Madrid. El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, aseguró este miércoles que España no ha recibido aún la petición de la juez argentina María Sevini para que 20 acusados por la causa de crímenes franquistas, entre ellos dos ex ministros, sean extraditados a su país para ser juzgados.

Catalá respondió así en el Congreso a un diputado que le interrogó sobre el asunto.

La semana pasada, la sección argentina de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) pidió la detención preventiva de esos 20 acusados dentro del procedimiento que instruye Servini.

Pero Interpol bloqueó esas órdenes de detención, a petición de España, por lo que no están vigentes ya, por lo que la única opción para la jueza argentina es trasladar al gobierno español una solicitud formal de extradición por parte de Argentina.

El titular de Justicia defendió que el gobierno "no ha hecho otra cosa en este caso que aplicar los procedimientos establecidos" y que ha sido la secretaría general de Interpol quien ha estimado bloquear esas órdenes de detención.

Sobre la posibilidad de que la jueza argentina pida la extradición de esas personas, Catalá dejó claro que de momento no se ha recibido ninguna solicitud y que, en el caso de que llegue, "se estudiará en lo que se convenga oportuno".

La jueza María Servini solicitó el pasado 12 de noviembre la detención preventiva con fines de extradición de veinte acusados por la justicia de ese país en la causa que se sigue por los crímenes cometidos durante la dictadura franquista en España (1939-1976).

Entre los implicados se encuentran Rodolfo Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales (1975-1976), por sus responsabilidades en la muerte, en marzo de 1976, de cinco trabajadores en una acción policial.

Otro de los implicados es José Utrera Molina, ministro secretario general del Movimiento (1974-1975), el partido único durante el franquismo, al que se le responsabiliza de la pena de muerte aplicada al anarquista Salvador Puig Antich, último ajusticiado con garrote vil en España (1974).

La causa fue abierta en Buenos Aires en 2010 en virtud del principio de justicia universal y muchas víctimas del franquismo se han unido a esta querella.