La nueva administración del presidente Enrique Peña Nieto abordó de manera frontal el tema de la corrupción y, por ello, decidió la desaparición de las Secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública. Esta última dejará de existir cuando se apruebe la Comisión Nacional Anticorrupción.
México, Xinhua. Los legisladores en el Senado de México buscan alcanzar consensos y encontrar coincidencias en sus propuestas para la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción.
La nueva administración del presidente Enrique Peña Nieto abordó de manera frontal el tema de la corrupción y, por ello, decidió la desaparición de las Secretarías de Seguridad Pública y de la Función Pública. Esta última dejará de existir cuando se apruebe la Comisión Nacional Anticorrupción.
Se prevé que el dictamen que dará paso a la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción será aprobado en el siguiente período de sesiones del Senado, que comenzará en septiembre.
Por ejemplo, las iniciativas de los tres principales partidos políticos coinciden en que se deberá tener un organismo autónomo con facultades para perseguir los delitos de corrupción de funcionarios públicos y no sólo coadyuvar dando aviso al Ministerio Público.
El senador por el conservador Partido Acción Nacional, Daniel Avila Ruiz, dijo que las propuestas de los partidos van a fortalecer a la Comisión y la harán más efectiva que la iniciativa que se se presentó originalmente al Congreso.
"Una Comisión sin dientes quedaría limitada en sus alcances, como lo estuvo la Secretaría de la Función Pública", dijo Avila Ruiz.
Muchas instituciones. México tiene más de tres décadas luchando contra la corrupción mediante la creación de diversas instancias pero con pocos resultados.
En 1982, el entonces presidente Miguel de la Madrid llamó a la "renovación moral de la sociedad" y creó ese mismo año la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública de la Federación (Secodam).
En 1998 se fundó la Auditoría Superior de la Federación en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda.
En 2000 se creó la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal.
Dos años después, la Secodam se convirtió en la Secretaría de la Función Pública, y el mismo año entró en vigor la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. También en ese año se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
En 2004 se estableció la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal, dentro de la estructura de la Procuraduría General de la República (PGR).
Más recientemente, en 2011, fue sancionada la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita conocida como Ley contra el Lavado de Dinero.
Sociedad civil, la clave. El investigador del Instituto Tecnológico de Monterrey, José Fernández Santillán, indicó que los senadores del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) habrían señalado que las medidas establecidas para combatir la corrupción no han tenido éxito porque no se ha involucrado a la sociedad civil.
También resaltó que el sistema de sanciones fue presa de un conflicto de intereses y los órganos encargados de imponer sanciones no gozaron de la autonomía respecto de los sujetos fiscalizados.
La designación de los comisionados no debe recaer en el Ejecutivo, porque perdería la autonomía que se le quiere ofrecer, opinó Avila Ruiz, quien expresó que "es importante que la Dirección de la Comisión sea un órgano colegiado".
Otro punto que será abordado es el relativo a que podrían crearse órganos autónomos en los 31 estados del país y el Distrito Federal, y se expida una Ley General en materia de Prevención y Combate a la Corrupción.
"En ella se pueden establecer los estándares mínimos que deberían observar las leyes estatales y el Distrito Federal, así como la ley federal correspondiente con objeto de crear un efectivo sistema nacional anticorrupción", apuntó Avila Ruiz.
El legislador indicó que la ley general en la materia deberá definir las comisiones y facultades, esto es, la capacidad para iniciar procedimientos administrativos y penales ante tribunales especializados, principalmente investigaciones para prevenir los actos de corrupción.
La Comisión puede otorgar la capacidad a la institución para acceder al secreto fiscal bancario o fiduciario a fin de tener la posibilidad de realizar investigaciones a fondo.
Avila Ruiz, senador por el estado de Yucatán (este), agregó que de no lograr una efectiva Comisión Anticorrupción, los costos serían la inseguridad y el desánimo, y la gente seguiría resintiendo de manera gradual la destrucción de la vida institucional y el desprecio por el marco de la legalidad.
En tanto, la senadora del Partido Acción Nacional (derecha), Gabriela Cuevas, señaló que la corrupción existe en todos los países, grandes y pequeños.
Además comentó que la corrupción es un delito "que socava la democracia y el estado de derecho, menoscaba la calidad de vida, impacta en los mercados y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas".
Cuevas sugirió penalizar los actos de peculado, prohibir a los gobiernos el ingreso de funcionarios corruptos, congelar y recuperar los bienes adquiridos por probadas acciones de corrupción y revisar la implementación de leyes de finanzas.
Altos costos. La corrupción en México ha tenido un costo muy alto no sólo por cuestiones de imagen al país. También genera enormes costos en su combate.
Según cálculos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la corrupción cuesta al país unos 1,5 billones de pesos (unos US$121.457 millones), es decir, la décima parte de lo que México produce.
En cuanto a imagen, de acuerdo con el Indice de Percepción de la Corrupción de 2011, el cual es elaborado anualmente por Transparencia Internacional, México ocupa el lugar número 100 entre 183 países con una calificación de 3.
En 2001, en ese mismo Indice, el país ocupó el sitio 51 con una calificación de 3,7 en donde 0 es la mayor participación de corrupción y 10 la menor.
