Tal como lo indica en sus fundamentos, el proyecto de ley que “Establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional” del Estado de Chile, modifica la Ley Orgánica Constitucional de las fuerzas armadas distinguiendo el financiamiento de las actividades generales, vía la aprobación anual del presupuesto de la nación, del financiamiento de las capacidades estratégicas, provisto a través de un sistema compuesto de un presupuesto de cuatro años y de un Fondo de Contingencia Estratégico.

Esta iniciativa es un paso más en la profunda transformación que los gobiernos de la Concertación comenzaron en el sector de la defensa nacional, logrando una capacidad militar inédita en su historia. La nueva ley del ministerio de Defensa, la constitución del Estado Mayor Conjunto, la reforma a la justicia militar, la propuesta de tropa profesional, la institucionalización de las operaciones de paz y las nuevas responsabilidades internacionales del país, son cambios institucionales que sin el correspondiente financiamiento a la permanente modernización de los sistemas de armas, lo dejarían incompleto. No obstante, el tema es más complejo que el mecanismo financiero que se propone, por lo que se requiere tomar en consideración otros elementos significativos.

Los estudios de actitudes frente a las instituciones armadas indican que su legitimidad y el de su financiamiento en democracia exige un alto grado de  transparencia. Dados los volúmenes involucrados y los públicos casos de corrupción que aun se arrastran, es necesario un análisis permanente de su manejo, una evaluación constante de su ejecución y una estimación acuciosa de posibles ahorros.

Los fondos destinados a defensa se empinan sobre los US$2.740 millones, a lo que se suma el aporte estatal a su previsión de US$1.500 millones y el de Codelco que el último año alcanzó a los US$1.311 millones. Además, existe un fondo de contingencia sobre los US$4.000 millones (en manos de Hacienda), no hay información disponible sobre deudas y las industrias militares (Asmar, Famae y Enaer) no tienen claro su destino. Dado el orden de magnitud de los recursos destinados y manejados por las fuerzas armadas chilenas, estos requieren un escrutinio permanente, no solo de las instituciones estatales correspondientes –incluido el Congreso-, sino que también por la ciudadanía.

Por tales razones, es urgente continuar disminuyendo la autonomía corporativa de las instituciones armadas respecto del poder civil democrático, de manera que estas sean funcionales a la estrategia de proyección internacional del país. Para ello, las iniciativas existentes se deberían vincular a las transformaciones anteriormente implementadas y en vías de implementación constituyéndose en parte de una reforma sistémica del sector. De esta forma se debería avanzar simultáneamente en la reforma a su previsión, salud y bienestar social, así como a los montos y tratamiento de los gastos reservados del ministerio y de las instituciones armadas.

En la medida que en la toma de decisiones en materias de defensa prima lo corporativo, es necesario que la autoridad del Congreso no siga tan lejana a estos centros neurálgicos y que los criterios políticos y técnicos civiles se integren en ellos. Por ejemplo, el Consejo de Inversiones en Defensa (CID) -al que se suma a este proceso la División de Evaluación de Proyectos de la Subsecretaría de Defensa-, recientemente creado por el ministro Allamand, integrado por los subsecretarios de Defensa y de Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor Conjunto (en un rol disminuido) y los comandantes en jefe de cada rama de la defensa, mantiene un negativo cierre corporativo. En este marco dada la sesgada apreciación estratégico-política que lo caracteriza, es necesario que de alguna forma se incluya institucional y permanentemente el criterio de Cancillería.

De acuerdo a lo anterior, este proyecto tiene importantes dimensiones políticas. Por una parte, no hay que volver a caer en la histórica despreocupación civil por la modernización de los sistemas de armas, desatendiendo los temas castrenses, y se debe continuar con el proceso de transformación global del sector. Pero, al mismo tiempo, es preciso aprovechar esta oportunidad para un significativo incremento en la transparencia de los fondos destinados a defensa y la ampliación de las instancias de toma de decisiones incorporando perspectivas políticas y estratégicas civiles.

Con todo, dada la necesaria adecuación final de las fuerzas armadas a la democracia, la seguridad de contar con un horizonte presupuestario de cuatro años debe quedar reducida exclusivamente a la provisión y mantención de los sistemas de armas adquiridos con estos fondos, sin extender abusivamente el concepto de mantención a gastos en personal u otros no directamente relacionados. En este sentido, la norma que el proyecto propone (Articulo 98) de considerar “como gasto de su operación aquel directamente dependiente del estado de alistamiento básico de las fuerzas que decida la autoridad ministerial mediante decreto supremo” abulta desmedidamente el gasto en personal y es redundante con lo estipulado en el articulado anterio.

De la misma forma, el piso mínimo que el proyecto propone de “ser inferior al 70% del monto promedio de la inversión en material bélico y gastos asociados financiados por la ley N°13.196, Reservada del Cobre, y de los gastos directos de su operación y sostenimiento entre los años 2001 y 2010, ambos inclusive”, no tiene sustento estratégico político alguno antes de ser debatida la “Estrategia nacional de seguridad y defensa”. Especial atención deberán poner los parlamentarios al tema de los gastos reservados (Articulo 106), ya que en el pasado estos se prestaron para controvertidas destinaciones.

La seguridad por parte de las fuerzas armadas de contar en estas materias con un horizonte presupuestario de cuatro años para el aprovisionamiento de los sistemas de armas -un privilegio adicional a los existentes-, las obliga a un gran esfuerzo de eficiencia y eficacia en la gestión de estos fondos, los que no solo se justifican en función de la capacidad disuasiva nacional sino también en función de las responsabilidades regionales e internacionales que el país ha logrado por el prestigio internacional alcanzado en estos 20 años.

Es en estas materias que el Congreso deberá poner especial atención para lograr así una verdadera política de Estado respecto a la defensa nacional.