El cerebro detrás de Odebrecht en Colombia, el que se encargó de tender los puentes con el Gobierno, el interlocutor de la firma brasileña ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quien estuvo detrás del contrato con el polémico Otto Bula y que hoy es el testigo principal ante la Procuraduría y la Fiscalía es Yezid Arocha. El Espectador conoció una de las declaraciones que el reputado profesor de derecho administrativo de la Universidad Externado rindió ante las autoridades y en la cual explicó su rol en el escándalo del pago de sobornos a funcionarios públicos. Actualmente está a la espera de firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía.

Arocha dijo el pasado 10 de febrero que se vinculó a Odebrecht desde el 1º de febrero de 1998 como abogado. De ahí pasó a ser asesor jurídico y luego director de esa dependencia. Agregó que en 2010 se convirtió en el representante legal y que hoy, un mes y medio después de que estallara el escándalo de corrupción, es el director jurídico con funciones de representación legal y su objetivo es colaborar con la justicia, indemnizar al Estado colombiano e intentar que las empresas de Odebrecht —ya intervenidas por la Superintendencia de Sociedades— sigan funcionado.

Sobre los hechos de corrupción que rodearon la licitación del sector 2 de la Ruta del Sol en 2009, Arocha explicó que el entonces presidente de Odebrecht, Luiz Bueno, fue citado por el ex viceministro de Transporte y director (e) del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) Gabriel García, para que le pagaran US$6,5 millones con el fin de asegurar la licitación. “Pago que efectivamente se hizo con dineros que no salieron de Colombia ni de Brasil, sino de cuentas offshore que tiene la compañía (Odebrecht) y que fueron depositados en cuentas offshore”, sostuvo Arocha.

El profesor del Externado manifestó que Odebrecht denunció a Gabriel García por la solicitud de los US$6,5 millones. Es decir, que fue la misma empresa brasileña la que puso de presente en la Fiscalía los hechos de corrupción que permitieron la captura de García Morales, quien terminó aceptando cargos por los delitos de cohecho propio —aceptar sobornos—, celebración indebida de contratos y enriquecimiento ilícito. Lo que se ha establecido es que García recibió esos dineros a través de la empresa panameña Lurion Trading y que la plata ingresó a Colombia a través de terceros, ya identificados por la Fiscalía.

A Arocha también se le preguntó sobre el crédito que el Banco Agrario le entregó al consorcio Navelena, encargado de recuperar la navegabilidad del río Magdalena.

El representante legal de Odebrecht en Colombia indicó que, en cuanto al caso del excongresista Otto Bula, se trató de un contrato de lobby político para que apoyara a la empresa en el trámite de la adición de la construcción de la vía Ocaña-Gamarra al contrato de la Ruta del Sol. Arocha precisó que ese contrato tenía una cláusula que expresamente prohibía que Bula realizara pagos a funcionarios públicos. “Con base en la información que nosotros dimos se procedió a la captura de Bula y a la imputación de cargos, que Bula no aceptó”, dijo.

“No había pago a funcionarios públicos con fundamento en los documentos que aportamos”, es la razón de Arocha para indicar por qué no se denunció a Bula al igual que a García. Al explicar las cláusulas del contrato, el representante de Odebrecht dijo que eran para prevenir la corrupción. Hizo referencia a tres. La primera establecía que Bula no podía representar ni comprometer a Odebrecht; la segunda, que su labor debía regirse bajo las leyes colombianas, y la tercera era el impedimento para pagar coimas a funcionarios públicos. “Hay que indicar que la primera razón por la cual el pago (a Bula) fue registrado como indebido por EE. UU. y por el Ministerio Público brasileño es porque en Brasil este tipo de contratos de asesoría o de lobby son considerados conductas delictivas. Y la segunda razón es porque el pago fue realizado por cuentas offshore que no estaban registradas”, señaló Arocha.

Sobre el tema del tráfico de influencias en la ANI, Yezid Arocha dijo que no tenía conocimiento de él, pues las gestiones del contrato de la Ruta del Sol recayeron exclusivamente en la Concesionaria Ruta del Sol. Es decir, ese consorcio, del cual Odebrecht es socio en 62 %, Episol —filial de Corficolombiana— en 33 % y el grupo Solarte en menos de 5 %, actuó de forma independiente para negociar y firmar los otrosíes con la ANI. Además explicó que han sido múltiples los problemas sociales y ambientales para cumplir con el cronograma de construcción del sector 2 de la Ruta del Sol, que hasta el momento ha avanzado un poco menos del 60 %.

A Arocha también se le preguntó sobre el crédito que el Banco Agrario le entregó al consorcio Navelena, encargado de recuperar la navegabilidad del río Magdalena. El representante legal de Odebrecht dijo que él no manejaba el tema y que la información se la podían pedir al representante legal del consorcio, Jorge Barragán Holguín. Lo mismo sucedió cuando le preguntaron por Jorge Pizano, exgerente del Acueducto de Bogotá y salpicado en los presuntos actos de corrupción en el contrato Tunjuelo-Canoas, por el que Odebrecht también habría pagado coimas en la Alcaldía de Bogotá.

“Sí conozco al señor Jorge Pizano porque es el controller de la Concesionaria Ruta del Sol, pero nunca ha sido funcionario de Odebrecht. El señor Pizano es funcionario de Corficolombiana”, expresó Yezid Arocha. Según testificó, Pizano, a quien vinculaban con Odebrecht, en realidad entró a trabajar a la Concesionaria Ruta del Sol luego de que Corficolombiana decidiera nombrarlo como su representante para monitorear y verificar el cumplimiento de la operación del contrato de la Ruta del Sol. Agregó que a Pizano no lo conoció durante su pasó por la gerencia del Acueducto de Bogotá sino en las juntas directivas de la concesionaria.

Lo que se puede entender a partir de la declaración de Yezid Arocha es que el testigo está aportando información en dos líneas investigativas, en cuanto a la adjudicación del sector 2 de la Ruta del Sol en 2009 y de la adición de la vía Ocaña-Gamarra en 2014. Respecto a Jorge Pizano o conductas irregulares en el interior de la ANI, manifestó ser ajeno al tema. Por ahora, uno de los cerebros de toda la operación de Odebrecht en Colombia está a la espera de recibir inmunidad total por parte de la Fiscalía a cambio de su colaboración.