San Salvador. La máxima corte de El Salvador multiplicó este año por seis las investigaciones sobre presunto enriquecimiento ilícito, según un documento oficial del gobierno, que forman parte de los avances anticorrupción que Washington pide para liberar fondos clave destinados al desarrollo de la región.

El gobierno del ex guerrillero Salvador Sánchez Cerén resumió en un documento de dos páginas titulado "reporte de avances" sus acciones en el marco de la Alianza para la Prosperidad, un plan clave para impulsar el crecimiento y reducir la migración desde Guatemala, Honduras y El Salvador hacia Estados Unidos.

La Alianza para la Prosperidad nació impulsada por el ex presidente estadounidense Barack Obama tras la crisis migratoria de menores no acompañados en el 2014. Washington la ha utilizado para presionar por reformas anticorrupción, como sucedió en la reciente crisis política en Guatemala.

El Congreso estadounidenses ha condicionado los desembolsos a que los países receptores muestren su compromiso en el combate a la corrupción, mejoras en la seguridad ciudadana, generación de empleo en zonas deprimidas, cooperación migratoria y lucha contra el narcotráfico, entre otras condiciones.

"La Corte Suprema de Justicia informó que actualmente investiga 517 casos por presunto enriquecimiento ilícito, en contraste con 72 en 2016", enumera el documento, al que tuvo acceso Reuters y que podría ser publicado en octubre.

En el renglón "fortalecimiento de las instituciones democráticas", el Gobierno también destacó una reorganización y fortalecimiento de la Fiscalía, que contratará un centenar de fiscales auxiliares y un panel de expertos para cumplir los acuerdos internacionales anticorrupción.

Un portavoz de la Corte Suprema de Justicia confirmó a Reuters las cifras, que incluyen investigaciones al patrimonio del propio Sánchez Cerén, del presidente del Congreso Guillermo Gallegos y de varios altos funcionarios y diputados.

El Gobierno prefirió no comentar sobre el documento.

La Alianza para la Prosperidad nació impulsada por el ex presidente estadounidense Barack Obama tras la crisis migratoria de menores no acompañados en el 2014. Washington la ha utilizado para presionar por reformas anticorrupción, como sucedió en la reciente crisis política en Guatemala.

Inversión y seguridad. Aunque el Congreso de Estados Unidos recortó este año un 13% a US$655 millones los recursos de asistencia para los países centroamericanos, estos fondos siguen siendo vitales para las pequeñas economías del Triángulo Norte, una de las regiones más pobres y violentas del planeta.

Ente los avances económicos, las autoridades del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) enfatizan el establecimiento de 23 nuevas empresas en el empobrecido país centroamericano, "compromisos de inversión" por US$150 millones y casi 3.000 empleos directos.

El estatal Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador (Proesa) especificó a Reuters que se trata de montos acumulados entre junio del 2016 y mayo del 2017, y que incluyen tanto inversión de nuevas empresas como de las ya establecidas.

En materia de seguridad, un factor que tiene cada vez más peso en la migración por la violencia pandillera, el Gobierno informó de una reducción del 41% interanual de los homicidios a julio del 2017, pese a que El Salvador sigue siendo uno de los más peligrosos del mundo.

Además, el documento anuncia la creación de un "Observatorio de la migración" con la agencia de cooperación estadounidense USAID, sin más detalles sobre su misión. La USAID no respondió de inmediato a pedidos de comentario sobre el tema.