Sao Paulo. Una crisis política en Brasil comienza a salirse de control a medida que surgen casi a diario nuevas acusaciones de sobornos y la presidenta Dilma Rousseff parece una mera espectadora, sin mucho que hacer para impedir que las consecuencias se extiendan a la economía.

Reportes de medios el fin de semana detallaron acusaciones de corrupción o supuesta malversación que involucran a cinco miembros del gobierno de Rousseff, entre ellos su jefa de Gabinete, además de los ministros de Ciudades, Turismo, Comunicaciones y Relaciones Institucionales.

Esa situación elevó el riesgo de más salidas del gobierno, que ya ha cambiado a cuatro ministros desde junio.

Cada día que pasa, la ola de escándalos parece menos una lucha coordinada anticorrupción conducida por Rousseff, como lo han presentado algunos funcionarios del gobierno y de medios de comunicación, y es vista más como algo peligroso e impredecible.

Dinero, principal actor. Funcionarios dijeron a Reuters que la crisis parece limitarse a un factor principal: el dinero, específicamente una repentina carencia de este debido a recientes recortes presupuestarios.

Políticos disgustados con los recortes comenzaron a filtrar a los medios información dañina sobre funcionarios de Gobierno y desde entonces ha escalado en una lucha entre facciones rivales dentro del Congreso.

Aunque los mercados financieros de Brasil han sorteado la crisis hasta ahora, eso podría cambiar si surgen nuevas acusaciones que involucren al círculo interno de Rousseff o si miembros descontentos dentro del Congreso tratan de sabotear sus políticas económicas, como han amenazado públicamente algunos.

"La verdad es que (Rousseff) quiere que esto termine lo más pronto posible", dijo un funcionario que habló bajo condición de anonimato. "Ella no es la que está buscando esto", agregó.

La distinción es crítica porque, si Rousseff no está liderando una lucha contra la corrupción, significa que tiene poca o ninguna capacidad para detener la ola de escándalos.

Aunque los mercados financieros de Brasil han sorteado la crisis hasta ahora, eso podría cambiar si surgen nuevas acusaciones que involucren al círculo interno de Rousseff o si miembros descontentos dentro del Congreso tratan de sabotear sus políticas económicas, como han amenazado públicamente algunos.

"Se asume que la economía de Brasil estará bien mientras los políticos no la ensucien", dijo Charles Lieberman, jefe de inversión de Advisors Capital Management, una firma de administración de dinero con sede en Nueva Jersey. "Pero estamos observando muy de cerca al Gobierno", añadió".

La caída podría tomar varias formas.

Henrique Eduardo Alves, un importante legislador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), perteneciente a la coalición gobernante, amenazó este mes con "protestas" no especificadas hasta que el Congreso reciba más "respeto".

A funcionarios cercanos a Rousseff también les preocupaba que legisladores de su propia coalición puedan retrasar su reforma económica o aprobar nuevos proyectos de ley de gastos, complicando la lucha de su Gobierno contra la inflación.

Revuelta abierta en algunos partidos. El punto de partida de la crisis actual fue la decisión de Rousseff poco después de asumir su mandato el 1 de enero de recortar US$30.000 millones del presupuesto del 2011.

Buena parte de la medida cayó sobre los denominados "fondos discrecionales" que son considerados un beneficio sagrado por parte de los miembros del Congreso brasileño.

Los recortes buscaban enfriar la economía y asegurar un "aterrizaje suave" tras un crecimiento del 7,5% en el 2010.

Esa medida ha ayudado a prevenir que la inflación se salga de control, pero también enfureció a partidos de la coalición de Rousseff, que se habían acostumbrado a que les entregaran recursos sin fin, con pocas ataduras, durante la larga bonanza económica de Brasil bajo el Gobierno de su carismático predecesor, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La economía se ha desacelerado más de lo previsto en meses recientes, lo que ha aumentado las tensiones en la medida en que los legisladores luchan por controlar menores recursos.

El PMDB ha reclamado todo el año por los recortes, que líderes del partido dicen que han caído desproporcionadamente sobre ellos.

Algunos funcionarios afirman que la filtración de datos financieros personales que le costaron el puesto al ex jefe de Gabinete Antonio Palocci en junio probablemente fue en represalia por su rol al forzar los recortes presupuestarios.

Rousseff apoyó a Palocci durante semanas hasta que estuvo claro que éste había perdido el apoyo del PMDB y del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Las dos acusaciones más serias del fin de semana fueron que el ministro del Turismo, también del PMDB, había transferido un millón de reales (US$625.000) a una empresa fachada sin un propósito claro y que el ministro de Ciudades ofreció a legisladores dinero a cambio de su apoyo.

Ambos negaron las acusaciones.

Un sondeo divulgado este mes mostró que la popularidad de Rousseff ha caído en parte debido al desgaste del público por los constantes rumores de escándalos.

La propia Rousseff es vista tanto por sus amigos como por sus enemigos como intocable, con un registro inmaculado en sus más de 20 años trabajando en cargos gubernamentales.