Caracas. Este lunes entró en vigor la Ley Habilitante Antiimperialista para la Paz recién aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela que da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro para dictar disposiciones legales con vistas a proteger a su pueblo y nación de agresiones internas y externas.

La Gaceta Oficial de este país suramericano publicó este lunes la legislación de cuatro capítulos que autoriza al jefe de Estado hasta el próximo 31 de diciembre a promulgar decretos con rango, valor y fuerza de ley para garantizar la soberanía nacional.

De acuerdo con el texto de la habilitante, el propósito es otorgar al mandatario prerrogativas para dictaminar en el ámbito de la libertad, la igualdad, la justicia y paz internacional, la independencia, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional.

En este sentido, indica el documento legal, se reforzará la "protección contra la injerencia de otros Estados en asuntos internos de la República, acciones belicistas, o cualquier actividad externa o interna, que pretenda violentar la paz, la tranquilidad pública y el funcionamiento de las instituciones democráticas, por un mundo más seguro".

Asimismo busca fortalecer las alianzas de Venezuela con los países latinoamericanos y caribeños, estableciendo "coaliciones que consoliden la soberanía regional, en resguardo a la dignidad de todos los pueblos del continente".

La Ley Habilitante Antiimperialista fue aprobada este domingo en segunda discusión por la mayoría oficialista del Parlamento venezolano, como una medida legislativa ante las recientes acciones injerencistas del gobierno de Estados Unidos contra Caracas.

Especialmente la orden ejecutiva firmada el lunes pasado por el presidente Barack Obama donde definía a esta nación suramericana como una "amenaza inusual y extraordinaria" a la seguridad de su país.

Frente al peligro que representan estas declaraciones, según el jefe de estado bolivariano, un día después solicitó a la Asamblea Nacional discutir y someter a votación la habilitante para dotarse de instrumentos legales reconocidos por la Constitución a fin de afrontar la compleja coyuntura por la que atraviesan actualmente las relaciones entre Caracas y Washington.

La normativa es la segunda otorgada a Maduro en su periodo presidencial y la sexta sancionada por el Parlamento en los 16 años de Revolución Bolivariana.