El 10 de diciembre entra en vigor una ley que propicia, entre otras cuestiones, la desconcentración de las licencias de radios, señales de cable y TV abierta. Por el momento hay 25 grupos excedidos, pero solo uno en pie de guerra: Clarín.
Todos los domingos Canal 13, propiedad de Grupo Clarín, emite el programa Periodismo para todos, que conduce Jorge Lanata. Allí el periodista critica al gobierno argentino y a todo lo que le suene a chavismo. Esto parecería un ejercicio periodístico normal, de no ser por las denuncias hechas por el propio Lanata hace tan sólo tres años (en un canal de la competencia) acerca de la infinidad de negocios del Grupo Clarín no sólo en medios de comunicación.
En ese entonces Clarín afirmaba que la nueva ley de medios haría desaparecer a TN, una de sus seis señales de cable, lo que Lanata refutó: “Vos no podés tener un canal de aire y uno de cable a la vez, pero sí podés tener hasta nueve señales que no sean nacionales y dentro de ellas podría mantener TN”.
Nace una ley. La Ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual fue un hito importante en la democracia argentina. Promulgada el 10 de octubre de 2009, nació de una preocupación de diversos actores sociales que confluyeron en 2004 en lo que se llamó Coalición por una Comunicación Democrática. Después de algunos años se convirtió en un anteproyecto que fue recogido por Cristina Fernández, pero antes de ser transformado en proyecto se discutió en 24 foros a lo largo del país. Una de las personas que sistematizaron esa información fue Mariana Baranchuk, hoy asesora de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que tiene como misión “aplicar, interpretar y hacer cumplir la ley” y la potestad de “adjudicar y prorrogar, en los casos que corresponda, y declarar la caducidad de las licencias, permisos y autorizaciones”.
Según Baranchuk el gran cambio de esta norma es que “no se apoya en una concepción de la comunicación como mercancía, sino como derecho humano”. La ley de servicios de comunicación audiovisual establece explícitamente que la actividad que realizan los medios de comunicación audiovisual se considera “de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población, por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”. Otro objetivo aun más importante es promover la desconcentración de medios y fomentar la competencia.
¿Ley para todos? Este punto ha sido el más controversial. En Argentina existen ocho grandes medios de comunicación: Clarín, Uno y América, Telefónica, Cristóbal López, Prisa, Moneta-Garfunkel, Albavisión, Grupo 23-Szpolski. Pero de todos ellos, sólo Clarín optó por oponerse a la nueva ley, entablando una medida cautelar que fue acogida por los tribunales. Esta actitud se explica porque la ley fija un límite de 24 licencias de TV por cable y 10 señales abiertas, incluyendo radios AM, FM y TV abierta. Pero además señala que las empresas de cable podrán tener hasta el 35% del mercado y Cablevisión y Multicanal (ambas de Clarín) poseen, según información del diario Perfil, un 47%.
El grupo es tan grande que, según cifras de la AFSCA, tiene más de 250 licencias de cable. Otras versiones afirman que son sólo 158. En cualquier caso, si quiere adecuarse a la ley, deberá “desprenderse” de a lo menos 134 licencias. Martín Becerra, especialista en medios y políticas de comunicación y autor del libro Wikimedialeaks, cree que si bien no será tarea fácil hacerlo en tan poco tiempo, los caminos son cuatro: fusionar las licencias de cable de localidades vecinas, separar en distintas sociedades la propiedad de las redes de cable de la oferta de contenidos, diversificar las sociedades y vender o enajenar. Pero, más allá de esto, Becerra plantea la necesidad de “un plan de adecuación que incluya plazos razonables para su concreción”. Ello porque se habría puesto especial empeño “en hacer cumplir la ley a Clarín y no al resto de los grupos, con las que ha tenido una especial condescendencia”.
El periodista de Página 12, Sebastián Premici tiene otra visión respecto al tema. Para él, la situación de Clarín se explica porque parece que sus dueños jamás pensaron que la ley llegaría a aplicarse: “De hecho el plazo de desinversión había terminado a fines del año pasado, y la corte le dio un año más”. Premici agrega que el resto de los grupos que están fuera de la cautelar presentaron planes de adecuación. No obstante, Mariana Baranchuk admite que esto no fue así, ya que si el gobierno hubiera avanzado en la aplicación de la norma sobre el resto de los grupos, “empoderábamos a Clarín, así es que esperamos la resolución de la cautelar y decidimos que empezaran todos al mismo tiempo”.
Batalla legal. Por el daño que el Grupo Clarín veía a su patrimonio recurrió a la cautelar, que en términos prácticos implicó la suspensión de la aplicación de la ley. Para Laura Alonso, politóloga y diputada del PRO, la ley de medios tiene nombre y apellido: “destruir a Clarín”. Para Alonso lo que mueve al gobierno y específicamente movió a los Kirchner en 2009 fue un hondo resentimiento hacia el grupo por “haber desatado y ‘fogoneado’ la crisis de la soja en 2008”. Desde su perspectiva la estrategia del grupo en los tribunales es comprensible, ya que defiende el “derecho a la propiedad”.
En mayo pasado la justicia decretó el fin de la medida cautelar para el próximo 7 de diciembre. Dicho de otro modo, la ley entra en vigor al día hábil siguiente, o sea, el lunes 10 de diciembre, día universal de los derechos humanos.
Como dato oficial: hasta mediados de octubre había 25 grupos excedidos, aunque Uno y América, Telefónica y Cristóbal López habían anunciado “planes de adecuación” en los que se desprenderían de radios. Clarín, por su lado, demostró su voluntad de desinvertir al desprenderse de una subsidiaria de Cablevisión en Paraguay a una subsidiaria de Millicom International Cellular por US$150 millones. Para la asesora de la AFSCA, “la desinversión debe ocurrir en Argentina”.
En lo que sí el grupo ha puesto mucho empeño ha sido en las impugnaciones constitucionales a un artículo transitorio de la ley de medios y en la batalla mediática que ha dado contra el gobierno. En Argentina no hay Tribunal Constitucional, por lo que la eventual inconstitucionalidad del artículo la está viendo, aunque parezca broma, una cámara comercial dedicada a otorgar patentes.
Mientras, el programa de Lanata sigue pegándole al gobierno con humor. Durante las últimas elecciones venezolanas la actriz que encarna a Cristina Fernández recibió con horror a un Hugo Chávez que irrumpió en el estudio golpeando una cacerola: “¡No lo puedo creer! Lo último que faltaba, que vos también, Chávez, me hagas un cacerolazo (en alusión a las recientes protestas contra el gobierno)…” A lo que el comandante respondió: “Pero no, Cristina, es a este gordito pitiyanqui al que lo estamos caceroleando, pues, a este cachorro del imperio… ¡Que se vaya el gordo!”.
