Una lista de varios comisionados generales que deben ser separados de la Policía Nacional se encuentra ya en manos del Presidente y su ministro de Seguridad.

Según los informes a los que tuvo acceso El Heraldo, lo único que resta para que estos sean separados, por la comisión de faltas administrativas y omisión en la lucha contra la criminalidad, es que los acuerdos de separación sean firmados.

La decisión podría tomarse esta misma semana, como una respuesta contundente a la exigencia de la sociedad de que exista un verdadero proceso de depuración.

El fin de semana, El Heraldo reveló en exclusiva un listado de 40 policías, entre oficiales y agentes, que fueron separados.

En la lista hay once oficiales, de los cuales, nueve han sido separados y dos suspendidos de sus cargos. Entre los separados hay un subcomisionado, tres comisarios, un subcomisario, un inspector y tres subinspectores. Además, fue separado un policía clase 1, todos los demás son agentes de la escala básica.Las separaciones se hicieron en base a la Ley Orgánica de la Policía.

El artículo 4, numerales 9 y 11, de la ley establece las atribuciones conferidas por ley: velar por el correcto funcionamiento de la Policía Nacional y ordenar de inmediato las acciones disciplinarias que correspondan conforme a la ley y, si hubiese indicio de la participación de un delito, poner la denuncia de inmediato ante el Ministerio Público.

En ese sentido, el vocero de la institución policial, Héctor Iván Mejía, reveló que el listado fue remitido al Ministerio Público para que sea el ente fiscalizador quien determine si hubo o no comisión de delitos.

En el caso de Seguridad, se estableció que la separación fue por "faltas administrativas". Además, El Heraldo conoció que con anterioridad, la Secretaría de Seguridad había remitido al Tribunal Superior de Cuentas un listado con varios nombres de oficiales y policías sobre los cuales pesa la presunción de enriquecimiento ilícito.

El Heraldo tuvo acceso a los nombres, sin embargo, en aras de no entorpecer las investigaciones, evitó publicarlos.En los listados consta que varios de los policías separados están siendo investigados por enriquecimiento. Por tanto, estos uniformados deberán explicar, una vez efectuadas las investigaciones, cómo ellos o sus parientes obtuvieron los bienes que tienen en su poder. Para el caso, se supo que uno de los incluidos en la lista de separados tiene una cuenta bancaria con varios millones de lempiras, pese a que su ingreso mensual apenas supera el salario mínimo.

En el listado enviado al TSC, Seguridad solicita información específica de tres oficiales, un comisionado y dos subinspectores. Se precisa investigar cuentas bancarias, propiedades de los oficiales y bienes inmuebles.En la nota se justifica la petición por indicios de vinculación con el narcotráfico y crimen organizado. No se conocen mayores detalles, ya que la solicitud y el expediente abierto se manejan con absoluta confidencialidad, expresó la fuente.

El escrito lo remitió la Dirección de Asuntos Internos. De detectarse indicios de responsabilidad penal, la fiscalía puede iniciar la acción penal por la comisión de delitos como lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La primera diligencia que se realizará es solicitar a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, y al Instituto de la Propiedad, un reporte de bienes y recursos. Para el caso, en el primer listado de 40 separados, hay varios de ellos a quienes ayer no se les pudo entregar su notificación porque no se presentaron a sus labores. Otros uniformados separados tienen prisión preventiva, incluso por participación en homicidios y asaltos bancarios.

También trascendió que la lista tenía más nombres de oficiales, sin embargo, el proceso se frenó porque varios de ellos solicitaron vacaciones. Durante sus vacaciones, las notificaciones de separación no pueden ser entregadas. Diligencia en el MP Hace dos semanas se informó sobre una solicitud que hiciera el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, a la Fiscalía General, referida a constatar referencia de cinco comisionados de policía.

Bonilla solicitó al fiscal general, Luis Rubí, confirme si cinco comisionados de policía son o no investigados por el ente acusador del Estado.

Fuentes allegadas a la Secretaría de Seguridad confirmaron a El Heraldo la petición de Bonilla, que se formalizó con la remisión del oficio No. 959-2011, fechado 8 de noviembre, dirigido a Rubí.

Podredumbre. Recientemente, se denunció la podredumbre en postas policiales, como los "carteles" de La Granja y Belén, vinculadas a extorsiones, secuestros, sicariato, robo de vehículos y motos, asaltos a casas y cobros ilegales a puntos de taxi, expendios de bebidas, chiveadas, centros de prostitución y centros de distribución de droga.

De acuerdo a las investigaciones efectuadas por El Heraldo, de estas actividades ilícitas se habrían lucrado oficiales y agentes policiales.Para el caso, se supo que por carro robado los policías miembros del "cartel de La Granja" cobraban 50.000 lempiras y 5.000 lempiras por moto.

Carros y motos se entregaban en un taller ubicado dentro de los límites de La Granja. Además El Heraldo reveló que en la posta de Belén las armas decomisadas no eran reportadas ni a la jefatura Metropolitana ni a Casamata, por lo que posteriormente se cobraba a sus propietarios, se vendían o se empeñaban.

Además, El Heraldo reveló que altos mandos de la Policía hacían cobros a oficiales de menor rango por mantenerlos en los cargos. Los cobros se hacían según el cargo y la localidad a la que estaban asignados.