Madrid. La Audiencia Nacional archivó el miércoles una querella contra seis personas, entre ellas un ex fiscal general estadounidense, que supuestamente habrían asesorado a Washington en la creación de la prisión en la base militar en la bahía de Guantánamo, en Cuba, porque el caso ya se está investigando en Estados Unidos.

El proceso, iniciado hace dos años a raíz de una demanda de la asociación Pro Dignidad de los presos y presas de España, ha quedado cerrado a raíz de que Estados Unidos respondiera afirmativamente a una comisión rogatoria española en la que se le preguntaba si los hechos estaban siendo investigados o perseguidos por las autoridades de ese país.

Los querellados son Alberto R. Gonzales - principal asesor legal de la Casa Blanca hasta 2005, cuando pasó a ser fiscal general de Estados Unidos - y los miembros de la Administración de George W. Bush David Addington, William J. Haynes, Douglas Feith, Jay S.Bybee y John Yoo.

El auto judicial del juez Eloy Velasco se da por satisfecho con la respuesta de Estados Unidos y además ha tenido en cuenta que los seis querellados no se encuentran en España y que apenas se ha acreditado la "españolidad" de dos de los prisioneros que se encuentran en el penal.

El magistrado ha decidido trasladar al departamento de Justicia de Estados Unidos una copia de la documentación que obra en su poder ante el carácter preferente de la jurisdicción de Estados Unidos.

España tiene abierta otra causa por los malos tratos al preso marroquí Lahcen Ikassrien, cuyo arraigo español ha avalado que la Audiencia Nacional se haya declarado competente para investigar el caso.

El presidente estadounidense, Barack Obama, se ha topado con una fuerte oposición política en sus esfuerzos para cerrar la prisión para sospechosos de terrorismo, una promesa que hizo en la campaña electoral de 2008.

Obama ha descrito la instalación de Guantánamo, creada por Bush, su predecesor, como un símbolo de reclutamiento para grupos antiestadounidenses y ha dicho que las acusaciones de malos tratos a los presos retenidos allí han manchado la reputación del país.

La prisión aún tiene 172 prisioneros, frente a los 245 que había cuando Obama asumió el cargo en enero de 2009.