decisiones propias intransferibles del Ejecutivo y Legislativo".

Fernández hacía referencia a las medidas cautelares que mantienen en suspenso la aplicación de la ley de medios audiovisuales, aprobada hace más de tres años por el Congreso argentino, y la nacionalización del recinto de la Sociedad Rural Argentina, decretado el pasado diciembre.

El Tribunal Supremo tiene ahora la palabra en la larga batalla judicial entre el Gobierno argentino y el grupo Clarín por la ley de medios audiovisuales, que obliga a los grandes conglomerados multimedia, con Clarín a la cabeza, a una fuerte desinversión.

Los polémica reforma judicial impulsada por el oficialismo incluye otras cinco iniciativas, entre la que sobresale la del Consejo de la Magistratura, que prevé aumentar de 13 a 19 los integrantes del órgano responsable de designar y destituir jueves y que sus nuevos miembros sean elegidos por voto popular.

El paquete legislativo se completa con la creación de tres nuevas cámaras de casación, con un proyecto de ley para democratizar el acceso a la Justicia, otro para publicitar los actos del Poder Judicial y un sexto de transparencia que obligará a publicar las declaraciones juradas de los funcionarios judiciales.