Madrid. España vive este martes una jornada de huelga de empleados públicos que podría ser el primer paso de un paro general en contestación a los recortes sociales efectuados recientemente por el gobierno para reducir el creciente déficit del país.

Según el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), uno de los mayores del país, el seguimiento de la huelga asciende a 75%, aunque los datos oficiales publicados por el gobierno cifran la participación en el 11%.

"Estamos realmente satisfechos de cómo está discurriendo, sobre todo en las administraciones públicas, en servicios directos a la ciudadanía, en limpieza...", dijo Ignacio Fernández Toxo en una entrevista con la Cadena SER.

Un total de 2,6 millones de funcionarios de todas las administraciones estaban llamados a la huelga.

El gobierno español, del Partido Socialista, aprobó hace pocas semanas por un solo voto un paquete de medidas de recorte de costes para reducir su creciente déficit público con el que pretende ahorrar unos 15.000 millones de euros.

En este paquete se contempla una reducción de salarios de los funcionarios que ha sido el detonante para las movilizaciones, además de la congelación de las pensiones entre otras medidas.

La movilización del viernes incluyó los tradicionales piquetes de sindicalistas a primera hora de la mañana, tratando de persuadir a quienes querían acceder a su puesto de trabajo para que se sumen a las movilizaciones.

A mediodía se había convocado frente a la céntrica sede del Ministerio de Economía una concentración en la que han participado en su mayoría delegados sindicales y los principales líderes de las secciones de función pública de los grandes sindicatos. Además, se espera una gran manifestación a partir de las 1630 GMT en el centro de Madrid.

Primera movilización. La huelga de funcionarios es la primera gran movilización sindical tras la aprobación del plan de austeridad, y podría desembocar en una huelga general que ya prepara el sindicato Comisiones Obreras.

"Sea quien sea el gobierno, los sindicatos no pararán hasta restituir el salario, porque el gobierno ha despreciado el trabajo de miles de personas", dijo a los periodistas Julio Lacuerda, de la rama de empleo público del sindicato Unión General de Trabajadores.

"Perderé unos 100 mensuales euros, pero yo no puedo dejar de atender a los pacientes en mi servicio ni trasladar a mi rendimiento esa reducción de salario", dijo María Ángeles, trabajadora de servicios sanitarios, en la concentración.

Sin embargo, el de los recortes sociales no es el único frente abierto por el gobierno, que se ve acuciado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para aprobar una esperada reforma laboral. El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ya ha dicho que será el próximo 16 de junio con o sin acuerdo entre los agentes sociales.

Esto podría ser el detonante de la convocatoria de huelga general después de meses en los que sindicatos, empresarios y el Ministerio de Trabajo llevan negociando sin éxito los términos de la reforma.

"Yo quiero confiar en que hasta el último minuto se puede llegar a un acuerdo (...). La reforma laboral no es la más prioritaria para el país", dijo el martes el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, en una entrevista en la Cadena Ser.

En una comparecencia reciente, los líderes sindicales anticiparon la convocatoria de huelga general en caso de que la reforma sea considerada "lesiva" para los trabajadores.

"Es seguro que habrá huelga general, pero el seguimiento será bajo porque el descuento que hacen en la nómina es grande", dijo Rosa, funcionaria de Sanidad, durante la manifestación. Ella espera que la merma en su próxima nómina sea de unos 300 euros con los recortes.

El déficit público español se ha visto disparado por el creciente desempleo, que ha supuesto la pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y sus consecuencias sobre la construcción, motor de la economía española en época del boom especulativo inmobiliario.