No hay una rama del poder público que no esté inmersa en el debate que suscitó la destitución e inhabilidad por 15 años que le impuso la Procuraduría de Alejandro Ordóñez al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

La figura de izquierda que más alto ha escalado en lo electoral en los últimos años y la de mayores proyecciones políticas puso el ajedrez nacional a ‘jugarse’ alrededor de la legitimidad de ese fallo y de sus efectos en la democracia criolla.

Tan es así, que hoy no hay un solo candidato o partido que no opine o tenga intereses en el desarrollo de la discusión alrededor de dicha decisión. Incluso, dicen algunos, el procurador convirtió a Petro en uno de los ejes de la actual discusión electoral de 2014, tanto para Congreso como para Presidencia de la República.

Lo cierto es que, como están las cosas, lo que para un sector significativo de la opinión pública es una decisión “legítima y en derecho” del Ministerio Público y para otros una “afrenta a la democracia”, terminó afectando toda la institucionalidad colombiana. Por ejemplo, la cúpula de la Rama Ejecutiva —representada por el presidente Juan Manuel Santos— adquirió un papel trascendente en el berenjenal que abrió la determinación de la Procuraduría desde que Petro dijo que el primer mandatario era el único facultado para desestimar dicho fallo. Pero lo que está claro, por ahora, es que el jefe de Estado no coincide con esa postura y ya ha dejado entrever que de ninguna manera desafiará los poderes del Ministerio Público.

“Ese es un caso en el que el presidente de la República tiene que ceñirse a la Constitución, a las leyes, a las instituciones (...) yo defiendo la institucionalidad. Por supuesto que siempre estamos respetando los fallos de la justicia y esa es nuestra obligación, eso fue lo que juramos cumplir”, le dijo ayer Santos a Caracol Radio. Lo que se dice en voz baja es que en la Casa de Nariño y en los círculos cercanos al mandatario no quieren que entre en la discusión o que, si lo hace, sea ‘por los laditos’, pues en pleno debate electoral tomar partido puede ser una jugada riesgosa. No sólo porque Petro ha demostrado ser un factor polarizante en la opinión pública, sino porque tomar una decisión poco ortodoxa implicaría someter al país a un desbarajuste institucional que sólo sería útil para el petrismo y para sectores políticos que creen que una crisis les daría el chance de ‘pescar en río revuelto’. Mejor dicho, entre menos piedras eche Santos al río, menos sonará.

“Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la Procuraduría, pero ese desafío a las instituciones no puede ocurrir. Yo creo que ese cambio de jurisprudencia, y me siento en la obligación de decírselo al país y asumir la responsabilidad de mis palabras, es poner instituciones de la justicia al servicio de una política, de la política Castro-chavista en alguna forma encarnada por la Alcaldía de Bogotá". Álvaro Uribe.

La Fiscalía, por su parte, ha desafiado la omnipotencia que se le atribuye al procurador. Abrió una indagación preliminar sobre el posible complot de empresarios y lo que Petro denomina la extrema derecha; en una espectacular diligencia “allanó” las oficinas del Ministerio Público buscando los fundamentos de la sanción y el mismo fiscal, Eduardo Montealegre, ha insinuado que el presidente Santos —como lo sostiene Petro— sí tiene poderes para frenar a Ordóñez. Tan es así que ayer el expresidente Francisco Santos, a quien muchos endilgan estar interesado en suceder al alcalde, tuvo que comparecer ante el ente acusador para aclarar si hizo parte o no de un supuesto complot que desencadenó en la decisión de Ordóñez.

Una muestra de que el debate tiene que ver con lo electoral es el protagonismo que adquirió el registrador Carlos Ariel Sánchez. Al cierre de esta edición, la Registraduría no había descartado cambiar la fecha (2 de marzo de 2014) para la votación de la revocatoria, o la refrendación, del mandato de Gustavo Petro. El alcalde le ha pedido que no la cambie, pues así lograría que antes de que quede en firme la decisión del procurador su gobierno se refrende en las urnas (por lo menos esa es su esperanza). Sin embargo, el mismo registrador ha dejado entrever que no piensa invertir recursos públicos en unos comicios que deciden sobre un gobierno que tambalea jurídicamente. Además, en caso de que programe la revocatoria, tiene la responsabilidad de mantener el equilibrio en el calendario electoral para el Congreso y la Presidencia, cuyas votaciones están previstas para el 9 de marzo y el 25 de mayo (primera vuelta), respectivamente.

Los partidos y los mismos políticos también han abierto el sonajero en caso de que Santos tenga que nombrar un alcalde provisional y la Registraduría convoque a elecciones atípicas para Bogotá. Francisco Santos, Gina Parody, David Luna, María Fernanda Campo, Carlos Vicente de Roux, Enrique Peñalosa y hasta Germán Vargas Lleras han sido algunos de los nombres que se han puesto a sonar en la esfera política capitalina. El representante a la Cámara Miguel Gómez, promotor de la revocatoria contra Petro e impedido para participar en unas eventuales elecciones, dice que hay que buscar una transición que no polarice para concluir el plan de desarrollo de Petro. Además, hay quienes aseguran que estaría buscando aliados para un nuevo movimiento de centro derecha en Bogotá, que tome el lugar que habrían dejado colectividades como Cambio Radical, hoy metida de lleno en la coalición santista de la Unidad Nacional.

Ese acuerdo al que se refiere Gómez es un acercamiento entre el petrismo, su oposición y el mismo gobierno Santos, en el que no se designaría un gran opositor a la alianza Verdes-Progresistas para participar en las eventuales elecciones atípicas. Como la mayoría de las figuras afines al actual alcalde están en la administración, o son candidatos a Congreso, o están sancionadas disciplinariamente, la alternativa que quedaría sería la del concejal Carlos Vicente de Roux. Sin embargo, hasta el momento éste ha desestimado el tema y ha dicho que su prioridad, y la del movimiento del alcalde, es que Gustavo Petro se mantenga en el Palacio Liévano.

Eso sí, partidos como el Conservador y el Liberal han clamado por que se respete la decisión de la Procuraduría, en aras de salvaguardar la institucionalidad. Los azules, por ejemplo, reiteraron total respaldo a Ordóñez. “El señor procurador ha demostrado en el ejercicio de su cargo transparencia en sus decisiones, las cuales han estado lejos de tendencias políticas o religiosas y por el contrario han demostrado una independencia sustentada siempre en argumentos jurídicos. El respeto a las instituciones es reclamado insistentemente en el país. Por ello hacemos un llamado para que se acate esta decisión y se evite el continuo roce entre las distintas ramas del poder, que abre paso a la desinstitucionalización que tanto daño le hace a la democracia colombiana”, expresó la colectividad a través de un comunicado público. Por su parte, el director del liberalismo, representante Simón Gaviria, le pidió a Petro acatar el fallo y ejercer su defensa desde fuera del cargo.

Hasta en los organismos de control ha tenido efectos la decisión del procurador. El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, se declaró impedido para continuar la investigación contra el Acueducto, la Unidad de Servicios Públicos y Aguas de Bogotá, y funcionarios y exfuncionarios del gabinete de Petro, que determinará si con la implementación del nuevo esquema de aseo en la ciudad se violó el derecho a la libre competencia. Robledo tomó la decisión por tener amistad con una de las empresas privadas, según explicó un abogado del caso. Ahora el presidente Juan Manuel Santos deberá nombrar un superintendente ad hoc para que continúe el proceso.

Claro, en pleno debate electoral a Congreso y Presidencia, el choque Petro-Ordóñez da para que todos quieran sacar provecho, buscando votos. Y el ex presidente Álvaro Uribe, hoy candidato al Senado, no ha desaprovechado la oportunidad. “Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la Procuraduría, pero ese desafío a las instituciones no puede ocurrir. Yo creo que ese cambio de jurisprudencia, y me siento en la obligación de decírselo al país y asumir la responsabilidad de mis palabras, es poner instituciones de la justicia al servicio de una política, de la política Castro-chavista en alguna forma encarnada por la Alcaldía de Bogotá. Y ninguna institución de la justicia puede ponerse al servicio de alguna expresión de la política, eso es un principio de deterioro de la institucionalidad en un país democrático”, dijo ayer el exmandatario en entrevista para la FM de RCN Radio, refiriéndose al fallo de la tutela en el Tribunal Superior de Cundinamarca, que suspendió la destitución de Petro por el momento.

En ese tire y afloje, queda claro que aún falta mucha tela por cortar, pues resta conocer el camino que tome la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a las medidas cautelares solicitadas por Petro y la postura que asuma el presidente Santos en caso de que sean avaladas. O la posición definitiva que tome el Tribunal de Cundinamarca sobre la mencionada tutela y, dado el caso, el Consejo de Estado, si se llega hasta esas instancias. Poder Ejecutivo, Rama Judicial, Organización Electoral, Procuraduría y otros órganos de control, Alcaldía de Bogotá, organismos internacionales, movimientos políticos. Todos —algunos sin querer queriendo— inmiscuidos en un tormenta cuyas consecuencias aún están por verse.