“El contenido de la propuesta es, a nuestro juicio, sumamente inconveniente pues anula o limita gravemente la capacidad de actuación de los gobiernos con políticas fiscales adecuadas a las diferentes fases del ciclo económico” dice la carta que los dos mayores sindicatos españoles enviaron al parlamento.

La situación actual de la cuarta mayor economía de la eurozona es un campo de batalla donde partidos de izquierda y derecha pelean por mismo objetivos con distintas medidas. Ante la urgencia del Banco Central Europeo, cuando en agosto de este año España estaba a punto de entrar en default, se enviaron medidas para cumplir en el corto plazo. Entre ellas se exigía una reforma drástica del déficit y promover la imposición de un techo de gasto que obligara al gobierno alcanzar un déficit presupuestario cero.

Angela Mérkel ya lo hizo. La regla de oro alemana limita al 0,35% del PIB el déficit permitido para cada año y se aplicará a partir de 2015. Nicolás Sarkozy, que ya ha mandado una propuesta de reforma constitucional al Parlamento francés, aboga por una redacción menos estricta.

El presidente español José Luis Rodríguez Zapatero parece haberse puesto las pilas en la recta final de su legislatura. La nueva reforma de la constitución, que entrará en vigor en el 2020, incluye el artículo 135 sobre el principio de la estabilidad presupuestaria establece el déficit cero:, “vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución y reforzando el compromiso de España con la Unión Europea”.

El profesor Juan Torres López, catedrático de economía de la Universidad de Sevilla, tiene una visión muy negativa de la reforma: “Es una imposición del Banco Central Europeo que somete a un gobierno, como si fuera un alumno díscolo, para dominarlo y que hunda la cabeza” dice. “Las medidas que se imponen son muy lesivas y nos hacen depender de mercados de especuladores”.

Por el contrario, Ignacio Uriarte, diputado del Congreso y ex presidente de Nuevas Generaciones del partido Popular sostiene que “fijar un techo de gasto a es una medida de control para los propios políticos”.

La recepción positiva de la agencia de calificación Moody's parece darle la razón a ambos. "Consideraremos la regla fiscal constitucional como un factor en nuestra revisión", señaló la agencia en un comunicado reciente. Cabe recordar que a finales de julio Moody’s anunció la posible rebaja calificación de la solvencia del país. Hoy la nota está en Aa2.

“Lo más dañino del acuerdo es que, en el punto 3, se establece que los créditos de la deuda del estado son prioritarios a cualquier otro y no se pueden modificar”, dice Torres López. “Esto quiere decir que la prioridad la tienen financieros especuladores extranjeros que hayan adquirido deuda. Se antepone al pago de la sanidad o la educación. Es una violación del principio de soberanía de los gobiernos”. Por el contrario, Uriarte sostiene que “no afectará a recortes sociales porque el dinero público se destinará a donde se tiene q destinar, más eficaz y eficientemente”.

Para Cristián Cerna, director de Alta Dirección, compañía de análisis financiero con sede en Chile. La medida “aboga por evitar una fuga de capitales, crear una imagen de seriedad para que el dinero se quede en el país y promover un mayor consumo”.

Ha llegado carta. Ahora bien, ¿por qué esperar las próximas elecciones, (el 20 de noviembre) para tomar medidas que se vienen hablando desde casi hace un año? El líder de la oposición, Mariano Rajoy ya habló de una reforma presupuestaria en el Congreso hace un año y medio. Las exigencias del Banco Central Europeo comenzaron a ser más fuertes en agosto con el gobierno español e italiano, los dos en situaciones críticas al no poder colocar su deuda pública en los mercados. Una carta, dirigida al presidente Zapatero y a Berlusconi, pareció ser el detonante de la urgencia y los métodos no precisamente transparentes con que se llevó a cabo la reforma, que de consenso entre los partidos mayoritarios no fue plebiscitada.

Según un diputado del PP que prefiere no revelar su nombre, en el texto el BCE se comprometía a comprar la deuda de ambos países a cambio de medidas drásticas: quitar el 50% del funcionariado público, aprobar el copago sanitario y el despido libre (actualmente España tiene las tasas más altas de despido).

Berlusconi cedió: mostró la carta en el congreso y tomó las medidas necesarias, instauró un alcalde por cada 3 ayuntamientos y quitó municipios, entre otras cosas. Zapatero no. En el diario de sesiones del congreso español se puede ver cómo el presidente de la oposición pide en 3 ocasiones que se muestre esta carta.

“Zapatero ha empezado con lo más fácil, la reforma, ya ha hecho un amago de despido libre a través de los contratos temporales. Pero se está lavando las manos porque sabe que llegan elecciones”, dice el diputado del PP. “Está estirando al límite para no tener que hacerse responsable y pasar el relevo, de ahí el adelanto de las elecciones”.

Así las cosas, España va a par por años duros. “Tendremos tasas de crecimiento por debajo incluso de las tasas necesarias para hacer frente al altísimo nivel de desempleo”, dice José Luis Curbelo, director de Orkestra, un instituto dedicado al análisis y mejora de la competitividad en el Pais Vasco. “Este crecimiento lento, puede significar una mayor agresividad en las empresas españolas que van a tener buscar mercados exteriores como alternativa estratégicas”.

Para Uriarte, el problema radica en que España no cuenta con un tejido productivo y es, por el contario, una economía de bienes y servicios, con hoteles fantásticos, campos de golf increíbles y playas maravillosas. “Tenemos que alcanzar un nivel productivo que nos diferencie y genere un material exportador”, dice. “Pero, ante todo, recuperar la confianza perdida por parte de los inversores”.

Para el analista chileno Cristián Cerna podría ser demasiado tarde: “Existe un 30% de probabilidades de que Europa entre en default completo y la zona euro desaparezca”, dice. Un escenario que arrastrará a América Latina debido al elevadísimo porcentaje de bancos europeos que financian proyectos en la región.

“Las exportaciones de América Latina a España se verán deprimidas, porque el mercado español será menos dinámico” dice Curbelo. En contraposición, España podría convertirse en la puerta de entrada para futuras inversiones latinoamericanas, “las empresas españolas van a tener que seguir vendiendo fuera, pero esta vez como necesidad, ya que el mercado europeo está saturado. América Latina se convertirá en un mercado estratégico, no ya complementario”, dice el economista vasco.

Una prueba de ello es la reestructuración que realizó recientemente Telefónica. Las operaciones españoles ahora son parte de Europa, y América Latina, en cambio, una división por sí sola, parte fundamental del negocio de la multinacional.