Si bien Baltasar Garzón fue suspendido de su cargo, la sala segunda del alto tribunal señaló que “no se han adoptado en ninguna de las causas medidas cautelares que impidan la residencia fuera de España del magistrado”.

Madrid. El Tribunal Supremo español y la Fiscalía de la misma corte han remitido sendos informes al Consejo General del Poder Judicial en los que permiten que el magistrado suspendido de la Audiencia Nacional pueda aceptar un puesto como asesor en el Tribunal Penal Internacional.

Baltasar Garzón fue suspendido temporalmente la semana pasada de su puesto como juez instructor de la Audiencia Nacional tras abrirse en el Tribunal Supremo un proceso en su contra por presunta prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo, sabiendo que no tenía competencia para hacerlo.

Un día antes de que se ordenara la apertura de juicio oral, Garzón solicitó ir en comisión de servicios especiales al TPI en calidad de asesor e investigador de crímenes masivos, tras una oferta del fiscal general de la corte con sede en La Haya, Luis Moreno Ocampo.

La Comisión Permanente del CGPJ decidió por unanimidad retrasar la resolución sobre el traslado al TPI a la espera de estos informes y hasta conocer si el fiscal general del TPI mantiene la oferta al magistrado y si el contrato implicaría alguna inmunidad procesal.

"La Sala Segunda del TS informa que no se han adoptado en ninguna de las causas citadas medidas cautelares que impidan la residencia fuera de España del mencionado magistrado", dice el escueto comunicado del Alto Tribunal.

Además de la causa del franquismo, Garzón tiene abiertas otras dos en el Tribunal Supremo: una por los ingresos que percibió durante una estancia docente en Nueva York y otra por ordenar escuchar las conversaciones entre los abogados de la trama de corrupción Gürtel y sus clientes encarcelados.

La Fiscalía, que ha solicitado que se archive el caso del franquismo contra Garzón al considerar que no hay delito, también se pronunció a favor del traslado a La Haya.

La suspensión del juez ha sido vista en los ámbitos progresistas como un triunfo de la ultraderecha, cuyos crímenes trataba de investigar Garzón, un juez que ha instruido en España numerosas causas de terrorismo y crímenes contra la humanidad.

La decisión de procesar a Garzón ha levantado polémica en la sociedad española y ha llegado también al extranjero, donde se han sucedido los apoyos a un magistrado que alcanzó notoriedad internacional por intentar sentar en el banquillo al ex dictador chileno Augusto Pinochet.

Garzón siempre ha defendido su inocencia y ha acusado de no ser imparcial al juez Luciano Varela, que ha sido el instructor del caso en el Supremo y ordenó el pasado miércoles la apertura del juicio oral en su contra.