Santiago. El dolor y la pena generados por la represión del régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990), tras derrocar al presidente socialista Salvador Allende, perviven entre los chilenos y no se percibe que vayan a disiparse pronto.

Al celebrar este viernes el 42º aniversario de aquella tragedia, la presidenta Michelle Bachelet, quien junto a sus padres sufrió la represión, afirmó: "Aún faltan seres queridos cuyo paradero debemos saber, aún falta verdad por conocer y justicia por aplicar", reclamo que se escucha en el país desde hace mucho tiempo.

En un acto solemne en el Palacio de La Moneda, la mandataria hizo un llamado a "derribar los muros de silencio que nos impiden avanzar, aún hay privilegios que el Chile de hoy día no tolera, la conciencia de Chile exige superarlos".

Y, seguidamente, anunció: "Me encargaré de que el cumplimiento de la justicia sea igual para todos, es un compromiso ineludible que asumo personalmente".

El recuerdo de los más de 3,000 crímenes, más de 1, 200 desaparecidos y más de 40,000  torturados, ejecutados por las fuerzas armadas, mantiene en la tristeza a miles de familias, que en estos días piden de nuevo "verdad y justicia" que, al parecer, no llegarían nunca.  

Bachelet aseguró que el país se encamina a lograr "más verdad, más justicia y reparación", tarea que tendrá la nueva Subsecretaria  (viceministerio), que está en trámite en el Congreso, para impulsar la derogación de la Ley de Amnistía y los procesos contra los represores.

Pinochet dictó la Ley de Amnistía, mediante un decreto aprobado en 1978 para proteger del procesamiento judicial a aquellos militares sospechosos de haber cometido actos represivos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

Los gobiernos democráticos no han podido derogar esa legislación por la oposición de los militares y los partidos de la derecha. En 2014, el gobierno de Bachelet declaró que se comprometía a derogar la Ley de Amnistía, en respuesta a una solicitud de las Naciones Unidas.

La cancillería ha señalado que "si bien aún está vigente, la Ley de Amnistía no se aplica", indicando que los tribunales chilenos se han alineado con la doctrina de la Corte Interamericana de Justicia", lo cual ha sido rechazado por las organizaciones de familiares de las víctimas.

Esa ley siembre ha despertado rechazo entre la mayoría de los chilenos, alegando que lleva muchos años sin utilizarse y debe ser derogada.

El 11 de septiembre del pasado año, la mandataria expresó: "Muchos han muerto a la espera de la justicia, muchos han muerto guardando silencio. Basta ya de esperas dolorosas y de silencios injustificados. [...] es el momento de hermanarnos en la verdad" .

En 1998, la Corte Suprema de Chile, por primera vez, resolvió que esa ley no debía aplicarse a casos de víctimas de la represión, lo que permitió el avance de investigaciones cruciales.

Desde entonces, la corriente ha cambiado a favor de un aumento de las investigaciones sobre las detenciones sistemáticas y arbitrarias, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas ocurridas bajo el mando de Pinochet.

A pesar de la gran represión, sólo un centenar de militares han sido condenados y dos de ellos se han suicidado para no cumplir las penas impuestas por los tribunales. Además, murió el general Manuel Contreras, que cumplía más de 500 años de cárcel por ser reponsable de miles de crímenes.

Las condenas han sido posibles por los valiosos testimonios aportados por los abogados, aunque hay muchos militares que se han beneficiado por la Ley de Amnistía. Su existencia indica que Chile aún no está dispuesto a luchar contra la impunidad.

También se comenzó el procesamiento de 15 miembros de la policía secreta de Pinochet por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria Espinoza, cometido en 1976, considerado un logro porque la decisión anterior fue archivar el caso porque estaba dentro de los delitos protegidos por la Ley de Amnistía.

Igualmente, 75 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet, fueron condenados a entre 13 y 14 años de prisión en relación con la desaparición forzada, en 1974, del estudiante Jorge Grez Aburto.

Según la Corte Suprema, hay abiertos casi un millar de casos contra militares represores, 72 de ellos relativos a denuncias de tortura. Además, 279 ex militares habían sido declarados culpables en juicios ante tribunales ordinarios en relación con esos delitos, y 75 cumplían penas de prisión.