Madrid. El juez Baltasar Garzón testificó este martes en el juicio que se sigue contra él en el Tribunal Supremo por excederse en su investigación sobre los crímenes del franquismo, pero se negó a contestar a las preguntas de la acusación, después de que la sala decidiese no anular el proceso como pedía la defensa.

Esta es la segunda vez en menos de dos semanas que el magistrado español más internacional se sienta en el banquillo de los acusados, tras el caso de las escuchas en prisión en la trama de corrupción Gürtel, que está pendiente de sentencia.

Sentado ante una pequeña mesa de madera, Garzón dijo a los siete jueces de la sala que familiares de decenas de miles de víctimas del régimen franquista tienen derecho a la justicia a pesar la Ley de Amnistía de 1977, aprobada para facilitar la transición a la democracia en España.

Garzón está acusado de abuso de poder en la investigación de 114.000 desapariciones durante la Guerra Civil y las casi cuatro décadas que duró la dictadura de Franco (1939-1975).

"Describían una eliminación sistemática (de víctimas)... y miles de ellas siguen hoy desaparecidas", dijo Garzón, refiriéndose al caso que asumió en nombre de ciudadanos españoles que pensaban que sus familiares fueron asesinados y arrojados a fosas comunes.

En el proceso, emprendido por acusaciones populares pero no por el Estado, se acusa a Garzón de vulnerar la ley de amnistía. Pero el magistrado alegó que la matanza sistemática del Estado son crímenes contra la humanidad que no se pueden acoger a una amnistía bajo la ley internacional.

Fuera del tribunal, María José González, una jubilada de 66 años, dijo que muchas familias no querían sacar a sus parientes de las cunetas pero que les gustaría saber dónde estaban para poner placas en los sitios.

Mañana empiezan a testificar los testigos en un juicio que se estima que se prolongará dos semanas.

Sociedad dividida. Garzón está imputado en tres casos judiciales que han dividido a la sociedad española. Mientras algunos apoyan los juicios contra él, otros muchos creen que son un intento de apartar de la vida judicial al popular magistrado.

Incluso algunos piensan que con este juicio, iniciado por el sindicato Manos Limpias y la asociación derechista Libertad e Identidad, se intenta impedir la creación de una comisión de la verdad sobre la dictadura de Franco.

Garzón, de 56 años, se enfrenta a hasta 20 años de inhabilitación profesional si es condenado.

Miles de personas se manifestaron el domingo en Madrid en contra de los juicios.

"Estamos perplejos, aterrados, indignados, avergonzados", dijo el poeta Luis García Montero el domingo al término de la concentración .

"Es una vergüenza que en España, que fue pionera en la oposición a los genocidas, representantes del viejo fascismo español hayan sentado en el banquillo al juez que quiso investigar los crímenes del franquismo", dijo.

En el pasado, Garzón fue un juez admirado por todo el espectro político por sus investigaciones sobre ETA y el GAL - la 'guerra sucia' contra el terrorismo ordenada por algunos altos cargos socialistas en los 80 -, pero sin embargo molestó a muchos cuando intentó investigar el franquismo.

El juez se inhibió finalmente de la causa, iniciada en 2008, a favor de tribunales locales de los territorios donde podían estar las fosas comunes.

"El sistema judicial español, aunque tiene un determinado número de jueces liberales, es aún por muchas razones...por decirlo suavemente muy conservadora, si no activamente profranquista", dijo el historiador británico Paul Preston, autor del libro "El holocausto español", a Reuters.

Tercer juicio. Garzón tiene aún un tercer proceso pendiente con la justicia española, conocido como el caso de los cursos de Nueva York, donde se le acusa de haberse beneficiado económicamente del patrocinio del Banco Santander.

El magistrado también ha negado la acusación, al igual que en los otros dos casos, todos ellos presentados por acusaciones particulares y no por la Fiscalía, que pide su absolución. No obstante, Garzón ha dicho que su carrera en la Audiencia Nacional está arruinada aunque sea absuelto.

Garzón trabaja ahora como asesor para la Organización de Estados Americanos en Colombia después de haber pasado un tiempo en la Corte Penal Internacional.

En un sondeo publicado en la primavera de 2010 cuando se conoció que Garzón iba a ser juzgado, el 65% de los españoles preguntados por la encuestadora Metroscopia dijo que el sistema judicial español estaba politizado mientras que un 61 por ciento creía que Garzón estaba siendo perseguido.