La Habana. Ocho personas están detenidas por el caso de robo y venta del examen de matemáticas para el ingreso a la universidad, que llevó a la repetición de la prueba en La Habana, informaron en una nota conjunta los ministerios de Educación Superior (MES), de Educación (Mined) y del Interior (Minint).

Entre los arrestados figuran cinco profesores de preuniversitario, una metodóloga, un trabajador de una imprenta del MES y una persona no vinculada al sector educacional.

El pasado 20 de mayo el MES reconoció que unos estudiantes de La Habana conocieron previamente el cuestionario de la prueba de matemáticas y ordenó repetir el examen en la capital cubana, además de dar a conocer la detención de tres personas vinculadas a los hechos.

"Como resultado de las investigaciones practicadas hasta el momento por las autoridades competentes, han sido detenidos por el Organo de Instrucción del Ministerio del Interior ocho personas, todos involucrados de manera directa en la filtración y venta de las pruebas", indicó el texto publicado este lunes en el diario oficial "Granma".

Según los resultados preliminares, los inculpados "confesaron su participación" en los hechos.

"Se ha comprobado durante el proceso de instrucción, que los materiales filtrados se co­mercializaron inescrupulosamente por los cinco profesores implicados, algunos de los cuales vendieron los exámenes y otros se dedicaron a repasar el contenido del temario a los alumnos, cobrando por este servicio", señaló el documento.

También se conoció que el trabajador de la imprenta del MES sustrajo los exámenes de Matemáticas, Español e Historia, pero los temarios de los dos últimos pudieron ser sustituidos antes de su aplicación a los estudiantes.

Los tres ministerios aseguraron que los hechos serán castigados, y que actualmente trabajan "de conjunto con la Fiscalía General de la República en la obtención de los medios de prueba para presentarlos ante los tribunales".

"Tales he­chos, que atentan contra el prestigio de nuestro sistema educacional, nunca quedarán impu­nes y encontrarán siempre el repudio de maestros, padres y estudiantes", sentenciaron las entidades.

El Código Penal de la isla contempla que en el caso de aquel funcionario o empleado que intencionalmente revele el contenido de pruebas o exámenes a los alumnos de centros docentes oficiales puede cumplir de tres meses a un año de privación de libertad, y si este hecho se realizara con ánimo de lucro la sanción sería de seis meses y hasta dos años de cárcel.