La Paz. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se abre al proceso de reforma de la norma plebiscitaria, una vez que finalice el periodo subnacional, el 25 de mayo. Organismos internacionales, partidos políticos y actores sociales demandan esta modificación. El Legislativo espera una propuesta.

Esta iniciativa no fue considerada por el TSE, pero surgió tras las críticas que recibió esta entidad por la cancelación de la personalidad jurídica de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD) en el Beni. Por efecto de la sanción, el 20 de marzo y a nueve días de los comicios, 228 candidatos quedaron fuera de las justas. Así se cambió el curso del proceso.

En esa región tropical, los benianos sufragaron para elegir a su gobernador con una boleta que tenía el 50% de veracidad, puesto que solo dos fotografías de cuatro correspondían a postulantes en carrera; uno había sido inhabilitado y otro sustituido.  

“La realidad es el mejor escenario para ver la aplicabilidad de la norma; si contradice la realidad, siempre hay espacios para proponer situaciones que vayan, fundamentalmente, a reformar la Ley 026 de Régimen Electoral para que tenga una coincidencia con la realidad”, dijo a La Razón el vocal Ramiro Paredes y añadió que “está abierta la posibilidad de modificar la norma” porque “todo es perfectible”.

Crítica. Ernesto Suárez, el líder y candidato a la Gobernación del Beni por el pacto opositor UD, fue el más “afectado” por esta decisión. “Quisieron matarnos políticamente de manera cobarde e injusta. Todos los poderes del Estado cerraron filas con el Gobierno para lograrlo”, indicó.

Paredes explicó que una iniciativa como ésa solo se puede discutir una vez concluido el proceso eleccionario en curso. Esto se producirá el 25 de mayo, tras la entrega de credenciales a las nuevas autoridades y la comunicación oficial de los resultados del proceso electoral al Legislativo.

Un día después de las justas, las misiones de observadores internacionales apuntaron sus críticas a ese flanco. Álvaro Colom, jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), desveló que días antes los observadores temían problemas serios en el Beni por las amenazas que surgieron en esa región de desconocer la legitimidad del sufragio por considerarlo atentatorio a la democracia. Opositores habían solicitado la suspensión de los comicios, pero el TSE negó esa posibilidad.

“La misión considera importante que se promueva un debate político y legislativo, a fin de salvaguardar las prerrogativas cívicas establecidas en los tratados internacionales y la Constitución”, reseñó una nota de la OEA.

Consenso. A esta solicitud se sumó la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore). El representante de esta entidad, el exvocal de la extinta Corte Nacional Electoral Salvador Romero, consideró que la reforma electoral debe “hacerse de manera consensuada entre los principales actores políticos”.

En este proceso debe participar el Órgano Electoral y, de ser posible, encontrar un “amplio” consenso ciudadano.