Washington. Arizona pidió este miércoles a la Corte Suprema de Estados Unidos que escuche su apelación y revoque un fallo que suspendió partes clave de la dura ley del estado para tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes ilegales.

La ley, firmada por la gobernadora republicana Jan Brewer en abril de 2010, exige a la policía que verifique el estado inmigratorio de cualquier persona detenida y sospechosa de estar en el país ilegalmente.

Un juez federal bloqueó esta disposición y otras partes clave justo antes de que la ley entrase en vigor en julio del 2010. Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó ese fallo, lo que provocó la apelación del estado ante la Corte Suprema.

Otras disposiciones suspendidas exigen que los inmigrantes lleven consigo sus documentos en todo momento y prohíbe a las personas sin los documentos adecuados el solicitar trabajo en lugares públicos.

"Tengo la esperanza de que la Corte Suprema de Estados Unidos elija tomar este caso y brindar la muy necesaria claridad para estados como Arizona que están luchando con importantes costos financieros y humanos de la inmigración ilegal", dijo Brewer en un comunicado.

La administración Obama había demandado, apelando contra esa ley porque sostiene que interfiere de forma inadecuada con el sistema de inmigración federal. El juez y la corte de apelaciones estuvieron de acuerdo.

Cerca de 11 millones de ilegales. Se cree que cerca de 11 millones de inmigrantes ilegales viven en Estados Unidos. La inmigración se ha vuelto un tema importante en estados como Arizona, que limita con México.

Los opositores a la ley, entre ellos el presidente Barack Obama, muchos demócratas y grupos de derechos civiles, han dicho que hostiga a los hispano-estadounidenses. Pero sus partidarios han dicho que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para detener el flujo de inmigrantes ilegales hacia el país.

Obama ha apoyado una reforma integral de las leyes de inmigración, pero esa legislación no ha avanzado en el Congreso.

Brewer anunció en mayo que el estado apelaría ante la Corte Suprema y la apelación de 41 páginas fue presentada el miércoles.

El ex fiscal del gobierno de Bush, Paul Clement, dijo en la apelación que el caso se refería a "una cuestión de urgente importancia".

"Es un hecho ampliamente reconocido que las leyes federales de inmigración no se aplican adecuadamente", escribió. "Este sistema que no funciona lleva al pueblo y al gobierno de Arizona a soportar una parte desproporcionada de la carga de un problema nacional", agregó.

La Corte Suprema de Justicia decidirá si da lugar al caso durante su próximo período, que comienza en octubre.